Inmigración y sostenibilidad social del Estado de bienestar
MARÍA BRUQUETAS
Doctora en Sociología y profesora de Políticas de Inmigración/Integración de la Universidad de Á
msterdam
Introducción
La inmigración es a
menudo a
cusada de deteriorar la confianza de la población a
utóctona en el Estado de bienestar, y por lo tanto de incidir negativamente en la sostenibilidad social del mismo. También en España, a
unque la a
ctitud favorable hacia los inmigrantes sigue siendo mayoritaria, la población a
utóctona tiende a
opinar cada vez con más frecuencia que los inmigrantes compiten con la población a
utóctona por los puestos de trabajo y las prestaciones sociales (sanidad, plazas escolares, a
yudas a
la vivienda, as
istencia pública) (Cea D’Ancona y Vallés, 2008, 2009, 2010). Esta creciente percepción de competencia a
limenta posiciones a
favor de limitar de los derechos de los inmigrantes y en contra de a
daptar los programas sociales a
las necesidades específicas de los colectivos de origen inmigrante. También existe la percepción de que la población inmigrante es favorecida en la provisión de recursos públicos, y esto provoca en a
mplios sectores a
utóctonos una reacción de corte comunitarista y/o nacionalista de “primero los de casa” (IOE, 1995). Esto lo hemos visto claramente en los slogans de las elecciones municipales catalanas, defendidos no solo por partidos a
nti-establishment como Plataforma per Cataluña, sino también en boca de políticos de partidos ‘normales’ como el PP, CIU o el PSC. También en Euskadi vemos recientemente ejemplos de este discurso. A
ntonio Basagoiti exigió hace una semana “una sanidad para todos, pero primero para los de casa”, y Cristina Ruiz ha lanzado la campaña “primero, los de Bilbao” que reclama preferencia para los a
utóctonos en la concesión de vivienda pública.
Así, pese a
que los estudios empíricos demuestran la a
portación positiva de los inmigrantes a
la economía y a
l Estado de bienestar (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo 2011), la opinión pública española tiende a
percibirlos como a
caparadores de a
yudas sociales. ¿Cómo podemos explicar esta paradoja?
En esta ponencia trato de contribuir a
la explicación del fenómeno de la intolerancia en España. En primer lugar, voy a
a
portar datos recientes sobre el uso que hacen los inmigrantes de las prestaciones y servicios de bienestar y de su contribución a
la economía. Utilizaré datos del estudio que realicé con Francisco Javier Moreno Fuentes sobre Inmigración y Estado de bienestar en España (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo 2011). A
continuación, utilizando encuestas de opinión y otros estudios describiré el deterioro de la opinión de ciudadanos a
utóctonos sobre la inmigración. Finalmente, revisaré varios posibles elementos explicativos del a
umento de la intolerancia en España. Cerraré la ponencia con una reflexión del impacto que este fenómeno puede a
carrear para el a
poyo ciudadano a
l Estado de bienestar y la responsabilidad de las a
utoridades públicas.
Mi principal a
rgumento es que el a
umento de la intolerancia se as
ocia con el a
umento de la precariedad de los ciudadanos y de la percepción de riesgo social, como consecuencia de dos transformaciones interrelacionadas: la transformación de la economía en un mercado global y la transformación del Estado de bienestar. Esta tesitura es a
provechada por empresarios políticos que buscan recabar votos con discursos populistas. En mi ponencia defiendo que la a
parición de la inmigración, a
l resaltar las fortalezas y las debilidades de nuestro régimen de bienestar, nos permite a
bordar los retos que nuestro régimen de bienestar encuentra a
su sostenibilidad social.
Impacto de la inmigración sobre el Estado de bienestar español
En el caso español, los flujos migratorios contemporáneos se inician tímidamente a
mediados de los 80 y a
partir del a
ño 2000 se disparan. Del 2,28% de la población en el a
ño 2000 la población inmigrante pasó a
representar el 12,17% en 2010: la población extranjera se multiplicó por seis. En Euskadi se pasó del 1,3% a
l 6,4% de la población total en el mismo periodo (Observatorio Vasco de Inmigración, 2011).
Dicha inmigración ha supuesto numerosos efectos para el Estado de bienestar español. En primer lugar, la inmigración ha contribuido notablemente a
l crecimiento económico del país. Según estimaciones de la oficina Económica Presidencia Gobierno la inmigración fue responsable de más del 50% del incremento del PIB en el período 2000-05, y del 50% superávit presupuestario de 2005.
Durante los a
ños de crecimiento económico, desde mediados de los 1990, muchas a
ctividades económicas basadas en el uso intensivo de mano de obra y precariedad laboral fueron as
umidas por trabajadores inmigrantes. Piensen por ejemplo en la a
gricultura o la construcción, pero también en la limpieza y el cuidado de personas. Inmigrantes llegados a
España desde países en vías de desarrollo encontraron trabajo en empleos que la población a
utóctona rechazaba por su dureza, escasa remuneración y precarias condiciones laborales. Los inmigrantes contribuyeron as
í a
la supervivencia de sectores productivos que de otra manera hubiesen probablemente desaparecido.
En el período 1996-2007, la economía española creó casi 8 millones de empleos. Se pasó de 12,6 millones de ocupados en 1996, a
20,5 millones en el segundo trimestre de 2007. La mitad de esos nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros, que pasaron de representar el 4% de los a
filiados a
la Seguridad Social en el 2001, a
más del 10,5% en octubre de 2011. Hay que destacar a
demás que, durante los últimos a
ños de recesión, estas cifras de a
filiación a
l INSS han permanecido prácticamente estables: entre el 10 y el 11% para los varones, y a
l 10% para las mujeres.
La inmigración ha contribuido pues a
l desarrollo económico favoreciendo un crecimiento del empleo en España (mediante el a
umento de la población a
ctiva). Los residentes procedentes de países en vías de desarrollo presentan tasas de a
ctividad considerablemente superiores a
las de la población a
utóctona (81,4%, frente a
73,1%) (Oliver, 2006). En 2009 las cotizaciones a
la Seguridad Social de los inmigrantes (8.080 millones de e) a
portaron más a
la balanza fiscal que todo el gasto social as
ociado a
la inmigración (6.500 millones de e) (Otero, 2010).
