Con la limitación que supone c
ondensar en unas pocas páginas la c
antidad de problemáticas, necesidades, respuestas y recursos mencionados en los c
apítulos anteriores, abordamos este apartado c
on la intención de señalar aquellas c
uestiones que entendemos de máximo interés animando, en su c
aso a una lectura más reposada.
En lo que respecta a las quejas tramitadas, el volumen de las gestionadas el presente año 2011 nos lleva a afirmar que el área de educación se c
onsolida c
omo una de las áreas de mayor peso relativo c
on respecto al c
onjunto de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia.
El estudio de estas quejas, en especial de las que han sido destacadas, nos lleva a animar a la Administración educativa a que persevere en la labor de adecuación y mejora c
ontinua de la programación educativa hasta lograr la c
onsecución efectiva de los c
riterios (indicadores) que han sido establecidos para organizar y planificar la red de c
entros no universitarios. Valoramos positivamente que entre estos c
riterios se haya incluido el c
ompromiso por tratar de asegurar la participación de todos los agentes educativos en la realización de una planificación democrática y adecuada a las necesidades educativas reales de la c
iudadanía. Nos preocupa, no obstante, que el c
arácter potencialmente abierto de la oferta de modelos lingüísticos pueda poner en riesgo el acceso al sistema educativo en c
ondiciones de igualdad c
onforme al modelo lingüístico elegido por las familias.
Precisamente, la necesidad de asegurar una auténtica igualdad de oportunidades hace preciso que la Administración educativa extreme el c
uidado en la gestión de los procesos de admisión de alumnado c
on la c
omprobación de una aplicación c
abal de los c
riterios prioritarios previstos para los supuestos de insuficiencia de plazas (residencia efectiva de las familias) y revisando o reconsiderando la aplicación de aquellos otros que puedan ser motivo de discriminación (primogenitura) o que puedan no c
ontribuir a objetivos necesarios c
omo el de la c
onciliación de las necesidades familiares y laborales. De igual modo, sería c
onveniente que la Administración educativa revisase la aplicación informática que permite la resolución mecanizada de estos procesos de admisión de alumnado para apurar, en lo posible, esta igualdad de trato (adjudicación de segundas y terceras opciones). Fuera de los periodos o plazos ordinarios, las propuestas de las C
omisiones territoriales de escolarización deberían atender, en la medida de lo posible, a la voluntad de las familias.
Es c
onveniente que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación ultime, a la mayor brevedad posible, el diagnóstico pendiente c
on respecto a la realidad del primer c
iclo de la etapa de educación infantil. Ello permitirá intervenir, de manera adecuada, c
on respecto a algunas realidades que se están produciendo en las aulas de dos años de c
entros públicos dependientes de la Administración educativa.
Mostramos nuestra inquietud por las decisiones organizativas que se vienen adoptando en el ámbito de las escuelas infantiles dependientes del C
onsorcio Haurreskolak (agrupamientos) así c
omo por los resultados que pueda ofrecer el nuevo Plan de atención a la infancia de c
ero a tres años que ha promovido el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (Haur Etxea).
En lo que respecta a los servicios c
omplementarios de transporte y c
omedor, en particular en lo que afecta a transporte escolar, queremos insistir en que la Administración educativa no debe descartar un intento de aplicación más flexible, que no arbitraria, de los c
riterios que dan acceso al servicio c
uando ello redunde en una mejora de la atención al alumnado, sin perjuicio, naturalmente, de intentar mejorar las posibilidades de organización del servicio a través de la revisión del mapa escolar.
En c
uanto a c
omedores, c
reemos que se deben apurar las posibilidades de disponibilidad presupuestaria y para hacer extensivo el tratamiento de reducción de c
uotas de c
omedor al alumnado transportado que c
ursa enseñanzas obligatorias en c
entros educativos públicos que no disponen de servicio de c
omedor de gestión directa y que no c
uentan c
on servicio de transporte de mediodía.
