La crisis financiera está a
fectando gravemente a
las cuentas públicas de las a
dministraciones públicas, que se ven obligadas a
reducir sus presupuestos y, en consecuencia, a
recortar el gasto público y el gasto social. A
su vez, la crisis financiera ha a
fectado a
la economía productiva, que se halla en la mayoría de los países europeos en un estado de estancamiento o de recesión, lo cual genera una disminución de los ingresos fiscales. El cumplimiento del déficit del 3% en 2013 y de un casi 0% en 2020 por imperativo de las a
utoridades europeas en un contexto de no crecimiento económico como el que a
uguran los expertos económicos está conduciendo a
un notable a
delgazamiento del sector público, que trae y traerá consigo despidos de empleados públicos, eliminación o privatización de organismos y servicios públicos as
í como el deterioro de la calidad de los servicios públicos.
La situación está a
fectando, como es bien sabido, a
l empleo. Está creciendo de manera a
larmante el paro, as
í como las situaciones personales y familiares que se encuentran en el límite de la pobreza y de la exclusión social, cuando no por debajo de los umbrales ligados a
las necesidades de una vida digna. No se a
vizoran, por otra parte, en el horizonte próximo posibilidades de creación de empleo, a
l menos en proporciones significativas, de empleo en los sectores tradicionales de la economía como la a
gricultura, la construcción, la industria, o el turismo, pero tampoco en los sectores económicos más nuevos como las telecomunicaciones o las TIC, los transportes o los servicios financieros (la reestructuración del sector financiero, según una crónica de María Jesús Pérez del 2 de a
bril del presente a
ño, se calcula que supondrá en España 30.000 empleos menos; la multinacional Sony plantea reducir, en el curso de este a
ño, su plantilla en un 6%, lo cual suponen 10.000 puestos de trabajo; el presidente de Telefónica de España, una de las empresas más rentables, a
nunció el a
ño pasado un plan para reducir su plantilla en España un 20%, 6.400 puestos de trabajo).
El impulso a
la demanda interna, mediante políticas fiscales eficaces, podría generar el a
umento de las ventas en el comercio y por tanto un a
umento del empleo en dicho sector.
Ahora bien, diversos estudios nos indican la necesidad, a
medio plazo, de que en Europa se creen millones de puestos de trabajo para que la población a
ctiva tenga la entidad suficiente que permita la sostenibilidad del Estado social.
III.1. Los yacimientos de empleo principales están en los servicios sociales
Los yacimientos principales de empleo, según los expertos, se hallan en buena medida en Europa en el a
mplio campo de los servicios sociales, es decir en los servicios de as
istencia a
las necesidades ligadas a
l mantenimiento del Estado social o de bienestar, o lo que es lo mismo a
las necesidades de las personas que precisan de prestaciones o a
yudas para garantizarles sus derechos fundamentales a
la dignidad, a
l libre desarrollo de la personalidad, a
la salud y a
la igualdad.
El Estado social y los derechos sociales tienen por delante en nuestro país un a
mplio recorrido hasta a
lcanzar niveles óptimos. Mencionaremos seguidamente los á
mbitos o situaciones que habrían de ser objeto de una a
mpliación o profundización de las políticas públicas as
ociadas a
los fundamentos del Estado social:
1) Los servicios de as
istencia a
las personas dependientes, esto es a
personas que tienen limitada su a
utonomía personal (personas con discapacidad, personas con enfermedades mentales, personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades raras etc.).
2) As
istencia a
las personas mayores en general. Se prevé que en 2020 una de cada cuatro personas residentes en Euskadi tendrá más de 65 a
ños; a
un cuando la mayoría de estas personas disfrutarán de una situación de a
utonomía personal casi plena la preservación de su salud y de su calidad de vida demandarán la habilitación de recursos de carácter socio-sanitario-cultural. La as
istencia y a
tención domiciliaria tiene un a
mplio desarrollo en el futuro próximo si queremos homologarnos a
los países más a
vanzados.
3) Servicios de cuidado a
niños y niñas de 0 a
3 a
ños para posibilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y para favorecer el incremento de la natalidad; recursos y servicios para a
tender debidamente las necesidades de niños, niñas y a
dolescentes con trastornos de conducta.
4) Servicios sociales para prever, detectar y a
tender situaciones de pobreza y de exclusión social y para trabajar en programas de inclusión social.
5) Recursos, programas y desarrollo de planes para trabajar en el á
mbito de la igualdad y de la erradicación de a
ctitudes y contravalores sexistas, machistas, racistas, xenófobos, homófobos etc.; recursos para trabajar en la prevención, detección y a
tención de situaciones de maltrato a
mujeres víctimas de violencia de género, a
personas mayores víctimas de maltrato, a
a
dolescentes y a
dultos de orientación homosexual o de identidad transexual, a
personas inmigrantes, a
personas gitanas, etc.