En segundo lugar, la inmigración implica un incremento y diversificación de la demanda de servicios de bienestar. Esto ha obligado a
l Estado de bienestar español a
a
daptarse a
la nueva demanda. La pregunta a
quí es ¿en qué medida ha logrado nuestro Estado de bienestar extender los derechos sociales a
los inmigrantes de un modo satisfactorio?
El Estado de bienestar español ha mostrado su capacidad de a
daptarse razonablemente bien a
los retos de integración que implica el as
entamiento de la población inmigrante. Ha incorporado a
sus programas de as
eguramiento social (desempleo, pensiones) a
todos los trabajadores extranjeros con un empleo formal, simplemente a
plicando los principios Bismarckianos de nuestro régimen de bienestar: es decir, se conceden prestaciones en proporción a
las contribuciones hechas a
la Seguridad Social. A
demás, ha extendido sus programas basados en criterios de residencia (salud, educación, y servicios sociales) hasta constituir esquemas de protección universal.
Sin embargo, la cobertura de los riesgos sociales que recibe la población inmigrante en nuestro país dista mucho de ser suficiente. Dos explicaciones fundamentales son las características estructurales de nuestro régimen de bienestar y nuestro modelo de crecimiento, y la recesión económica.
Una de las principales características del sistema de protección social español es la combinación de programas de as
eguramiento social con otros de carácter universalista. A
demás, se caracteriza por un a
lto nivel de descentralización y por el papel otorgado a
la familia como proveedor principal de cuidado, tarea as
umida por el Estado en otros países. Por último, el Estado de bienestar español se caracteriza por un nivel de gasto social relativamente bajo en comparación con el resto de países de la Europa desarrollada. Todos estos son rasgos típicos del llamado régimen bienestar mediterráneo.
Como consecuencia, el a
cceso de los extranjeros a
la protección social en este régimen se produce a
través de dos vías principales: la participación en el mercado formal de trabajo y consecuente a
filiación a
la Seguridad Social (pensiones, prestaciones por desempleo), y la residencia en el territorio (sanidad, educación y determinados programas de servicios sociales o de a
yuda a
la vivienda).
Puesto que el a
cceso a
programas de as
eguramiento social depende fundamentalmente de poseer un empleo formal, los principales obstáculos a
l a
cceso de los inmigrantes a
los programas de desempleo, pensiones, etc. se derivan de la pérdida del empleo, la “irregularidad sobrevenida” y la irregularidad a
dministrativa (economía sumergida). El papel estructural de la economía sumergida en el sistema productivo español representa un importante obstáculo a
l a
cceso de los inmigrantes a
los programas de as
eguramiento social. La participación en sectores informales de la economía constituye la única posibilidad de a
cceder a
un puesto de trabajo para los inmigrantes indocumentados, as
í como para muchos trabajadores inmigrantes con permiso de trabajo que no logran encontrar un empleo formal. Los trabajadores empleados en la economía sumergida no cotizan a
la Seguridad Social y están, por tanto, excluidos de los sistemas de as
eguramiento de carácter contributivo, lo que incrementa su vulnerabilidad a
nte los riesgos del ciclo vital as
ociados a
l empleo.
Por otra parte, el a
cceso a
programas universales dependen de la residencia, pero esta viene mediada por dos elementos:
– El empadronamiento. La Ley 4/2000 fue clave en la universalización ‘de iure’ del a
cceso de los inmigrantes a
programas de carácter universal, el cual condicionó a
l empadronamiento. Por lo tanto, las a
utoridades locales pueden, facilitando o dificultando el efectivo empadronamiento, favorecer la inclusión o exclusión de trabajadores inmigrantes.
– A
demás, el a
cceso a
servicios universales como la salud o la educación, y las prestaciones no contributivas y programas de rentas mínimas, está vinculado a
decisiones de gobiernos a
utónomos dado que depende de sus competencias.
Esto indica esto deja un margen considerable para la discrecionalidad y la variación entre las políticas de diversas a
utonomías. Por ejemplo, a
nte la a
ctual reforma de la sanidad planteada por la a
dministración central, que excluye a
los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria, varias a
utonomías como la vasca han a
nunciado que desobedecerán esta reforma y continuarán ofreciendo servicios médicos independientemente del estatus legal de los inmigrantes. Pero esta discreción a
bre a
demás la puerta a
la potencial politización y manipulación de los derechos sociales de las personas inmigrantes, por lo que es preciso investigar en qué medida se produce un a
cceso ‘de facto’ a
dichos derechos. De hecho, nuestros datos muestran disonancias entre discursos y prácticas.
Para ver en qué medida el Estado de bienestar ha logrado extender los derechos sociales a
los inmigrantes voy a
utilizar dos criterios: desmercantilización y estratificación. En primer lugar voy a
a
nalizar el grado de desmercantilización que logran los inmigrantes en nuestro Estado de bienestar, es decir, en qué medida logran un nivel de vida a
ceptable con independencia del mercado. No voy a
utilizar pues una noción estricta de mercantilización, sino una a
cepción más genérica. En segundo lugar, voy a
mirar en qué medida nuestro sistema de bienestar produce una dualización de la población entre pobres y no pobres.
Para hacer esto utilizaré datos del estudio Inmigración y Estado de bienestar en España (Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo 2011) publicado en la colección estudios de La Caixa.
Desmercantilización
Nuestras cifras indican que en España existe una brecha notable entre la cobertura que los extranjeros y los ciudadanos españoles reciben en programas contributivos. La tabla a
continuación resume indicadores relativos a
tres programas: pensiones contributivas de jubilación, prestación de desempleo y servicios sociales. En los tres casos, el número de beneficiarios extranjeros sobre el total de beneficiarios está muy por debajo de la proporción que los inmigrantes representan en el conjunto del universo de referencia.
Beneficiarios extranjeros de prestaciones sociales sobre el total de beneficiarios
Fuente: Moreno Fuentes y Bruquetas Callejo, 2011.
Elaboración propia con datos de: SIUSS 2008, INEM 2010, INSS 2008.
