Una pieza fundamental en la arquitectura de la Eurozona y en la situación que se está viviendo es el Banco C
entral Europeo. Diseñado a imagen y semejanza del Bundesbank, su c
ometido principal en la gestión de la política monetaria del euro es el c
ontrol de la inflación. Tiene prohibido, por los tratados de la Unión y por su Reglamento, prestar directamente dinero a las administraciones públicas, a diferencia de la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco de Inglaterra, que sí pueden actuar c
omo prestamistas de última instancia.
A c
omienzos de año, el ex primer ministro francés Michel Rocard y el economista Pierre Larrouturou publicaban en el principal diario francés un artículo titulado “¿Por qué es necesario que los Estados paguen 600 veces más que los bancos?” (reproducido días más tarde en un periódico español bajo el título “Una Europa al servicio de los c
iudadanos”). En dicho artículo daban c
uenta de que la Reserva Federal de EE. UU. prestó la c
antidad de 1.200 billones de dólares a bancos en dificultades a un interés de 0,01%. Partiendo de la c
onstatación de que los gastos financieros están ahogando a las economías de muchos países o les obstaculiza o impide el c
recimiento y que están recortando el gasto público, proponen que el Banco C
entral Europeo posibilite refinanciar la deuda vieja de los países de la Eurozona c
on tasas de interés próximas al 0%. Esto podría hacerse sin modificar los tratados ni el reglamento del c
itado Banco puesto que permiten que este pueda prestar sin límite alguno a los organismos públicos de c
rédito. En c
onsecuencia, Rocard y Larrouturou proponen que el BCE preste el dinero que sea necesario al Banco Europeo de Inversiones (BEI) o a la C
aja de Depósitos al interés de 0,01% de manera que estos, a su vez, puedan prestar a los Estados miembros al 0,02% de interés. Al mismo tiempo subrayan la necesidad de c
onstruir una Europa política, “capaz de actuar en este mundo globalizado; una Europa realmente democrática, c
omo propusieran ya Wolfgang Schäube (actual ministro federal de Finanzas de Alemania) y Karl Lamers en 1994 o Joschka Fisher en 2000. Necesitamos un tratado de c
onvergencia social y una gobernanza económica real”.
Resulta escandaloso, en c
ualquier c
aso, que el Banco C
entral Europeo, que es un banco público que debe estar al servicio de los c
iudadanos y c
iudadanas de la Eurozona, haya prestado c
asi un billón de euros a los bancos desde octubre del año pasado a un interés del 1% para que estos c
ompren en los mercados bonos de deuda soberana a los Estados, exigiéndoles un interés bastante superior, dependiendo de la famosa “prima de riesgo” de c
ada país, de manera que Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda tienen que pagar para refinanciar su deuda pública unos intereses superiores al 5%, destinando recursos presupuestarios absolutamente necesarios para el gasto social a gastos financieros que van a alimentar los beneficios privados de los bancos (o van a aminorar su deuda). La c
iudadanía no puede entender esto porque escapa a toda lógica. ¿Por qué no se debate y se aprueba inmediatamente la propuesta de Rocard y Larrouturou? ¿O, si no, por qué no se debate un c
ambio de estatuto del Banco C
entral Europeo que le permita actuar c
omo la Reserva Federal de EE. UU.?
Resulta significativa la oposición radical de los dirigentes políticos y financieros de Alemania a c
ualquier medida que suponga c
omunitarizar las deudas públicas de los países de la Eurozona (emitiendo eurobonos, por ejemplo), modificar el papel del BCE o activar otros mecanismos financieros que den una solución c
abal y definitiva al problema de las deudas soberanas. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, mostró su monumental enfado c
uando el BCE decidió c
omprar, empleando fórmulas técnicas que le permitieran sortear la prohibición a la que nos hemos referido, deuda soberana de Italia y España, c
uando los mercados financieros atacaban a los c
itados países c
on intención de obtener pingües beneficios especulando c
on sus bonos. Recientemente c
riticó las propuestas del presidente electo de Francia, François Hollande, en relación c
on el BCE y la política financiera de la Unión, antes de su toma de posesión y de su reunión c
on la c
anciller Merkel, saltándose las elementales normas de c
ortesía y enturbiando las c
onversaciones previas a dicha reunión.
Los presidentes del Banco C
entral Europeo, antes Trichet y ahora Draghi, han hecho actuaciones o realizado declaraciones que van más allá de sus c
ometidos estrictos y entran de lleno en la política económica de los países de la Eurozona. Fue muy c
omentada la c
arta que Trichet dirigió en agosto del pasado año (el c
ontenido de la c
arta lo filtró uno de los más importantes diarios italianos) al Gobierno italiano en el que le exigía una reforma c
onstitucional c
omo la que poco antes se había aprobado en España, blindando en la C
arta Magna el déficit c
ero, a c
ambio de ayudarle en el mercado de la deuda. La c
arta (se tenía la seguridad de que había enviado otra similar al presidente Zapatero, aunque no se hizo público el c
ontenido de esta última) c
ontenía toda una batería de propuestas de c
orte ultraliberal c
on el objeto de reducir drásticamente el gasto público de Italia y de modificar en detrimento de los trabajadores las leyes laborales: liberalizar los servicios públicos, reformar la negociación c
olectiva, reformar las leyes de c
ontratación y despido, reforma del sistema de pensiones, reducción del salario de los funcionarios, reducir el gasto público de las regiones italianas, planteándose la supresión de las provincias, la reforma c
onstitucional para endurecer las reglas fiscales, y aprobar las medidas por decreto-ley para que entren en vigor c
uanto antes.