Presentación
Vivimos tiempos de c
risis aguda c
on graves c
onsecuencias sociales: aumenta la pobreza y la exclusión social, se recortan derechos sociales y laborales, las c
lases medias y trabajadoras están en una situación de precarización, empobrecimiento y sumidos en la incertidumbre y c
on miedo y zozobra… Si bien ha habido durante las últimas décadas diferentes c
risis en el plano económico que han afectado negativamente al bienestar de las personas y a los derechos sociales, todo parece indicar que la c
risis que estamos viviendo no tiene parangón y es de una gravedad extrema, hasta el punto de que se están erosionando los pilares que han sustentado hasta la fecha el llamado Estado social o de bienestar: los valores de la solidaridad, la equidad y la justicia sociales y la ayuda a las personas necesitadas y los derechos sociales y económicos. Los retos a los que nos enfrentamos tienen dimensiones c
olosales y c
aracterísticas históricas.
Dice la Ley 3/1985 que “el Ararteko es el alto c
omisionado del Parlamento para la defensa de los derechos c
omprendidos en el Título I de la C
onstitución garantizándolos de acuerdo c
on la Ley, velando porque se c
umplan los principios generales del orden democrático c
ontenidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía”. Para ello, la Defensoría que dirijo debe investigar, a instancias de la c
iudadanía o por iniciativa propia, la actuación de las administraciones públicas a través de expedientes de queja, pero también ha de evaluar las políticas públicas y el sistema de protección de los derechos de las personas dirigiendo recomendaciones a los poderes públicos o promoviendo la producción de informes, análisis o ideas que tengan por objeto reforzar la c
ultura de respeto de los derechos de las personas o el sistema de protección de los mismos. En este sentido, entendemos que el Ararteko no puede permanecer impasible ante una situación que es extremadamente c
rítica y delicada, y que está afectando directamente a los derechos sociales y al bienestar de los c
iudadanos vascos. El número de personas que acuden a la institución por problemas derivados de la c
risis ha aumentado de manera espectacular. Estamos en el límite de nuestras posibilidades de atención a la c
iudadanía y redoblando esfuerzos para dar información y orientación a personas y familias que se han quedado sin empleo y que c
arecen de prestaciones por desempleo o las han agotado, o que están incursos en procedimientos de desahucio por no poder pagar la hipoteca o el arrendamiento y para tramitar en el plazo más breve posible las reclamaciones de los c
iudadanos y c
iudadanas c
ontra actuaciones administrativas que c
onsideran son lesivas de sus derechos o c
ontrarias a la buena administración. En dos años se ha multiplicado por seis el número de expedientes de queja relacionados c
on actuaciones de las administraciones en la gestión de las ayudas sociales de c
ontenido económico…
Hemos c
reído que resulta útil y oportuno aportar, en el uso de nuestras atribuciones, a la sociedad, a las organizaciones sociales y a los poderes públicos y administraciones análisis y puntos de vista c
on respecto a lo que está acaeciendo desde el prisma de nuestra responsabilidad institucional, haciendo el esfuerzo, al mismo tiempo, por visibilizar los lindes de los c
ontenidos mínimos e indisponibles de los derechos sociales. Hemos realizado, a este respecto, un estudio jurídico sobre el significado de los derechos humanos, especialmente de los derechos socioeconómicos, en el diseño de las políticas públicas en tiempos de c
risis económica. Sobre la base de un análisis del ordenamiento c
onstitucional español y del derecho internacional de los derechos humanos, así c
omo la jurisprudencia relacionada, el estudio (incluido en este volumen) defiende que los derechos humanos generan la obligación para los poderes públicos de c
rear y mantener políticas, prestaciones y servicios que garanticen su ejercicio y su c
umplimiento eficaz.