En la a
ctualidad, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de estos extranjeros pensionistas son ciudadanos comunitarios. Las pirámides demográficas muestran que la mayoría de los extranjeros en España se encuentran entre los 20 y los 40 a
ños, claramente sobre-representados en la población en edad de trabajar. Esto resulta particularmente relevante en el caso español ya que el Estado de bienestar español dedica una parte muy importante de sus recursos a
las pensiones de jubilación. De hecho, la inmigración económica ha contribuido a
l rejuvenecimiento de la población española, constituyendo una a
portación neta a
las a
rcas del INSS, a
lgo que continuará siendo as
í a
l menos durante las dos próximas décadas. La inmigración ha contribuido a
elevar temporalmente la ratio de cotizantes sobre pensionistas a
cerca del 2,5, retrasando en casi cinco a
ños el déficit del sistema de pensiones español (prevista para 2023) hasta 2028.
También, solo un 15,1% de los inmigrantes recibían la prestación de desempleo en noviembre de 2010, frente a
l 84,9 de los a
utóctonos. Esto es as
í, a
pesar de que los extranjeros han a
umentado considerablemente entre los perceptores de prestaciones por desempleo. En los últimos cinco a
ños casi se triplicaron: del 5,8% de los beneficiarios a
finales de 2006, a
l 15,1% a
finales de 2010.
Sin embargo, los inmigrantes presentan tasas de cobertura mucho más bajas que los a
utóctonos. A
finales de 2010 los extranjeros tenían una tasa de cobertura del 40% frente a
la tasa del 78% de los a
utóctonos. La cuantía y duración de las prestaciones recibidas por los desempleados dependen de sus contribuciones previas. Por esto, la a
lta tasa de temporalidad entre los inmigrantes (60,2% en 2007, frente a
l 39,2% de los a
utóctonos) y la menor duración de sus carreras laborales, contribuyen a
explicar su baja tasa de cobertura.
Desde el inicio de la crisis hasta a
hora observamos un proceso de pérdida de cobertura social que a
fecta tanto a
utóctonos como extranjeros. Desde el 2007 y hasta el a
ño 2009 el número de perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo experimentó un incremento constante. A
partir de 2009, las prestaciones de carácter contributivo comenzaron a
disminuir, mientras las prestaciones as
istenciales continuaban a
umentando ya que muchos de los que dejaban de cobrar prestaciones pasaban a
percibir subsidios por desempleo. El número de perceptores de prestaciones contributivas se ha reducido entre 2010 y 2011 en un 12,1% y entre extranjeros en un 22,9%.
A finales de 2011, de los 4,3 millones de inscritos en los servicios públicos de empleo, más de 1,6 millones no percibían ningún tipo de prestación o subsidio. Es decir, 3 de cada 10 parados ya no recibe ningún tipo de transferencia de renta para hacer frente a
la falta de empleo. Esta situación resulta particularmente grave cuando a
fecta a
los integrantes de los más de 1,4 millones de hogares en los que todos sus miembros están desempleados. Según datos de la EPA del primer trimestre de 2011, la proporción de hogares con a
lgún miembro a
ctivo en que ninguna persona trabajaba había a
lcanzado del 10,3% en el primer trimestre de 2011 (frente a
l 3,6% en 2007). Esta proporción era sensiblemente superior en los hogares a
ctivos donde vivía a
lguna persona extranjera: 18,7%. Esto tiene una particular gravedad puesto que a
fectan a
personas con redes de solidaridad informal mucho más frágiles que las de la población a
utóctona.
Por último, también existe una brecha notable entre el a
cceso de a
utóctonos y extranjeros a
los servicios sociales. Según datos del Sistema de Usuarios de Servicios Sociales los extranjeros representaron el 13,7% de los usuarios en 2008, ligeramente por encima del 11,5% que representaban en el conjunto de la población. De hecho, si nos fijamos en otros indicadores más finos los inmigrantes se encuentran en una clara infra-representación ya que constituyen una proporción mayor de la población en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, si nos fijamos en el número total de intervenciones, el colectivo inmigrante a
penas ha recibido a
penas el 6,8% de las a
ctuaciones de los servicios sociales. A
demás, los inmigrantes representaban el 11,2% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción.
Hay que recordar que los datos disponibles muestran que el itinerario de la población inmigrante en estos programas puede calificarse de ‘exitoso’, es decir, estancia breve y rápida incorporación a
l mercado laboral. La prestación constituye una a
yuda puntual que evita el deterioro de las situaciones. Es muy posible que en el futuro a
umente el número de inmigrantes entre los perceptores debido a
la llegada a
la edad de jubilación de inmigrantes que han participado de forma informal en el mercado de trabajo y no han podido as
egurarse una pensión de jubilación de carácter contributivo.
¿Qué ocurre en otros países europeos? ¿Ofrecen otros sistemas de bienestar mejores condiciones de vida a
los inmigrantes? El estudio de Morissen & Sainsbury (2005) ofrece una buena comparativa europea. De sus datos se desprende que los beneficios sociales de los inmigrantes tienden a
ser más reducidos que los de los nativos en prestaciones de tipo contributivo, como las pensiones y las a
yudas a
l desempleo. En cambio, los inmigrantes tienden a
recibir mayores (o iguales) a
yudas familiares y prestaciones de servicios sociales. Esta mayor utilización de los servicios sociales por parte de la población de origen inmigrante ha dado lugar a
múltiples estudios internacionales de costes y beneficios. Si bien los resultados de esta literatura todavía son inciertos, en parte por las dificultades intrínsecas de medición, muchos estudios coinciden en una conclusión: los inmigrantes reciben más prestaciones sociales no por el hecho de ser inmigrantes sino porque tienen una posición socioeconómica más desfavorable. As
í, los inmigrantes reciben prestaciones en a
quellos casos en que su perfil coinciden con las características as
ociadas con dichas prestaciones (por ejemplo, estar en paro o tener hijos dependientes).
Beneficiarios de a
yudas sociales, según tipo de hogar (utilisation rates)
SourceURL:file://localhost/Users/oskar/Desktop/Libro2.xls
Fuente: Morissen & Sainsbury 2005: 650 (elaborado con datos del Luxembourg Income Study).
Por otra parte, ¿qué ocurre con el a
cceso a
servicios universales, que no dependen de la propia contribución a
la seguridad social sino de la residencia?
Aunque el sistema sanitario español ha tendido a
expandir su cobertura hasta a
lcanzar a
la práctica totalidad de la población residente en nuestro país, y la Ley 4/2000 a
mplió la cobertura a
los inmigrantes indocumentados, nuestros datos indican que la universalización sanitaria no garantiza la equidad ‘de facto’ en el a
cceso.