En materia de necesidades educativas especiales debemos manifestar, una vez más, la necesidad de intensificar los esfuerzos para establecer buenas prácticas orientadas a propiciar una mayor c
oordinación entre servicios educativos que garantice, a su vez, un c
orrecto seguimiento y una adecuada evaluación de la respuesta educativa a los y las menores c
on necesidades especiales, así c
omo a una mayor c
olaboración c
on sus familias. C
onfiamos en que el próximo Plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva suponga un refuerzo importante para la c
onsolidación o el asentamiento de estas dinámicas de actuación. En c
ualquier c
aso, debe agilizarse la respuesta a las necesidades sanitarias especiales durante el horario escolar.
En materia de c
onvivencia escolar insistimos en la necesidad de tratar de evitar la burocratización y de profundizar en el establecimiento de buenas prácticas entre las que necesariamente se ha de incorporar la mayor c
olaboración c
on las familias. Esperamos que la nueva guía aprobada c
ontribuya a ello.
En el nivel universitario, la experiencia de la pasada c
onvocatoria debe llevar a intensificar la necesaria c
oordinación entre la Universidad y los c
entros que imparten bachillerato c
on el fin de garantizar la adecuación de los ejercicios al c
urrículo del bachillerato.
Debe c
onsiderarse también la c
onveniencia de ampliar la información disponible en la Guía de Acceso a la Universidad y se deben c
ontemplar nuevas prácticas orientadas a una mejor administración.
En el ámbito de los servicios sociales para la infancia en desprotección c
omenzamos por señalar, c
omo ya lo hiciéramos el pasado año, el necesario apoyo a las familias en el desempeño de sus c
ompetencias parentales. Si bien es c
ierto que en este documento se ha visibilizado principalmente la actuación de los servicios sociales de atención secundaria, que intervienen c
uando las situaciones de desprotección son especialmente graves y, por tanto, la separación del núcleo familiar es ya en una proporción importante un hecho, queremos en este momento ampliar la mirada y destacar precisamente el valor de los apoyos a las familias en etapas anteriores, antes de que ocurra nada o antes de que las situaciones se agraven, c
on una c
lara intencionalidad preventiva y de atención temprana. No se ha dicho todavía lo suficiente sobre el impacto que la labor sostenida en el tiempo de orientación y asesoramiento en pautas educativas, el acompañamiento ante dificultades incipientes, la intervención en el ámbito natural y c
omunitario, tiene sobre las c
ondiciones de bienestar y c
ohesión en las que los niños, niñas y adolescentes se desarrollan, desactivando o minimizando c
laramente los efectos de desprotección más graves.
Así, insistimos en la necesidad de potenciar los esfuerzos desarrollados desde los servicios sociales municipales, tanto preventivos c
omo de intervención familiar y c
omunitaria. A los servicios sociales de infancia forales les animamos, por otro lado, a reforzar el trabajo c
on las familias, tanto en los c
asos en los que parezca posible la reconstitución familiar, c
omo en las familias acogedoras o adoptivas. En el c
aso c
oncreto del acogimiento familiar, c
reemos que hay que dar un paso más en la regulación de esta medida de separación, c
larificando aspectos que hasta el momento se encuentran en la indefinición, c
omo pueden ser los derechos y deberes de las familias acogedoras, y estableciendo requisitos, pautas y procedimientos que garanticen los derechos de todas las personas implicadas: niños, niñas, familias. Mientras esto sucede, la ampliación y estabilización de los equipos de educadores y educadoras que acompañan los procesos de acogimiento es una tarea ineludible.
El otro momento c
rítico en los procesos que siguen los c
hicos y c
hicas atendidos por los servicios sociales de protección es el de la emancipación. C
umplida la mayoría de edad legal, difícilmente podríamos imaginarlos c
omo personas autónomas, en tanto en c
uanto no disponen de los elementos que posibilitan una autonomía real: el trabajo, los recursos económicos y los residenciales. C
arentes de la familia que a otros y otras jóvenes da el soporte suficiente en el itinerario hacia la emancipación, es la administración quien deberá velar c
on especial c
elo por que este tránsito se haga adecuadamente. Y esto requiere especialmente buena c
oordinación y c
olaboración entre servicios, departamentos e instituciones.
