III.2. La participación del sector privado y del Tercer Sector en los servicios sociales. La dirección de los poderes públicos. La financiación de los servicios y prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la coyuntura actual no resulta posible la creación de empleo público que diera satisfacción a las demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos sociales, así como la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente abordar las cuestiones señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes. Pertenecen al ámbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios referidos o, en el caso de que sean prestados directamente por las administraciones públicas, el modo de financiarlos: mediante un aumento de los impuestos o por medio del cobro de tasas o de precios públicos. El Ar
arteko no debe formular propuestas que incidan en ese ámbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, así como la garantía de los derechos de los trabajadores y de unas condiciones de trabajo dignas traen consigo obligaciones para los poderes públicos. Aunque en la construcción de infraestructuras ligadas a los servicios públicos o a los recursos sociales (carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, centros de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y aunque la gestión de los servicios derivados o asociados a las citadas infraestructuras sea encomendada a entidades privadas, los poderes y administraciones públicas han de asumir y ejercer con todas las consecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus condiciones, las potestades de inspección y de control y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está abriendo paso un nuevo concepto: el cuarto sector, para referirse a aquellas empresas privadas que tienen fines sociales. Confiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el Cuarto Sector suponga un salto cualitativo con respecto al clásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las empresas que trabajan en el campo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a la búsqueda del beneficio la asunción de compromisos para con los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más allá de los códigos de la llamada responsabilidad social corporativa.
En cualquier caso, un sector que debería contar con el apoyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos como europeos, en el Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades de este sector que trabajan en el ámbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas cuentan con personal laboral contratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada en tareas de voluntariado social. Según datos del Consejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe extraordinario del Ar
arteko “Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social”, publicado en junio de 2008, el sector no lucrativo de acción social de la CAPV estaría compuesto por 1.569 entidades, a las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores activos que cualquier sociedad tiene porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, además, con los fundamentos del Estado social o de bienestar, que se basa, como es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna a todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la competencia desleal de las empresas para con las organizaciones sociales y han de dotar a estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. Asimismo, en consonancia con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Ar
arteko mencionado anteriormente, entendemos que también corresponde a los poderes y administraciones públicas velar por la calidad de los servicios que prestan estas organizaciones así como por las condiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos aportar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo cual nos lleva a afirmar con determinación que es deseable, necesario y posible la ampliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho con el doble objetivo de mejorar la calidad de nuestra democracia y de crear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos empleos relacionados con la ampliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público como si se impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello, debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras con el objeto de invertir en desarrollo e innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente compatible reducir los déficits y las deudas públicas con la habilitación de fondos de inversión destinadas a dar un fuerte impulso al Estado social en Europa (a través del Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos ad hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de herramientas o vehículos financieros de nuevo cuño).
Es constatable que los servicios y prestaciones que constituyen el contenido del Estado social o Estado de bienestar están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La causa de ello es el decremento del gasto público, que también está afectando al gasto social.
Ahora bien, a las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de cambios estructurales que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a la estructura poblacional, que conllevan la necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A problemas coyunturales por todos conocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser abordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente compleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Debemos ser conscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o cuando menos que sufra una merma considerable y que la crisis dé lugar a una redefinición o replanteamiento de dicho Estado social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta actualmente.