Los datos de la ECV entre 2004 y 2008 muestran que los inmigrantes a
firman no haber podido a
cceder a
tratamientos médicos con mayor frecuencia que los a
utóctonos. Y que tienden a
justificar más a
menudo esta falta de a
cceso por escasez de recursos económicos o de tiempo. Según nuestro a
nálisis, los extranjeros que viven en hogares “excluidos” (afectados por 4 o más indicadores de exclusión) tienen un riesgo relativo 9,1 veces mayor que el de los a
utóctonos de a
cceder a
la a
tención sanitaria a
través de programas as
istenciales. El 5,2% de la población “pobre” (situada por debajo del umbral del 60% de la mediana de la renta) y el 8% de los individuos pertenecientes a
hogares “excluidos” declara no tener a
cceso a
l sistema sanitario público. La gran mayoría de las personas en esta última categoría son inmigrantes indocumentados.
Además, por diversos motivos inmigrantes y a
utóctonos hacen un uso claramente diferenciado de los servicios. Por ejemplo, los extranjeros consultan a
l médico de cabecera un 7% menos que los españoles y un 16,5% menos a
l médico especialista. Pero recurren con más frecuencia a
los servicios de urgencias. Las encuestas indican que el estado de salud de los inmigrantes es en general mejor que el de los a
utóctonos. A
unque controlando las respuestas por la edad la ventaja relativa de los extranjeros desaparece.
Este uso diferencial conlleva sobrecargas en la demanda, particularmente en los Centros de A
tención Primaria de barrios con concentración de población inmigrante, as
í como en los servicios de urgencias hospitalarias. Esta concentración de la demanda puede repercutir en un relativo deterioro de las condiciones as
istenciales y por tanto, en una sensación de competencia por recursos escasos en contextos de por sí desfavorecidos.
Estratificación
Porcentaje de población en situación de pobreza (diferentes umbrales) según origen
Fuente: elaboración propia a
partir de datos de la ECV 2008.
Nuestros datos muestran que las tasas de pobreza de los inmigrantes son sustancialmente superiores a
las de los a
utóctonos. Casi el 30% entre los inmigrantes de Latinoamérica, Á
frica y As
ia se encuentra bajo el umbral de pobreza moderada (60% de la mediana de la renta) frente a
l 18% de los a
utóctonos. Esta sobrerrepresentación se mantiene cuando miramos indicadores de pobreza media o pobreza severa. Si manejamos un umbral del 40% de la mediana, la tasa de pobreza se reduce a
l 6,1% entre la población a
utóctona, pero resulta un 50% mayor entre la población del resto del mundo, y se dobla entre los inmigrantes de Europa del Este. El 3% de la población a
utóctona, casi el 7% de los inmigrantes de Europa del Este, y el 5,4% de los inmigrantes del resto del mundo se sitúan por bajo del umbral de pobreza severa (25% de la media de la renta).
La extensión a
los inmigrantes de las prestaciones de ‘última red’, es decir pensiones no contributivas y rentas mínimas de inserción, ha estado históricamente rodeada del temor a
que estos recurran masivamente a
su uso y a
que esto les desincentive a
trabajar. Sin embargo, nuestros datos empíricos desmienten estos temores ya que las estrictas condiciones de elegibilidad a
los programas de ‘última red’ restringen considerablemente su a
cceso. De hecho, estas prestaciones destinadas a
la población más desfavorecida generalmente excluyen a
los inmigrantes indocumentados.
La crisis económica también está incidiendo negativamente en estas cifras. De 2008 a
2009 el número de usuarios que se a
cercaron a
los servicios sociales para demandar a
yuda se incrementó un 36%, de seis millones a
más de ocho. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2010 la tasa de riesgo de pobreza de la población extranjera que no procedía de países de la UE se ha incrementado en 8,3 puntos en tres a
ños (2007-2010) (para la población a
utóctona había a
umentado en a
penas un 0,6%). En 2010 se situaba ya en el 36,1% (frente a
una tasa del 19,3% de la población a
utóctona).
En resumen, nuestro estudio concluyó que los inmigrantes suponen una a
portación considerable a
las a
rcas del Estado de bienestar español, a
demás de un a
porte laboral en el á
mbito del cuidado de las personas. A
demás, los a
rgumentos de sobreutilización y a
buso de los sistemas de protección social por parte de la población inmigrante no encontraron confirmación en los datos. La proporción del gasto social dedicado a
la población inmigrante ha ido creciendo en los últimos a
ños (del 1% del gasto sanitario y educativo en 2000, a
l 5% y 6% respectivamente en 2007), a
unque sigue siendo considerablemente inferior a
su peso relativo en la población total. En cualquier caso, es previsible que en el futuro a
umente la proporción de inmigrantes que perciben a
yudas sociales, en parte como parte del ciclo natural de as
entamiento de esta población en España (gradual envejecimiento de la población extranjera a
hora en edad de trabajar), pero también debido a
la mayor vulnerabilidad de esta población. Cabe también esperar, que en dicho momento, el debate del uso que hace la población inmigrante del Estado de bienestar español se haga más visible. Como veremos, hoy en día ya se vislumbran las posiciones centrales en dicho debate, que opone defensores de la equidad redistributiva, según los cuales las prestaciones sociales deben repartirse a
a
quellos que lo necesiten independientemente de su origen por nacimiento o nacionalidad, y a
defensores de la preferencia de los ciudadanos a
utóctonos.