A un proceso de emancipación poco articulado son especialmente sensibles los menores extranjeros no acompañados, que c
uentan c
on escasa red de apoyos. Aun c
uando el número de menores que llega a nuestra C
omunidad sigue en 2011 la tendencia descendente iniciada en 2009, esta institución sigue alerta a c
ómo se están garantizando los derechos de estos y estas menores a la luz de las recomendaciones que en esta materia se han emitido en años anteriores. A este respecto volvemos a reiterar la necesidad de c
ontar ya c
on el protocolo de acogida de urgencia, que c
larificará responsabilidades y pautas de actuación, a la vez que aportará c
oherencia y fluidez al proceso de acogida.
Esperamos, por otro lado, que la práctica de no aportar la documentación que señala el c
ese de la tutela o del acogimiento residencial a la salida de los recursos forales, que ha sido objeto de queja en un número determinado de c
asos este año, no siga dándose en el futuro.
Como c
ierre de este apartado quisiéramos reconocer la mejora observada en el funcionamiento de los servicios sociales de protección, desde la valoración a través de un instrumento c
onsensuado y c
ompartido por todos los agentes y que permite la detección de las situaciones de desprotección c
on el suficiente matiz c
omo para ser atendido desde sus fases más tempranas, hasta la atención prestada en los servicios de acogimiento residencial que, a tenor de lo observado directamente este año, c
ontinúan mejorando y, quizás lo más interesante, adaptando sus respuestas a las necesidades c
ambiantes que van afrontando.
En lo tocante a la política familiar, los poderes públicos vascos, en general, deben tomar c
onciencia de la importancia de incrementar el apoyo a las familias, que operan c
omo respaldo necesario para las situaciones de necesidad, c
omplementando y en muchas ocasiones suplantando en ese sentido las funciones del Estado de bienestar. Las quejas c
iudadanas y el tejido asociativo expresan esa necesidad de aumentar los apoyos públicos a las familias, en especial a aquellas que tienen singulares dificultades, c
omo pueden ser las familias numerosas, las familias monoparentales u otras en c
uyo seno viven personas en especiales situaciones de dependencia o enfermedad. Entendemos que además de las ayudas directas existentes en la actualidad, es preciso revisar el actual sistema fiscal para c
onvertirlo en una verdadera herramienta para articular el apoyo público a las distintas situaciones familiares.
Consideramos acertada la perspectiva transversal del III Plan Interinstitucional de apoyo a las Familias (2011-2015), así c
omo la orientación hacia nuevas formas de apoyo a las familias dirigidas a c
rear más oferta de servicios c
omunitarios. Valoramos también de manera positiva la inclusión en este plan de estrategias, objetivos y medidas para avanzar en la línea propuesta por las recomendaciones del informe extraordinario Transmisión de valores a menores de esta institución. En todo c
aso, es preciso que todas las instituciones vascas c
on responsabilidades en este ámbito c
oordinen sus esfuerzos para lograr la eficacia de sus previsiones.
Seguimos alertas a la evolución de las situaciones de violencia ejercida por adolescentes hacia sus progenitores, tanto en lo que tiene que ver c
on la explicación y diagnóstico del fenómeno, c
omo en la atención y la intervención que se viene articulando desde distintas instancias administrativas. Valoramos c
omo buenas prácticas las que hemos tenido oportunidad de c
onocer y reiteramos la necesidad de incrementar esfuerzos en prevención y atención en fases tempranas.
Compartimos preocupación c
on profesionales y organizaciones sociales por la situación en que pueden encontrarse los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que, de momento, no son c
onsiderados víctimas directas de esa violencia c
uando no son agredidos particularmente. Abogamos por profundizar en el diagnóstico (¿de c
uántos niños y niñas hablamos? ¿cuáles son las evidencias del impacto de la exposición a la violencia en el hogar?) y en su reconocimiento c
omo víctimas directas, c
omo punto de arranque para la articulación de las pertinentes intervenciones de sensibilización, prevención, atención, c
oordinación interinstitucional, etc.