6) Mejora y a
umento de los servicios ligados a
l derecho a
la educación, sobre todo en lo relativo a
la educación especial, a
la educación en valores, a
los servicios que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, a
la formación de los maestros, maestras y profesores/as, a
l reforzamiento de los servicios a
uxiliares, etc.
7) Mejora y a
umento de los servicios ligados a
l derecho a
la salud. Cabe mejorar la as
istencia domiciliaria a
los enfermos crónicos, falta por desarrollar los servicios de naturaleza socio-sanitaria, as
í como los de carácter socio-educativo-sanitario.
III.2. La participación del sector privado y del Tercer Sector en los servicios sociales. La dirección de los poderes públicos. La financiación de los servicios y prestaciones sociales
Podrá objetarse que en la coyuntura a
ctual no resulta posible la creación de empleo público que diera satisfacción a
las demandas planteadas. Sin embargo, el mantenimiento, sostenibilidad y desarrollo del Estado social y de los derechos sociales, as
í como la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo exigen necesariamente a
bordar las cuestiones señaladas, que pueden encontrar modelos diferentes en función de la diversidad de proyectos políticos existentes. Pertenecen a
l á
mbito netamente político determinar el papel de las empresas privadas en la gestión de los servicios referidos o, en el caso de que sean prestados directamente por las a
dministraciones públicas, el modo de financiarlos: mediante un a
umento de los impuestos o por medio del cobro de tasas o de precios públicos. El A
rarteko no debe formular propuestas que incidan en ese á
mbito estrictamente político.
Ahora bien, la garantía debida de los derechos sociales, de los derechos de las personas usuarias, as
í como la garantía de los derechos de los trabajadores y de unas condiciones de trabajo dignas traen consigo obligaciones para los poderes públicos. A
unque en la construcción de infraestructuras ligadas a
los servicios públicos o a
los recursos sociales (carreteras, redes eléctricas, vías de ferrocarril, escuelas, hospitales, residencias para personas dependientes, centros de menores etc. etc.) participen empresas privadas, y a
unque la gestión de los servicios derivados o as
ociados a
las citadas infraestructuras sea encomendada a
entidades privadas, los poderes y a
dministraciones públicas han de as
umir y ejercer con todas las consecuencias las potestades normativas para regular dichos servicios y establecer sus condiciones, las potestades de inspección y de control y las potestades sancionadoras.
Últimamente, se está a
briendo paso un nuevo concepto: el cuarto sector, para referirse a
a
quellas empresas privadas que tienen fines sociales. Confiemos en que no se trate de una mera operación de marketing y que el Cuarto Sector suponga un salto cualitativo con respecto a
l clásico Segundo Sector empresarial, de modo y manera que el sector de las empresas que trabajan en el campo de los servicios sociales (educación, sanidad, tercera edad, etc.) sumen a
la búsqueda del beneficio la as
unción de compromisos para con los objetivos y fundamentos del Estado de bienestar, más a
llá de los códigos de la llamada responsabilidad social corporativa.
En cualquier caso, un sector que debería contar con el a
poyo pleno y decidido de los poderes públicos, tanto vascos como europeos, en el Tercer Sector, que a
grupa a
las organizaciones sin á
nimo de lucro. Las entidades de este sector que trabajan en el á
mbito de la intervención social realizan una extraordinaria labor. Muchas de ellas cuentan con personal laboral contratado y todas ellas tienen un número significativo de personas que trabajan de forma desinteresada en tareas de voluntariado social. Según datos del Consejo Vasco de Bienestar Social recogidos en el informe extraordinario del A
rarteko “Condiciones de trabajo en el Tercer Sector de intervención social”, publicado en junio de 2008, el sector no lucrativo de a
cción social de la CAPV estaría compuesto por 1.569 entidades, a
las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846 lo hacen de forma voluntaria, sin recibir remuneración. Este voluntariado social es uno de los mejores a
ctivos que cualquier sociedad tiene porque encarna los mejores valores éticos y sociales que engarzan, a
demás, con los fundamentos del Estado social o de bienestar, que se basa, como es bien sabido, en la solidaridad y en la garantía de la procura existencial y de la vida digna a
todas las personas. Los poderes públicos han de evitar la competencia desleal de las empresas para con las organizaciones sociales y han de dotar a
estas de los recursos necesarios y de la seguridad jurídica y económica precisas para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que gestionan. As
imismo, en consonancia con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del A
rarteko mencionado a
nteriormente, entendemos que también corresponde a
los poderes y a
dministraciones públicas velar por la calidad de los servicios que prestan estas organizaciones as
í como por las condiciones laborales de los trabajadores que se hallan empleados por las mismas.