En la literatura internacional a
lgunos a
utores defienden que la inmigración supone un problema intrínseco para la viabilidad social del Estado de bienestar (Freeman, 1986). Según estos, el Estado de bienestar se caracteriza por su naturaleza proteccionista y nacionalista (Myrdal, 1960), ya que solo puede ser sustentado por un fuerte sentimiento de pertenencia a
una comunidad cerrada cuyos miembros establecen entre sí relaciones solidarias y redistributivas (Marshal, 1964). De hecho, los Estados de bienestar en distintos países se han desarrollado en estrecha relación con la institucionalización de regímenes específicos de ciudadanía. La inmigración, que obedece por el contrario a
la lógica a
bierta del mercado y a
la demanda internacional de mano de obra, modificaría la base social de solidaridad y con ello vendría a
cuestionar el Estado de bienestar en sí mismo. Por ello, diversos a
utores ven en el a
umento de diversidad étnica un peligro a
la hora de recabar a
poyo ciudadano a
las políticas de Bienestar (Alesina y La Ferrara, 2005). Según este a
rgumento, la diversidad étnica debilita el Estado de bienestar porque es difícil generar confianza y solidaridad entre personas de distinto grupo étnico o cultural. Si el sentimiento de pertenencia a
una comunidad nacional se reduce en las sociedades étnicamente diversas, es difícil que los ciudadanos crean en la solidaridad entre ciudadanos. As
í, se reduciría el a
poyo a
l Estado de bienestar y sus políticas redistributivas. Esta hipótesis se a
poya en la evidencia histórica que muestra que los Estados de bienestar que ofrecen derechos sociales a
mplios se han desarrollado en países con sindicatos fuertes y étnicamente homogéneos, mientras que los Estados de bienestar más reducidos han surgido de contextos marcados por la fragmentación étnica.
Desde 2002, la inmigración ha a
parecido como una de las cuestiones que más preocupan a
los españoles, tal y como han ido señalando periódicamente los barómetros de opinión realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De esta manera en 2006 la inmigración se convierte en el tema que más preocupa a
los españoles con un 59% de la respuesta. Sin embargo, los picos de preocupación por el tema se producen a
continuación de momentos de cobertura intensa en prensa y televisión, para después retroceder a
los niveles previos (Méndez Lago, 2008). Por otra parte, la preocupación por la inmigración engloba tanto posibles a
ctitudes de rechazo como de simpatía por la población inmigrante. Por esto, a
unque a
parecen a
lgunas diferencias en función de la ubicación ideológica del encuestado con cierta predominancia del centro-derecha y derecha, no puede decirse que estas sean muy grandes87. En cambio, el grado de preocupación por la cuestión migratoria muestra una correlación con los porcentajes de inmigración por Comunidad A
utónoma (el índice de correlación para 2005 es 0,4), con la edad y con el nivel de estudios de los encuestados (Méndez Lago, 2008: 10-12).
Si bien los estudios en nuestro país concluyen que la población española tiene una imagen más positiva de la inmigración que en la media de países europeos (Méndez Lago, 2008; A
nduiza, 2005; Martínez-Herrera y Moualhi, 2005), los estudios documentan un a
umento gradual de las a
ctitudes intolerantes en nuestro país (Cea D’Ancona, 2004, 2005 y 2007; Cea D’Ancona y Vallés, 2008, 2009) y un a
pego a
la uniformidad cultural (Ayerdi y Díaz de Rada, 2008). Sobre todo, la pregunta “¿son las leyes de inmigración demasiado tolerantes?” de los barómetros del CIS se ha convertido en un indicador indirecto de xenofobia entre 1996 y 200888, reflejando un a
umento del a
poyo ciudadano a
políticas restrictivas en dicho periodo. Un a
mplio sector, creciente en su tendencia, respalda la idea de que las políticas de inmigración en España son demasiado tolerantes. En 2008 el 42% de los encuestados por el barómetro del CIS suscribía esta opinión, lo que muestra un as
censo de 18 puntos respecto a
la valoración de 2004 (24%). Las encuestas también recogen un incremento de la posición de a
cuerdo con la expulsión de inmigrantes en paro (14% my de a
cuerdo en 2008 frente a
7% en 2005) y de la opinión de devolverles a
su país de origen si no tienen regularizada su situación en España (16% en 2008, cuatro más que en 2007) (barómetro del CIS, noviembre 2005; encuesta CIS-OBERAXE, 2008).
Pese a
las tendencias generales descritas, estas opiniones y a
ctitudes hacia la inmigración muestran diferencias significativas. La literatura destaca sobre todo tres factores que estructuran las opiniones individuales: el capital cultural, la posición ideológica y la clase social (Ayerdi y Díaz de Rada, 2008; Méndez Lago, 2008; Cea D’Ancona y Vallés, 2009). A
yerdi y Díaz de Rada (2008) encontraron la mayor as
ociación entre el nivel formativo y las a
ctitudes a
nte la inmigración. Las personas con menor nivel educativo muestran el mayor ‘rechazo’ a
la inmigración, probablemente porque están más preocupados por las posibles repercusiones materiales de la inmigración.
Varios estudios recientes han incluido preguntas respecto a
l uso de prestaciones públicas por parte de los inmigrantes: las encuestas IESA (2006), CIS-OBERAXE (2007) y CIS-OBERAXE (2008), y los estudios cualitativos MEXEE (Cea D’Ancona y Vallés, 2008) y el Informe sobre el racismo y la xenofobia en España del a
ño 2009 (Cea D’Ancona y Vallés, 2009). Según las tres encuestas citadas una mayoría de la población a
utóctona tiene una imagen del inmigrante como un detractor de recursos públicos. Los datos muestran que una mayoría de la población percibe que los inmigrantes reciben del Estado “más” o “mucho más” de lo que a
portan. La suma de a
mbas respuestas constituye un 54% en el 2007 y un 52% en el 2008. Esto enlaza con lo que ocurre en otros países europeos donde las prestaciones de bienestar se a
caban as
ociando con las minorías étnicas y el Estado de bienestar está visto como “algo para ´ellos´ pagado por ´nosotros´” (Freeman, 1986: 62).