En otro orden de c
osas, estaremos vigilantes para que las diferentes administraciones c
oncernidas adopten las medidas necesarias para que se reconozca a los padres y madres separados y divorciados, c
on independencia de que ostenten o no la c
ustodia de sus hijos e hijas, el derecho a recibir información relativa a sus hijos e hijas: estado de salud, evolución escolar, etc. así c
omo a entrevistarse c
on el profesorado y a c
olaborar en la c
omunidad educativa del c
entro, en los mismos términos y c
on los mismos requisitos y c
autelas que al resto de padres y madres.
La asunción de la responsabilidad pública de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial c
ontemplada en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales, la mejora observada en su funcionamiento y el c
ambio c
ompetencial por el que pasan a ser responsabilidad de la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco desde el inicio de 2012, nos hace ser optimistas respecto a su mejor incardinación en el sistema judicial y, en c
onsecuencia, a la mayor eficacia y eficiencia de estos recursos que demuestran día a día su valor para garantizar el derecho de niños y niñas a mantener la relación c
on sus progenitores, incluso en situaciones de separación c
ontenciosa. Seguiremos c
on interés su evolución.
En el ámbito de salud y la atención a las personas menores dependientes se registran avances en el desarrollo de la estrategia de la c
ronicidad. Sin embargo, es necesario otorgar un mayor apoyo institucional a las asociaciones de pacientes, de personas c
on enfermedad c
rónica y a entidades sociales que trabajan a favor de los derechos de estas personas, c
on el fin de garantizar la estabilidad de los programas y servicios que ofrecen, c
uya utilidad para el c
olectivo de personas c
on enfermedad c
rónica ha quedado c
onstatada.
Cesa la inactividad del C
onsejo Vasco de Atención Sociosanitaria que señalábamos en años anteriores y se aprueban documentos de gran trascendencia para la implantación y mejora de este tipo de atención, imprescindible en el abordaje de la problemática del c
olectivo de personas dependientes. Merecen ser destacadas las mejoras en el Modelo de Atención Temprana aprobado por este organismo en el sentido de la ampliación en la edad de las personas beneficiarias hasta los 6 años, tal y c
omo se solicitaba en una de las recomendaciones del informe extraordinario La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la C
APV, presentado al Parlamento Vasco este año.
En general, la percepción que las personas afectadas por linfedema, enfermedades c
ongénitas del metabolismo y otras enfermedades de baja prevalencia tienen sobre la atención que se les dispensa difiere de la información facilitada por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Ello c
onstituye una herramienta muy útil para que la administración sanitaria pueda testar la aplicación práctica de sus previsiones organizativas y adoptar las medidas oportunas de c
orrección.
Se hacen urgentes actuaciones de los sistemas social y sanitario tendentes a subsanar la insuficiencia de estructuras intermedias en el ámbito de la salud mental e insistimos, especialmente, en la atención al trastorno límite de personalidad, de especial incidencia en jóvenes. La apuesta por programas de tratamiento asertivo c
omunitario planteados c
omo c
adena de apoyos y c
on garantías de seguridad para todas las partes implicadas, realizada por la Red de Salud Mental de Osakidetza, nos parece plenamente válida.
En el ámbito de las actividades artísticas y deportivas desarrolladas c
on niños, niñas y adolescentes aprovechamos para destacar el potencial educativo de estas, que trasciende el mero aprendizaje y desarrollo de destrezas y c
ompetencias técnicas propias de esas disciplinas (música, pintura, expresión, deporte escolar…) para c
ontribuir a la educación integral de los c
hicos y c
hicas, adentrándose en la educación en valores positivos para un desarrollo personal y social saludable.
Entre los problemas que nos trasladan las asociaciones LGTB destaca por su gravedad el acoso homofóbico y transfóbico que, en ocasiones, pasa desapercibido c
omo origen o motivo de situaciones de maltrato entre iguales detectadas. Siendo una buena noticia el plan de trabajo para la gestión de la diversidad afectivo-sexual elaborado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, que plantea incorporar herramientas para la detección del acoso homofóbico en el protocolo c
ontra el acoso escolar, a la par que trabaja en la línea formativa c
on el profesorado para mejorar la detección en las aulas, nos mantendremos atentos a su implementación y resultados.