Desde nuestra posición institucional, debemos a
portar los resultados y las recomendaciones de nuestro trabajo diario y hacernos eco de la opinión de muchos expertos, todo lo cual nos lleva a
a
firmar con determinación que es deseable, necesario y posible la a
mpliación y desarrollo de los derechos sociales y del Estado social y democrático de derecho con el doble objetivo de mejorar la calidad de nuestra democracia y de crear empleo. Obviamente, tanto si los nuevos empleos relacionados con la a
mpliación de los servicios sociales son generados en el seno del sector público como si se impulsa la participación del sector privado, es evidente que es necesario un esfuerzo económico inversor. Por ello, debemos insistir en la idea de que se necesitan herramientas financieras con el objeto de invertir en desarrollo e innovación sociales y en servicios sociales. Puede ser perfectamente compatible reducir los déficits y las deudas públicas con la habilitación de fondos de inversión destinadas a
dar un fuerte impulso a
l Estado social en Europa (a través del Presupuesto de la Unión Europea y de fondos económicos a
d hoc, o por medio del Banco europeo de inversiones o de herramientas o vehículos financieros de nuevo cuño).
Es constatable que los servicios y prestaciones que constituyen el contenido del Estado social o Estado de bienestar están sufriendo recortes o limitaciones, en Euskadi, en España y en muchos países de la Unión Europea. La causa de ello es el decremento del gasto público, que también está a
fectando a
l gasto social.
Ahora bien, a
las políticas presupuestarias restrictivas se le suman las exigencias derivadas de cambios estructurales que se están produciendo en los países de la UE, sobre todo en lo relativo a
la estructura poblacional, que conllevan la necesidad de garantizar la sostenibilidad o el mantenimiento en el tiempo del Estado social. A
problemas coyunturales por todos conocidos se le suman problemas estructurales o sistémicos que también han de ser a
bordados.
La situación, es preciso reconocerlo, es extremadamente compleja. Estamos viviendo momentos verdaderamente históricos. Debemos ser conscientes de que existe un riesgo real de que el Estado social sea desmantelado o cuando menos que sufra una merma considerable y que la crisis dé lugar a
una redefinición o replanteamiento de dicho Estado social o de bienestar que resulte irreconocible según las bases en las que se sustenta a
ctualmente.
III.3. Los derechos sociales son derechos humanos
El Estado social forma parte del A
DN de los países que forman la Unión Europea, es a
lgo consustancial a
l contrato social y a
los ordenamientos constitucionales en que se basan los fundamentos de los Estados que conforman la Unión. La Constitución española de 1978 establece en su preámbulo como primer objetivo de la Carta Magna “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las Leyes conforme a
un orden económico y social justo” y en su a
rtículo primero define a
España como un Estado social y democrático de Derecho. En estos principios se fundamentan los pilares que conforman el Estado social y los derechos sociales: el derecho a
la igualdad real y efectiva (art. 9-2), el derecho de educación (art. 27), el derecho a
la protección a
la salud (art. 43), el derecho a
l trabajo (art. 35), as
í como los derechos laborales (arts. 28, 37, 40, 42), el derecho a
las prestaciones derivadas de situaciones de necesidad (desempleo etc.), a
través de un sistema público de seguridad social (art. 41), particularmente el derecho de las personas mayores a
la suficiencia económica y a
percibir pensiones, el derecho a
una vivienda digna y a
decuada (art. 47), el derecho de las personas disminuidas físicas, sensoriales o psíquicos a
disponer de un sistema de protección que les garantice el ejercicio de los derechos constitucionales.
La Constitución también establece el siguiente mandato a
los poderes públicos: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural” (art. 48). Una juventud que no tiene, en estos momentos, en una proporción demasiado a
lta, garantizados ni el derecho a
l trabajo ni el derecho a
la vivienda.
El A
rarteko ha hecho público recientemente un estudio titulado “Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica” (incluido en este volumen), en el que reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas. Entendemos que es necesario dotar de significado a
l compromiso con los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos.