Igualmente, la encuesta CIS-OBERAXE (2008) mostró que un 50% de los encuestados opinaba que a
los inmigrantes se les da más a
yudas escolares (becas para libros, comedor escolar) que a
los españoles, a
unque tenga similar nivel de ingresos, y un 46% compartía la misma opinión respecto a
a
yudas sanitarias (CIS, 2008). Consistente con estas opiniones, las encuestas a
nteriores (CIS 2007, IESA 2005, IEAS 2006) muestran que el discurso en favor de otorgar preferencia a
los nacionales a
la hora de percibir prestaciones sociales está mucho más extendido en lo tocante a
l a
cceso a
centros escolares que a
sanidad. Un 78% de los encuestados en la encuesta IESA 2006 (Pérez Yruela y Desrues, 2006) convenía que los padres a
utóctonos deberían tener preferencia para elegir centro escolar. El hecho de que menos informantes consideren que los inmigrantes a
caparan a
yudas en el á
mbito sanitario que en el á
mbito educativo nos hace pensar que quizá la experiencia directa de todos los encuestados con el sistema sanitario contribuya a
romper falsas imágenes. As
í, la opinión de que los inmigrantes a
caparan a
yudas escolares sería más dominante porque solo una parte de los encuestados tienen hijos en edad escolar y por tanto contacto directo con el á
mbito educativo. Sin embargo, los grupos de discusión del estudio MEXEE revelan por el contrario que el discurso de la preferencia nacional se utiliza más a
menudo para hablar de la a
tención sanitaria que de la educación, lo que se a
rgumenta por la “situación ‘discriminatoria’ que los a
utóctonos perciben hacia ellos” (Cea D’Ancona y Vallés, 2009: 146) y viene a
romper la hipótesis del efecto positivo del contacto interétnico.
87 A
unque sí que existe una relación clara el posicionamiento ideológico y la percepción del número de extranjeros que residen en España: cuanto más a
la derecha, mayor es el porcentaje de encuestados que opina que hay demasiados inmigrantes (Méndez, 2008).
88 Cea D’Ancona defiende que el barómetro ha perdido efectividad como indicador de xenofobia puesto que desde 2002 no ofrece a
penas variación en la respuesta mayoritaria de a
cuerdo con “permitir la entrada solo a
a
quellos que tengan un contrato de trabajo” (ocho de cada diez encuestados en 2007).
¿Cómo podemos explicar estas a
ctitudes por parte de la opinión pública española?
Hemos visto que, puesto que a
menudo son los encuestados de menores niveles educativos y de ingresos los que sostienen opiniones negativas, diversos a
nálisis explican estas opiniones en base a
la percepción de un conflicto sobre recursos escasos. Observamos que estas percepciones vienen respaldadas por fenómenos de concentración de la demanda de bienestar en determinados territorios. Como decía a
ntes, en el á
mbito de la salud y la educación la concentración residencial de inmigrantes en determinados barrios conlleva sobrecargas en la demanda, particularmente en los Centros de A
tención Primaria, as
í como en los servicios de urgencias hospitalarias, y en los colegios públicos. Esta concentración de la demanda puede repercutir en un relativo deterioro de las condiciones as
istenciales y por tanto, en una sensación de competencia por recursos escasos (el tiempo de a
tención del médico, pongamos por caso) en contextos de por sí desfavorecidos. Según esta explicación, estas a
ctitudes de rechazo se ven reforzadas en un período de crisis económica como el a
ctual, caracterizado por a
ltísimas tasas de desempleo y por recortes presupuestarios que a
fectan de manera directa a
los programas de protección social.
Sin embargo, esta no es una explicación suficiente ya que también a
parecen encuestados de clases medias y niveles educativos más elevados con estas opiniones. Esto indica que otros factores también influyen.
En primer lugar, vemos que detrás de esta percepción injustificada por los datos se encuentran prejuicios y valores ideológicos, como muestra que encuestados de mayor religiosidad y conservadurismo mantengan más a
menudo posiciones intolerantes. Se trata pues, no tanto, de la existencia objetiva de situaciones de competencia por recursos escasos, sino más bien de la interpretación que hacen las personas con prejuicios de dichas situaciones.
Segundo, estos prejuicios no proceden única y fundamentalmente de valores y personalidades xenófobas. En gran medida, los prejuicios de la gente son construidos y a
lentados por determinadas medidas políticas. Ya el estudio clásico de Esping-Andersen mostraba que distintas políticas de bienestar implican distintos tipos de solidaridad y distintas coaliciones de clase.
En tercer lugar, el fenómeno creciente de la reacción populista a
nti-inmigrante se puede as
ociar a
la erosión de la democracia. La creciente desafección y sentimientos de desencanto de los ciudadanos no a
ciertan a
encontrar un referente ideológico y político que les dote de sentido. De hecho, lo que a
lgunos a
utores defienden es que las opiniones a
nti-inmigrantes y populistas son de hecho construidas por los políticos populistas que son capaces de canalizar la fuerza de la indignación (“La política paralizada por el miedo”, Germán Cano, El País 13-05-2011). Es decir, no se trata de que el político populista representa un grupo social pre-existente con ciertas opiniones y demandas, sino que de hecho contribuye a
constituir su propio electorado con sus discursos populista. El inmigrante es utilizado como catalizador de la incertidumbre y de la percepción de vulnerabilidad que a
fecta a
las sociedades post-industriales contemporáneas.
Esto supone que en un contexto de crisis económica el terreno está más que a
bonado para el incremento del voto a
este tipo de partidos o políticos populistas. En este contexto los a
rgumentos de que los inmigrantes son responsables de los principales problemas sociales (inseguridad, desempleo), a
busan de los sistemas de protección social, o que suponen una carga para el Estado de bienestar de la sociedad receptora, se convierten en un discurso con a
mplio eco social. Durante elecciones municipales de mayo 2011 la utilización del discurso a
nti-inmigración por determinados partidos y “empresarios políticos” se ha hecho particularmente visible en a
lgunos municipios de Cataluña. En dicha campaña electoral el tema de la inmigración cobró una fuerza inusitada, a
menudo en relación con temas de delincuencia e inseguridad, con civismo y convivencia, y con pobreza y saturación de los servicios públicos. As
í, García A
lbiol, candidato a
a
lcalde de Badalona por el PP, y su homologo en Barcelona, reclamaban “expulsar a
los inmigrantes que han venido a
nuestras ciudades a
delinquir” y “dejarles sin a
yudas sociales” (La Vanguardia 17-05-2011).
Una muestra de la utilización política de las a
ctitudes de desconfianza hacia los inmigrantes fue la estigmatización de los beneficiarios marroquíes del programa de RMI en Cataluña en el verano de 2011. En a
gosto de 2011 el Conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Mena, culpa a
miles de marroquíes de “abuso” del sistema, a
firmando que han vuelto a
su país y siguen cobrando la a
yuda. Como forma de a
ctuación a
nte esta situación se decide cambiar la forma de a
bono de la Renta Mínima de Inserción, de domiciliación bancaria a
talón. Según el presidente de la Generalitat, A
rtur Mas, dicha iniciativa era necesaria ya que: “O rompíamos el a
buso en la RMI, o en octubre no podría cobrar nadie”. La consecuencia inmediata fue que entre 6.000 y 7.000 perceptores (de los a
proximadamente 34.000 beneficiarios) no cobraron en a
gosto, lo que representaba un 20% del total. Con esta estrategia el gobierno a
utónomo pretendió introducir severos recortes en dicho programa sin as
umir un coste social y electoral (Arriba, A
. y Moreno Fuentes, F.J. 2012).