El Ararteko organizó unas jornadas los pasados días 14 y 15 de mayo bajo el título “Los derechos sociales en tiempos de c
risis. Hay solución, busquemos alternativas” en las que participaron expertos en derechos humanos y derechos sociales, en economía, en políticas públicas, en demografía o en políticas europeas, así c
omo expertos c
onocedores de la realidad social del País Vasco. Esta publicación recoge, precisamente, las ponencias de dichas jornadas. Las intervenciones y los debates que hubo en ellas pusieron de manifiesto la tremenda c
omplejidad de la situación que estamos viviendo y las enormes dificultades para encontrar una salida a la misma.
La c
risis tiene, desde sus c
omienzos a finales de 2008, unas c
ausas y una dimensión financieras indiscutibles. También posee una c
lara dimensión europea o, mejor dicho, las salidas a la c
risis están fuertemente vinculadas a las políticas y decisiones que se están adoptando y se adoptarán en el marco de los diecisiete países que c
onforman la unión monetaria o la Eurozona en el seno de la UE. Por tanto, todo planteamiento que se haga para garantizar el mantenimiento, la protección y la sostenibilidad de los derechos sociales ha de abordar las c
uestiones nucleares del sistema financiero, así c
omo el c
omportamiento de las autoridades políticas y económico-financieras europeas. En el actual c
ontexto de c
risis financiera, está en manos de los órganos y autoridades europeos en buena medida (porque existe una unión monetaria en torno al euro y al Banco C
entral Europeo) la adopción de aquellas decisiones y medidas que habiliten soluciones para el pago y la refinanciación de la deuda acumulada por las administraciones públicas y sobre todo por el sector privado (bancos y c
ajas y empresas) de España. Igualmente, resulta decisiva la intervención de las instancias europeas para la obtención de nuevos recursos financieros para c
ubrir las necesidades de las administraciones y de las empresas c
on el fin de hacer frente a los déficits presupuestarios de aquellas y a las inversiones por parte de estos. Ahora bien, c
abe preguntarse si las decisiones que se están adoptando son c
orrectas y si son las únicas posibles.
Frente al discurso único de la austeridad, frente a los intereses de determinados grupos de interés, frente a los c
ánones neoliberales c
ontrarios al Estado de bienestar, en opinión de numerosos expertos, otras políticas a nivel de la Eurozona y de la UE son posibles. Sin ir más lejos, la llegada a la presidencia francesa de François Hollande ha abierto una nueva vía en la política de la UE que antes parecía imposible: la habilitación de políticas de c
recimiento económico y de c
reación de empleo que sean c
omplementarios a los planes de reducción de las deudas y los déficits públicos. Por otra parte, el Banco C
entral Europeo (BCE) podría jugar un papel diferente al que está desempeñando hasta ahora. Michel Rocard y Pierre Larrouturou proponían, a c
omienzos de año, que el BCE pudiese prestar directamente a las administraciones públicas al interés legalmente establecido, c
omo lo hace c
on los bancos, o un tipo inferior1.
El proyecto europeo está pasando probablemente por sus horas más bajas. Por el momento, el c
omportamiento de las instituciones europeas y de la mayoría de los gobiernos de la Unión está dejando mucho que desear. El objetivo que parecen perseguir las autoridades políticas de los Estados miembro más poderosos de la Eurozona y de la UE es el de garantizar el pago de las deudas c
ontraídas c
on los bancos de sus respectivos países por entidades privadas y administraciones públicas; para ello presionan a los países más endeudados para que garanticen, al precio que sea, el pago de dichas deudas, aunque estas no hayan sido generadas por las administraciones públicas2.
Urge situar en todos los niveles territoriales de decisión política, c
omenzando por la Unión Europea y la Eurozona, el debate acerca del mantenimiento y la sostenibilidad del Estado social y de los derechos sociales por encima del rescate de los bancos. Parece razonable que se hagan esfuerzos para situar en márgenes aceptables y sostenibles en el tiempo los déficits y deudas públicas y se persiga el equilibrio presupuestario, c
umpliendo así c
on los objetivos marcados en Maastricht en 1992. Parece también razonable que se avance para ello en la senda de la unión fiscal. Pero, al mismo tiempo, resulta indispensable que la Eurozona y la UE se doten de un sistema financiero sólido y estable, limpio de toxicidades, de engaños y de trampas y de intereses especulativos.
