III.2. La participación del sector privado y del Tercer Sector en los servicios sociales. La dirección de los poderes públicos. La financiación de los servicios y prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la c
oyuntura actual no resulta posible la c
reación de empleo público que diera satisfacción a las demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos sociales, así c
omo la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente abordar las c
uestiones señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes. Pertenecen al ámbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios referidos o, en el c
aso de que sean prestados directamente por las administraciones públicas, el modo de financiarlos: mediante un aumento de los impuestos o por medio del c
obro de tasas o de precios públicos. El Ararteko no debe formular propuestas que incidan en ese ámbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, así c
omo la garantía de los derechos de los trabajadores y de unas c
ondiciones de trabajo dignas traen c
onsigo obligaciones para los poderes públicos. Aunque en la c
onstrucción de infraestructuras ligadas a los servicios públicos o a los recursos sociales (carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, c
entros de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y aunque la gestión de los servicios derivados o asociados a las c
itadas infraestructuras sea encomendada a entidades privadas, los poderes y administraciones públicas han de asumir y ejercer c
on todas las c
onsecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus c
ondiciones, las potestades de inspección y de c
ontrol y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está abriendo paso un nuevo c
oncepto: el c
uarto sector, para referirse a aquellas empresas privadas que tienen fines sociales. C
onfiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el C
uarto Sector suponga un salto c
ualitativo c
on respecto al c
lásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las empresas que trabajan en el c
ampo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a la búsqueda del beneficio la asunción de c
ompromisos para c
on los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más allá de los c
ódigos de la llamada responsabilidad social c
orporativa.
En c
ualquier c
aso, un sector que debería c
ontar c
on el apoyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos c
omo europeos, en el Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades de este sector que trabajan en el ámbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas c
uentan c
on personal laboral c
ontratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada en tareas de voluntariado social. Según datos del C
onsejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe extraordinario del Ararteko “Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social”, publicado en junio de 2008, el sector no lucrativo de acción social de la C
APV estaría c
ompuesto por 1.569 entidades, a las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores activos que c
ualquier sociedad tiene porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, además, c
on los fundamentos del Estado social o de bienestar, que se basa, c
omo es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna a todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la c
ompetencia desleal de las empresas para c
on las organizaciones sociales y han de dotar a estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. Asimismo, en c
onsonancia c
on las c
onclusiones y recomendaciones c
ontenidas en el informe del Ararteko mencionado anteriormente, entendemos que también c
orresponde a los poderes y administraciones públicas velar por la c
alidad de los servicios que prestan estas organizaciones así c
omo por las c
ondiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos aportar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo c
ual nos lleva a afirmar c
on determinación que es deseable, necesario y posible la ampliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho c
on el doble objetivo de mejorar la c
alidad de nuestra democracia y de c
rear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos empleos relacionados c
on la ampliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público c
omo si se impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello, debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras c
on el objeto de invertir en desarrollo e innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente c
ompatible reducir los déficits y las deudas públicas c
on la habilitación de fondos de inversión destinadas a dar un fuerte impulso al Estado social en Europa (a través del Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos ad hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de herramientas o vehículos financieros de nuevo c
uño).
Es c
onstatable que los servicios y prestaciones que c
onstituyen el c
ontenido del Estado social o Estado de bienestar están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La c
ausa de ello es el decremento del gasto público, que también está afectando al gasto social.
Ahora bien, a las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de c
ambios estructurales que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a la estructura poblacional, que c
onllevan la necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A problemas c
oyunturales por todos c
onocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser abordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente c
ompleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Debemos ser c
onscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o c
uando menos que sufra una merma c
onsiderable y que la c
risis dé lugar a una redefinición o replanteamiento de dicho Estado social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta actualmente.