Finalmente, en el origen de estas opiniones intolerantes podemos ver el fenómeno más a
mplio de la devaluación de la solidaridad social. Los Estados de bienestar se han caracterizado históricamente por una tensión intrínseca entre defensores de un modelo más socialdemócrata y defensores de un modelo más liberal. El desarrollo histórico particular de distintos Estados de bienestar se puede leer de a
cuerdo con esta pugna interna, con a
vances y retrocesos. Por tanto, el riesgo para la sostenibilidad social no solo proceden de la inmigración: distintas clases y grupos sociales se encuentran de por sí en pugna por los derechos y beneficios sociales. Por ejemplo, el fenómeno de la fuga de las clases medias del Estado de bienestar se fundamenta en su suposición de que a
portan más de lo que reciben.
Pero a
demás, el proceso de transformación del Estado de bienestar en marcha desde los 1970s se ha traducido, no solo en una contención del gasto, sino en una modificación de los modelos de solidaridad. Está a
mpliamente documentado el proceso gradual de conversión de los regímenes socialdemócratas y corporativistas en regímenes liberales que ha tenido lugar en Europa. Este proceso supone una clara devaluación de la solidaridad social y una reducción de la capacidad redistributiva de los Estados de bienestar. Las prestaciones de bienestar tienden a
limitarse cada vez más a
la población ‘pobre’ y a
estar sujetas a
estrictas condiciones de elegibilidad. Como dice Wacquant, el derecho a
l bienestar (welfare) ha sido sustituido por la obligación de trabajar (workfare), y los receptores de prestaciones de bienestar deben cumplir ciertas reglas de conducta para probar su voluntad de trabajar.
No obstante, para entender bien este proceso debemos romper con la falsa dicotomía que opone Estado de bienestar y mercado. Lo que existe, y ha existido siempre, es una relación de complementariedad entre el Estado de bienestar y el mercado. El concepto de ‘régimen de bienestar’, tal como Esping-Andersen lo concibió, se refiere a
una combinación específica de a
ctividades del Estado, mercado y sociedad civil para la cobertura de las necesidades de los ciudadanos. De hecho, en la teoría de regímenes de bienestar cada régimen se corresponde con una configuración económica-industrial específica, y con un tipo específico de mercado laboral y de organización de las tareas de cuidado.
La erosión del Estado de bienestar viene de la mano de la transformación del sistema económico en una economía global que se inicia a
partir de los 1970s. El sistema de Bretton Woods de la posguerra, tal y como Keynes y Harry Dexter White lo habían concebido, se fundamentaba en dos pilares básicos: la liberalización del comercio y la regulación de los flujos de capitales (Chomsky, 2002). Los Estados de bienestar están diseñados para funcionar dentro de estos pilares, particularmente del dogma de la regulación financiera dentro de un capitalismo domesticado. Este sistema funcionó durante más o menos 25 a
ños, la época dorada del capitalismo de Estado de la posguerra, que se caracterizó por un ritmo muy elevado de crecimiento económico. El sistema fue desmantelado en los 1970, y en los a
ños 80 los controles de capitales habían desaparecido prácticamente en los países ricos.
El resultado de este cambio lo estamos padeciendo en la a
ctualidad. Claro, estos cambios radicalmente el rol de los Estados de bienestar y no solo el contexto económico en que se mueven.
Desde esta perspectiva, Loui Wacquant entiende el Estado de bienestar contemporáneo, minimalista, liberal, controlador, como parte de intrínseca del a
ctual sistema económico neoliberal. Según Wacquant, este Estado de bienestar tiene como tarea fundamental controlar y disciplinar a
los pobres (a través de las estrategias complementarias de active citizenship, workfare y prisionfare (Wacquant, 2011). Según Wacquant, este Estado es “fieramente intervencionista y a
utoritario cuando se trata con las consecuencias destructivas de la desregulación económica para a
quellos en el extremo inferior del espectro de clases” (Wacquant, 2011: 7). Esta perspectiva encaja bastante con las desproporcionadas medidas policiales utilizadas en nuestro país, por las a
utoridades de diversos á
mbitos, para contener las manifestaciones ciudadanas de descontento a
nte los recortes sociales.
Además, como consecuencia de la globalización y la precarización del trabajo, se transforma el rol de los ciudadanos. En el sistema keynesiano de la posguerra clases medias y trabajadoras eran necesarias como productores y como consumidores; a
hora que el pacto keynesiano se ha roto los ciudadanos ya no son indispensables para el mercado y los ciudadanos deben as
umir un rol diferente de cara a
un Estado (de bienestar) diferente. El modelo nuevo es la ciudadanía a
ctiva, que pasa de ser entendida como un derecho a
ser entendida como una obligación, y de un Estado del bienestar (welfare) se pasa a
otro del trabajo (workfare). El as
censo de los populismos a
nti-inmigrante debe entenderse como efecto de un proceso a
mplio transformación de la economía capitalista y de recorte del Estado de bienestar, y como consecuencia de modificación de los ejes de lucha política. El eje de clase, donde la postura a
nte la redistribución cobra un papel fundamental, queda a
bandonado en función de otros criterios que vienen a
dar cuenta de los votos del electorado en la a
ctualidad (Bornschier 2007).
En resumen, es falso entender el as
censo del populismo como reacción directa del a
umento de diversidad étnica en las sociedades europeas. Se trata de una relación espuria. Lo que hay realmente detrás de estos populismos es el a
umento de la precariedad de los ciudadanos y de la percepción de riesgo social, como consecuencia de dos transformaciones interrelacionadas. En primer lugar, la transformación de la economía capitalista en un mercado global. En segundo lugar, la transformación sufrida por el Estado de bienestar, no tanto en términos de recorte sino de a
daptación en términos de su rol dentro de este nuevo proyecto neoliberal y las políticas de bienestar ‘liberales’. Y el a
provechamiento de estos fenómenos por parte de empresarios políticas que buscan as
í recabar votos con discursos populistas.
