La c
risis financiera está afectando gravemente a las c
uentas públicas de las administraciones públicas, que se ven obligadas a reducir sus presupuestos y, en c
onsecuencia, a recortar el gasto público y el gasto social. A su vez, la c
risis financiera ha afectado a la economía productiva, que se halla en la mayoría de los países europeos en un estado de estancamiento o de recesión, lo c
ual genera una disminución de los ingresos fiscales. El c
umplimiento del déficit del 3% en 2013 y de un c
asi 0% en 2020 por imperativo de las autoridades europeas en un c
ontexto de no c
recimiento económico c
omo el que auguran los expertos económicos está c
onduciendo a un notable adelgazamiento del sector público, que trae y traerá c
onsigo despidos de empleados públicos, eliminación o privatización de organismos y servicios públicos así c
omo el deterioro de la c
alidad de los servicios públicos.
La situación está afectando, c
omo es bien sabido, al empleo. Está c
reciendo de manera alarmante el paro, así c
omo las situaciones personales y familiares que se encuentran en el límite de la pobreza y de la exclusión social, c
uando no por debajo de los umbrales ligados a las necesidades de una vida digna. No se avizoran, por otra parte, en el horizonte próximo posibilidades de c
reación de empleo, al menos en proporciones significativas, de empleo en los sectores tradicionales de la economía c
omo la agricultura, la c
onstrucción, la industria, o el turismo, pero tampoco en los sectores económicos más nuevos c
omo las telecomunicaciones o las TIC, los transportes o los servicios financieros (la reestructuración del sector financiero, según una c
rónica de María Jesús Pérez del 2 de abril del presente año, se c
alcula que supondrá en España 30.000 empleos menos; la multinacional Sony plantea reducir, en el c
urso de este año, su plantilla en un 6%, lo c
ual suponen 10.000 puestos de trabajo; el presidente de Telefónica de España, una de las empresas más rentables, anunció el año pasado un plan para reducir su plantilla en España un 20%, 6.400 puestos de trabajo).
El impulso a la demanda interna, mediante políticas fiscales eficaces, podría generar el aumento de las ventas en el c
omercio y por tanto un aumento del empleo en dicho sector.
Ahora bien, diversos estudios nos indican la necesidad, a medio plazo, de que en Europa se c
reen millones de puestos de trabajo para que la población activa tenga la entidad suficiente que permita la sostenibilidad del Estado social.
III.1. Los yacimientos de empleo principales están en los servicios sociales
Los yacimientos principales de empleo, según los expertos, se hallan en buena medida en Europa en el amplio c
ampo de los servicios sociales, es decir en los servicios de asistencia a las necesidades ligadas al mantenimiento del Estado social o de bienestar, o lo que es lo mismo a las necesidades de las personas que precisan de prestaciones o ayudas para garantizarles sus derechos fundamentales a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la igualdad.
El Estado social y los derechos sociales tienen por delante en nuestro país un amplio recorrido hasta alcanzar niveles óptimos. Mencionaremos seguidamente los ámbitos o situaciones que habrían de ser objeto de una ampliación o profundización de las políticas públicas asociadas a los fundamentos del Estado social:
1) Los servicios de asistencia a las personas dependientes, esto es a personas que tienen limitada su autonomía personal (personas c
on discapacidad, personas c
on enfermedades mentales, personas c
on enfermedades c
rónicas, personas c
on enfermedades raras etc.).
2) Asistencia a las personas mayores en general. Se prevé que en 2020 una de c
ada c
uatro personas residentes en Euskadi tendrá más de 65 años; aun c
uando la mayoría de estas personas disfrutarán de una situación de autonomía personal c
asi plena la preservación de su salud y de su c
alidad de vida demandarán la habilitación de recursos de c
arácter socio-sanitario-cultural. La asistencia y atención domiciliaria tiene un amplio desarrollo en el futuro próximo si queremos homologarnos a los países más avanzados.
3) Servicios de c
uidado a niños y niñas de 0 a 3 años para posibilitar la c
onciliación de la vida familiar y laboral y para favorecer el incremento de la natalidad; recursos y servicios para atender debidamente las necesidades de niños, niñas y adolescentes c
on trastornos de c
onducta.
4) Servicios sociales para prever, detectar y atender situaciones de pobreza y de exclusión social y para trabajar en programas de inclusión social.
5) Recursos, programas y desarrollo de planes para trabajar en el ámbito de la igualdad y de la erradicación de actitudes y c
ontravalores sexistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos etc.; recursos para trabajar en la prevención, detección y atención de situaciones de maltrato a mujeres víctimas de violencia de género, a personas mayores víctimas de maltrato, a adolescentes y adultos de orientación homosexual o de identidad transexual, a personas inmigrantes, a personas gitanas, etc.
6) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la educación, sobre todo en lo relativo a la educación especial, a la educación en valores, a los servicios que permitan una mejor c
onciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a la formación de los maestros, maestras y profesores/as, al reforzamiento de los servicios auxiliares, etc.
7) Mejora y aumento de los servicios ligados al derecho a la salud. C
abe mejorar la asistencia domiciliaria a los enfermos c
rónicos, falta por desarrollar los servicios de naturaleza socio-sanitaria, así c
omo los de c
arácter socio-educativo-sanitario.
III.2. La participación del sector privado y del Tercer Sector en los servicios sociales. La dirección de los poderes públicos. La financiación de los servicios y prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la c
oyuntura actual no resulta posible la c
reación de empleo público que diera satisfacción a las demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos sociales, así c
omo la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente abordar las c
uestiones señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes. Pertenecen al ámbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios referidos o, en el c
aso de que sean prestados directamente por las administraciones públicas, el modo de financiarlos: mediante un aumento de los impuestos o por medio del c
obro de tasas o de precios públicos. El Ararteko no debe formular propuestas que incidan en ese ámbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, así c
omo la garantía de los derechos de los trabajadores y de unas c
ondiciones de trabajo dignas traen c
onsigo obligaciones para los poderes públicos. Aunque en la c
onstrucción de infraestructuras ligadas a los servicios públicos o a los recursos sociales (carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, c
entros de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y aunque la gestión de los servicios derivados o asociados a las c
itadas infraestructuras sea encomendada a entidades privadas, los poderes y administraciones públicas han de asumir y ejercer c
on todas las c
onsecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus c
ondiciones, las potestades de inspección y de c
ontrol y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está abriendo paso un nuevo c
oncepto: el c
uarto sector, para referirse a aquellas empresas privadas que tienen fines sociales. C
onfiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el C
uarto Sector suponga un salto c
ualitativo c
on respecto al c
lásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las empresas que trabajan en el c
ampo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a la búsqueda del beneficio la asunción de c
ompromisos para c
on los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más allá de los c
ódigos de la llamada responsabilidad social c
orporativa.
En c
ualquier c
aso, un sector que debería c
ontar c
on el apoyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos c
omo europeos, en el Tercer Sector, que agrupa a las organizaciones sin ánimo de lucro. Las entidades de este sector que trabajan en el ámbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas c
uentan c
on personal laboral c
ontratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada en tareas de voluntariado social. Según datos del C
onsejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe extraordinario del Ararteko “Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social”, publicado en junio de 2008, el sector no lucrativo de acción social de la C
APV estaría c
ompuesto por 1.569 entidades, a las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores activos que c
ualquier sociedad tiene porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, además, c
on los fundamentos del Estado social o de bienestar, que se basa, c
omo es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna a todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la c
ompetencia desleal de las empresas para c
on las organizaciones sociales y han de dotar a estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. Asimismo, en c
onsonancia c
on las c
onclusiones y recomendaciones c
ontenidas en el informe del Ararteko mencionado anteriormente, entendemos que también c
orresponde a los poderes y administraciones públicas velar por la c
alidad de los servicios que prestan estas organizaciones así c
omo por las c
ondiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos aportar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo c
ual nos lleva a afirmar c
on determinación que es deseable, necesario y posible la ampliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho c
on el doble objetivo de mejorar la c
alidad de nuestra democracia y de c
rear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos empleos relacionados c
on la ampliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público c
omo si se impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello, debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras c
on el objeto de invertir en desarrollo e innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente c
ompatible reducir los déficits y las deudas públicas c
on la habilitación de fondos de inversión destinadas a dar un fuerte impulso al Estado social en Europa (a través del Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos ad hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de herramientas o vehículos financieros de nuevo c
uño).
Es c
onstatable que los servicios y prestaciones que c
onstituyen el c
ontenido del Estado social o Estado de bienestar están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La c
ausa de ello es el decremento del gasto público, que también está afectando al gasto social.
Ahora bien, a las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de c
ambios estructurales que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a la estructura poblacional, que c
onllevan la necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A problemas c
oyunturales por todos c
onocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser abordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente c
ompleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Debemos ser c
onscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o c
uando menos que sufra una merma c
onsiderable y que la c
risis dé lugar a una redefinición o replanteamiento de dicho Estado social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta actualmente.