Se habla mucho últimamente de las diferentes patas de la UE, de que la unión monetaria resulta insuficiente sin una pata bancaria c
omún, sin una pata fiscal c
omún… Hay un pilar absolutamente fundamental que se obvia: la necesidad de una c
iudadanía europea, de una voluntad c
omún de las mujeres y hombres que c
onformamos la Unión, de un c
ontrato social que nos vincule a todos c
on un proyecto y unos objetivos c
ompartidos y, sobre todo, c
on unos valores c
ompartidos, los valores de la solidaridad, de la inclusión social, de la equidad y de la justicia sociales. Esos valores estuvieron presentes, en alguna medida, c
uando los países europeos se reconstruyeron tras la II Guerra Mundial, c
uando algunos de ellos fijaron las bases del Estado Social o de Bienestar, c
uando seis de ellos impulsaron la c
onstitución de la C
EE, que fue el germen de la actual UE de 27 países, c
uando se produjo la reunificación alemana, c
uando tras el derrumbe del Bloque del Este y la c
aída del muro de la vergüenza que dividió en dos a Europa se produjo la ampliación de la Unión al este acogiendo en su seno a nuevos países… Hasta que llegó la c
risis y los lazos de c
onfianza, de solidaridad y de c
ompartir un proyecto c
omún se han roto. Urge, por ello, reconstruir el pilar de la c
iudadanía europea c
omo motor y garante de que la Unión Europea supere la c
risis reforzándose y sin merma de los derechos sociales de su c
iudadanía.
Vitoria-Gasteiz, julio de 2012
1 Se c
alcula que entre octubre del año pasado y mayo del presente el BCE ha prestado c
erca de un billón de euros a los bancos al interés del 1%; parte de ese dinero lo han empleado los bancos para hacer negocio c
on la deuda soberana, c
omprando bonos públicos a un interés superior. Es c
ierto que la normativa europea lo prohíbe, pero podría modificarse dicha normativa o, en su defecto, el ex primer ministro francés y el economista proponían que prestase dinero al 0,1% de interés al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y este a las administraciones públicas al 0,2%. En todo c
aso, sorprende la parálisis del BEI y la inacción del BCE, dos poderosas herramientas financieras europeas en una c
oyuntura en la que se están jugando la supervivencia del euro, la supervivencia del Estado Social en unos c
uantos Estados europeos y en la que los derechos sociales se están c
ercenando en algunos países europeos c
on c
onsecuencias gravísimas c
omo el aumento enorme de la pobreza y el incremento de situaciones extremas de personas sin techo y pasando hambre.
2 La gestión en torno a la c
oncesión de un préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar las entidades financieras españolas que están al borde de la quiebra es muestra elocuente de ello. A este respecto, desde la óptica de la defensa del interés público y de los derechos c
iudadanos entendemos que debería exigirse transparencia absoluta en relación c
on las ayudas públicas. Esto es, el rescate de las entidades financieras debería justificarse suficiente y razonadamente, c
on luz y taquígrafos, informando c
on transparencia sobre las c
onsecuencias de su hipotética quiebra. Habría, asimismo, que explicar públicamente quiénes son las entidades acreedoras, c
uánto se les debe, para qué fines se c
oncedieron los c
réditos, qué análisis de riesgo realizaron en su momento, qué c
ontroles ha habido en el flujo de c
apitales de los bancos acreedores a las c
ajas y bancos deudores, así c
omo en el gasto que estas han realizado, etc. A partir de ahí, habría que exigir asimismo transparencia total acerca de las c
ondiciones y de las garantías o avales exigidos en relación c
on el préstamo c
oncedido por la Eurozona. ¿Solo c
abe el aval en última instancia del Estado español? ¿Solo c
abe para ello recortar el gasto público, los salarios y el gasto social en una c
antidad equivalente a la c
uantía del c
rédito c
on el fin de mantener a toda c
osta los objetivos del déficit presupuestario?