Reflexiones finales
Finalmente, quiero reflexionar a
quí sobre el impacto que este fenómeno puede a
carrear para el a
poyo ciudadano a
l Estado de bienestar. Los inmigrantes a
portan claramente más a
l Estado de bienestar de lo que reciben. Introducen flexibilidad y suplen carencias del sistema de protección social, pero... a
l mismo tiempo generan demandas y plantean nuevos retos.
El sistema de protección social les incorpora relativamente bien pero debe a
bordar una serie de cuestiones impostergables, no solo respecto a
los inmigrantes. El reto que tienen las a
utoridades a
nte sí es complejo: la preservación del Estado de bienestar depende del reforzamiento de la solidaridad social y de la inclusión social de todos sus miembros. Los inmigrantes a
terrizan en un Estado de bienestar como el español, ya de por sí a
travesado por conflictos concomitantes en su solidaridad interna. La a
parición de los inmigrantes en el escenario español puede también desatar otro movimiento en defensa de solidaridades particularistas: a
quellas solidaridades intra-grupales basadas en la pertenencia étnica (racial, religiosa, etc.).
Hablar de solidaridad implica pues necesariamente plantearse solidaridad ¿entre quiénes?, es decir, implica un debate sobre identidad y ciudadanía. ¿Quién es ciudadano/a? ¿Cómo se define? ¿Quién lo define? ¿Qué debe primar en la definición de la identidad, a
utodeterminación o determinados marcadores culturales? La solidaridad y los Estados de bienestar no nacieron de la nada. Los distintos tipos de solidaridad son el producto de las coaliciones que dieron lugar a
los diferentes regímenes de bienestar. Los regímenes de bienestar conservador-corporativistas continúan el tipo de solidaridad intra-grupal propia de los gremios, según la cual sus miembros se a
poyan mutuamente entre sí. También los sindicatos desarrollan un tipo similar de solidaridad intra-grupal, donde la solidaridad no se extiende más a
llá de las fronteras del propio colectivo, en este caso definido con un criterio de clase social. Los regímenes social-demócratas, si bien provenientes de fuertes movimientos sindicales en a
lgunos países y de los partidos socialistas formando gobiernos, hubieron de incorporar un tipo de solidaridad nacional a
la hora de recabar a
poyos para su proyecto de reforma. De esta manera, la solidaridad socialista intra-clase trabajadora hubo de convertirse en solidaridad universal (cross-class) a
barcando todos los residentes de una nación.
La inmigración saca a
relucir los diversos retos que debe a
frontar el Estado de bienestar de cara a
su sostenibilidad futura y el reforzamiento de la solidaridad social.
Un primer reto es el de la fuga de las clases medias. Los regímenes social-demócratas promueven pues la igualdad de estatus, promoviendo una solidaridad universal igual para todos (‘tasa-fija democrática’ o democratic flat-rate) y presumiendo una meta similar para todos los ciudadanos: un beneficio modesto e igualitario. El problema con este proyecto es si la meta de los ciudadanos difiere entre sí o es a
biertamente des-igualitaria. Las clases medias y nuevas clases medias, que a
biertamente as
piran a
distinguirse y obtener mayores beneficios que el resto, se convierten pues en un problema para la solidaridad entre clases, pilar básico del Estado de bienestar social-demócrata.
Pero estas clases medias que optan por servicios privados, quieren reducir sus impuestos y se preguntan el para qué de mantener este costoso Estado benefactor, olvidan demasiado fácilmente lo que Tony Judt ha llamado el ‘trauma social y político que representaba la inseguridad económica de las masas’. La lucha contra la desigualdad social extrema está en el origen de los Estados de bienestar, entendiéndola como condición necesaria para la democracia y el crecimiento económico. Las clases medias ofrecieron su solidaridad a
cambio de paz social. Querer ir por libre no es solo egoísta, sino que es poco inteligente.
Un segundo reto es el de la integración de los inmigrantes, entendida a
quí no en términos de a
daptación cultural sino de lograr igualdad socioeconómica. En este sentido, la inclusión socioeconómica de la población de origen inmigrante debe ser fomentada por las a
utoridades públicas, no solo por razones de justicia social y por evitar una dualización de la sociedad en la que la población más desfavorecida económicamente venga a
coincidir con las minorías étnicas. Sino porque la lucha contra la exclusión social de los inmigrantes es una condición necesaria para la democracia y el crecimiento económico de toda la sociedad.
Un tercer reto es el de la intolerancia de clases vulnerables. Este reto se debe leer en términos de lucha contra la desigualdad social. Sin embargo, no es la existencia de competencia por recursos escasos lo que explica estas a
ctitudes, sino que son las a
ctitudes las que explican más bien la percepción de dicha competencia. Y en este sentido, determinadas políticas facilitan el que los inmigrantes percibidos como competidores por prestaciones y servicios públicos. Un claro ejemplo son las políticas de a
usteridad. Lo que Paul Krugman llama la creencia en el ‘hada de la confianza’ (El País, El final de un cuento de hadas), la creencia que las políticas de a
usteridad nos sacarán de la recesión económica y que hemos de recortar drásticamente las políticas sociales. Como la OIT reconocía hace dos semanas, estas políticas no solo no solucionan la crisis ni a
umentan la confianza de los inversores, sino que deterioran mucho más la situación incrementando el paro y la vulnerabilidad social. En consecuencia, suponen un grave a
umento de la percepción de conflicto y debilitan la sostenibilidad social del Estado de bienestar.
¿Qué pueden hacer a
nte esto las a
utoridades?
Por una parte, reforzar la política social a
l tiempo que se minimizan los gastos sociales no redistributivos. Reforzar la solidaridad tiene que pasar por recortar otras partidas. Hay que a
portar y equilibrar recursos, siempre desde la perspectiva de la distribución de rentas y la equidad. Por otra, esto siempre tiene que ir a
compañado de lo que Chomsky llama el ‘imperativo de la regulación’. Es decir, no solo otra Economía es posible sino que otra Economía es necesaria si queremos otro Estado de bienestar sostenible. Y esta Economía tiene que pasar por regular los flujos financieros y los bancos.
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