Una vez más señalamos la necesidad de que las instituciones educativas aborden estrategias que aseguren que la escuela sea un sitio seguro, que garantice el amparo de los menores y las menores en el libre y pleno desarrollo de su orientación sexual y de su identidad de género, en un modelo de c
onvivencia escolar pacífico e integrador de la diversidad. A lo largo de 2011 y 2012 esperamos c
ontribuir de manera especial a tal c
ometido desde nuestra participación en el proyecto europeo Rainbow, dirigido precisamente a generar herramientas para la intervención educativa en la lucha c
ontra el acoso homofóbico o transfóbico en el ámbito escolar.
Como c
olofón a las c
onsideraciones en torno a sistemas sectoriales de atención de estos párrafos precedentes y c
onstatados avances y puntos de mejora observados en ellos, c
reemos que es el momento de referirnos a uno de los retos que enfrentan todos ellos y que ya exponemos y justificamos en el informe extraordinario sobre Infancias vulnerables presentado en 2011: el reto de la atención en las intersecciones, en los territorios fronterizos o c
ompartidos entre sistemas, en las respuestas c
omplejas e inter-departamentales, inter-institucionales, inter-disciplinares. Porque los itinerarios para el desarrollo integral y la participación social de nuestros y nuestras menores requiere del trabajo c
onjunto e integrado de todos los agentes e instancias c
omprometidas en ello.
Requiere, además, dar espacio a los artículos 12 y 13 de la C
onvención de los Derechos de la Infancia que nos recuerdan el derecho a expresar su opinión y a recibir y dar información que les asiste. Desde la experiencia del C
onsejo de Infancia y Adolescencia c
on el que ya empezamos a c
onsolidar recorrido y la publicación del espacio web para niños y niñas de 6 a 11 años la isla de los derechos, animamos a avanzar en la articulación de c
auces de participación real y estables, tiempos destinados a ello, mecanismos adecuados, metodologías atractivas, etc. que garanticen la participación de las personas menores de edad en los diferentes ámbitos de afección de sus vidas.
Por último, no podemos c
errar este c
apítulo de c
onclusiones sin poner en el foco de atención la pobreza infantil. La c
risis económica y de empleo ha atrapado a sectores de la sociedad que hasta 2007 tenían sus necesidades básicas c
ubiertas y figuraban entre la c
lase media o media baja. Expertos en políticas públicas c
oinciden en que a los núcleos tradicionalmente más expuestos a la pobreza, entre los que ya se encontraban los niños y niñas, se ha sumado una legión de personas (y familias) sin etiquetas en un c
ontexto de recorte de gastos sociales. Así, aun c
uando no c
ontemos c
on datos específicos para la C
omunidad Autónoma del País Vasco, los datos de organismos estadísticos europeos, estatales e incluso de c
omunidades autónomas vecinas, c
onstatan un c
recimiento espectacular de las tasas de pobreza infantil.
Como demuestran estudios a lo largo del tiempo, la población infantil experimenta un riesgo de pobreza superior a la población adulta e incluso ese riesgo es mayor en determinados c
olectivos de infancia. Esta pobreza se traduce en situaciones de infravivienda, en no tener garantizada una nutrición adecuada, en estar privados del acceso a actividades educativas y de ocio, en verse empujados a abandonar de manera prematura los estudios. Niños y niñas, por tanto, que se encuentran en situaciones de enorme vulnerabilidad a la hora de hacer efectivos, en igualdad de oportunidades, derechos básicos c
omo el derecho a un nivel adecuado de vida, a la educación o a la salud. Por ello, debemos recordar a los poderes públicos que están obligados a prestar una especial protección a la infancia y que las prestaciones sociales, tanto las económicas c
omo las de servicios, en ocasiones directamente destinadas a ellos y ellas y en otras a sus familias, son el instrumento básico para c
ombatir la pobreza infantil.