Más a
llá del discurso, una a
puesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus compromisos. Partiendo de principios fundamentales como la igualdad y no discriminación, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos, y los derechos a
la reparación, la participación a
ctiva y a
l a
cceso a
la información, el A
rarteko presenta una serie de recomendaciones prácticas para los poderes públicos: A
) La legislación en desarrollo de los derechos fundamentales debe a
justarse a
los parámetros más garantistas del Derecho internacional de los derechos humanos; B) Las políticas públicas deben estar encaminadas a
garantizar la igualdad, entendida como capacidad y a
utonomía personales y como valor vertebrador de una sociedad democrática; C) Las políticas y los servicios sociales son instrumentos para la materialización de los derechos socioeconómicos y fuente de creación de empleo, prosperidad y cohesión social; D) Es necesario contar con datos desagregados para evaluar el nivel de a
cceso y disfrute de los derechos socioeconómicos por parte de todos los colectivos sociales; E) Son los poderes públicos quienes soportan la carga de probar, mediante evaluaciones de impacto en derechos humanos, que los recortes se justifican a
la luz del conjunto de los derechos socioeconómicos y en plena utilización del máximo de los recursos disponibles; F) Los derechos civiles (principalmente, el derecho de reunión y el derecho de as
ociación) son garantías ciudadanas del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los poderes públicos; G) Todas las personas deben contar con información detallada y relevante, y tener la posibilidad de participar de manera significativa y en condiciones de igualdad en las decisiones que les a
fectan.
III.4. El reto de garantizar el mantenimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los derechos sociales
Los derechos económicos y sociales son, pues derechos constitucionales y son derechos humanos. Por consiguiente, existe un deber para los poderes públicos (con mandatos muy concretos en diversas disposiciones constitucionales y en el derecho internacional de los derechos humanos) para que a
rticulen las políticas públicas que sean necesarias para proteger, salvaguardar y mantener los derechos sociales. El derecho a
la dignidad, recogido en el a
rtículo 10 de la Constitución, que se erige en el pórtico del sistema de derechos y libertades del título primero de la misma, a
traviesa, de un modo transversal, todos los derechos y les otorga un contenido mínimo as
ociado a
la vida digna que resulta insoslayable para los poderes públicos.
Hay, en este sentido, dos grandes tareas que habría que a
cometer cuanto a
ntes. La primera de ellas es a
rticular una a
rquitectura financiera y unas políticas presupuestarias que permitan el mantenimiento y el desarrollo del Estado social. Este objetivo es factible. Estamos viendo cómo ese objetivo se está cumpliendo en países europeos como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza o A
ustria, o en países no europeos como Canadá, bien es cierto que habiendo realizado reformas estructurales en muchos de ellos para garantizar, precisamente, la sostenibilidad del Estado social. Pero es que, a
demás de posible, el desarrollo del Estado social en países con elevados índices de paro como el nuestro resulta necesario porque de ese desarrollo depende en gran medida la creación de muchos puestos de trabajo.
La segunda gran tarea es, a
nuestro juicio, reconstruir sobre nuevas bases el contrato social en el que se basa el Estado social. No es posible la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales si no hay un sistema de valores sociales a
mpliamente compartido basado en la solidaridad y en la confianza en el sistema y en las instituciones que gestionan los servicios y prestaciones sociales. Creemos que esos valores se hallan también en crisis. Es urgente reconstruirlos y recuperar la solidaridad y la confianza. Es preciso que todos as
umamos de buen grado la cuota de responsabilidad social que nos corresponde y, en consecuencia, contribuyamos fiscalmente a
las a
rcas públicas, eliminando todo tipo de fraude y, por otra parte, hagamos un uso responsable y conforme a
nuestras necesidades de las prestaciones y servicios sociales. Es preciso y a
premiante que impulsemos la solidaridad intergeneracional para crear las condiciones que permitan a
nuestros jóvenes tener una vida, un trabajo digno y una vivienda digna. En relación con ello, los poderes públicos deberían hacer un esfuerzo especial para ligar de una manera más eficaz la formación de los niños y niñas, a
dolescentes y jóvenes con las previsiones a
corto, medio y largo plazo del mercado de trabajo.
Resulta a
premiante, en este orden de cosas, llevar a
cabo una profunda regeneración moral de todo el sistema político-institucional con el fin de que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones (vascas, españolas y europeas) y se sienta partícipe del sistema, que debería dotarse de eficaces vías de participación e interactuación con las mujeres y hombres que conforman la comunidad sociopolítica; con el fin de que los valores de solidaridad social sean as
umidos realmente por la ciudadanía y en consecuencia esta as
uma como a
lgo propio y necesario las a
portaciones a
las a
rcas públicas de impuestos, tasas y precios públicos. Se hace preciso, as
imismo, que los representantes políticos consigan ejercer realmente la dirección en la gestión de los as
untos de la polis sometiendo a
los mercados y a
sus poderosos lobbies.