III.3. Los derechos sociales son derechos humanos
El Estado social forma parte del ADN de los países que forman la Unión Europea, es algo c
onsustancial al c
ontrato social y a los ordenamientos c
onstitucionales en que se basan los fundamentos de los Estados que c
onforman la Unión. La C
onstitución española de 1978 establece en su preámbulo c
omo primer objetivo de la C
arta Magna “Garantizar la c
onvivencia democrática dentro de la C
onstitución y de las Leyes c
onforme a un orden económico y social justo” y en su artículo primero define a España c
omo un Estado social y democrático de Derecho. En estos principios se fundamentan los pilares que c
onforman el Estado social y los derechos sociales: el derecho a la igualdad real y efectiva (art. 9-2), el derecho de educación (art. 27), el derecho a la protección a la salud (art. 43), el derecho al trabajo (art. 35), así c
omo los derechos laborales (arts. 28, 37, 40, 42), el derecho a las prestaciones derivadas de situaciones de necesidad (desempleo etc.), a través de un sistema público de seguridad social (art. 41), particularmente el derecho de las personas mayores a la suficiencia económica y a percibir pensiones, el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), el derecho de las personas disminuidas físicas, sensoriales o psíquicos a disponer de un sistema de protección que les garantice el ejercicio de los derechos c
onstitucionales.
La C
onstitución también establece el siguiente mandato a los poderes públicos: “Los poderes públicos promoverán las c
ondiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y c
ultural” (art. 48). Una juventud que no tiene, en estos momentos, en una proporción demasiado alta, garantizados ni el derecho al trabajo ni el derecho a la vivienda.
El Ararteko ha hecho público recientemente un estudio titulado “Los derechos humanos c
omo base de las políticas públicas en tiempos de c
risis económica” (incluido en este volumen), en el que reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas. Entendemos que es necesario dotar de significado al c
ompromiso c
on los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos.
Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus c
ompromisos. Partiendo de principios fundamentales c
omo la igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a la reparación, la participación activa y al acceso a la información, el Ararteko presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos: A) La legislación en desarrollo de los derechos fundamentales debe ajustarse a los parámetros más garantistas del Derecho internacional de los derechos humanos; B) Las políticas públicas deben estar encaminadas a garantizar la igualdad, entendida c
omo c
apacidad y autonomía personales y c
omo valor vertebrador de una sociedad democrática; C
) Las políticas y los servicios sociales son instrumentos para la materialización de los derechos socioeconómicos y fuente de c
reación de empleo, prosperidad y c
ohesión social; D) Es necesario c
ontar c
on datos desagregados para evaluar el nivel de acceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los c
olectivos sociales; E) Son los poderes públicos quienes soportan la c
arga de probar, mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos, que los recortes se justifican a la luz del c
onjunto de los derechos socioeconómicos y en plena utilización del máximo de los recursos disponibles; F) Los derechos c
iviles (principalmente, el derecho de reunión y el derecho de asociación) son garantías c
iudadanas del c
umplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los poderes públicos; G) Todas las personas deben c
ontar c
on información detallada y relevante, y tener la posibilidad de participar de manera significativa y en c
ondiciones de igualdad en las decisiones que les afectan.
III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos c
onstitucionales y son derechos humanos. Por c
onsiguiente, existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy c
oncretos en diversas disposiciones c
onstitucionales y en el derecho internacional de los derechos humanos) para que articulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a la dignidad, recogido en el artículo 10 de la C
onstitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, atraviesa, de un modo transversal, todos los derechos y les otorga un c
ontenido mínimo asociado a la vida digna que resulta insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que acometer c
uanto antes. La primera de ellas es articular una arquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social. Este objetivo es factible. Estamos viendo c
ómo ese objetivo se está c
umpliendo en países europeos c
omo Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o Austria, o en países no europeos c
omo C
anadá, bien es c
ierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la sostenibilidad del Estado social. Pero es que, además de posible, el desarrollo del Estado social en países c
on elevados índices de paro c
omo el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la c
reación de muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el c
ontrato social en el que se basa el Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de valores sociales ampliamente c
ompartido basado en la solidaridad y en la c
onfianza en el sistema y en las instituciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales. C
reemos que esos valores se hallan también en c
risis. Es urgente reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la c
onfianza. Es preciso que todos asumamos de buen grado la c
uota de responsabilidad social que nos c
orresponde y, en c
onsecuencia, c
ontribuyamos fiscalmente a las arcas públicas, eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y c
onforme a nuestras necesidades de las prestaciones y servicios sociales. Es preciso y apremiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para c
rear las c
ondiciones que permitan a nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación c
on ello, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes c
on las previsiones a c
orto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta apremiante, en este orden de c
osas, llevar a c
abo una profunda regeneración moral de todo el sistema político-institucional c
on el fin de que la c
iudadanía recupere la c
onfianza en las instituciones (vascas, españolas y europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación c
on las mujeres y hombres que c
onforman la c
omunidad sociopolítica; c
on el fin de que los valores de solidaridad social sean asumidos realmente por la c
iudadanía y en c
onsecuencia esta asuma c
omo algo propio y necesario las aportaciones a las arcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, asimismo, que los representantes políticos c
onsigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los asuntos de la polis sometiendo a los mercados y a sus poderosos lobbies.