4.1. Protección de la familia. Protección de los derechos de las y los menores
Art. 39.1 y 4 de la Constitución Española
"1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia".
"4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".
La familia constituye la base de referencia de la mayoría de las personas y juega un papel protagonista para la atención a menores, mayores o personas en situación de necesidad especial, enfermedad o dependencia. La evolución de la familia tradicional hacia otros modelos de familia, como las familias monoparentales, homoparentales, separadas o reconstituidas, merece una atención específica para promover su plena igualdad.
Por otra parte, es necesario impulsar la atención a las familias numerosas, ya que pueden necesitar un mayor apoyo de los poderes públicos para cubrir sus necesidades. No se puede olvidar que detrás de cada familia numerosa hay un mayor número de menores que individualmente son sujetos de derechos y merecen protección y cobertura. Las administraciones públicas pueden plantear ayudas a las familias como aplicar beneficios fiscales a las familias numerosas a través de bonificaciones en los tributos locales.
Por otra parte, consideramos necesario una especial protección de las familias monoparentales y estimamos conveniente que este tipo de familias, cuando tengan dos hijos/hijas, se equiparen a las familias numerosas, como sucede ya en la legislación estatal.
Una asociación de familias homoparentales nos trasladó su preocupación por su "invisibilidad" en el ámbito escolar y la conveniencia de que en los materiales didácticos que se emplean en las escuelas tenga reflejo esta realidad.
Esperamos con interés el desarrollo del recién aprobado III Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias, que condicionado por el contexto económico obliga más que nunca al establecimiento de prioridades. Compartimos la idea de transversalidad que aparece como concepto rector de este plan y la apuesta por una nueva oferta de servicios de apoyo a las familias.
La conciliación de la vida laboral y familiar constituye una preocupación central para las familias. Es preciso insistir en que hay que abordar medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar de los y las trabajadoras autónomas que en estos momentos siguen sin tener cobertura en la normativa vigente.
También es necesario que las normas reguladoras de las condiciones de trabajo del personal de las administraciones públicas incluyan medidas para la flexibilización y reordenación del tiempo de trabajo, dirigidas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y solventar dudas interpretativas que se suscitan en la normativa vigente.
La protección de los derechos de los menores, y en especial de los más desfavorecidos, a través de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia constituye una prioridad de la institución del Ararteko.
En relación con el ámbito de la infancia en riesgo o situación de desprotección, es necesario que, en especial desde los servicios municipales, se realice una apuesta más decidida por la intervención y apoyo a las familias.
Los servicios sociales forales deben reforzar el trabajo con las familias, tanto en los casos en los que parezca posible la reconstitución familiar como en las familias acogedoras o adoptivas.
Preocupa, por otra parte, el momento de la emancipación de chicos y chicas que han sido atendidos por los servicios sociales, ya que al carecer del apoyo familiar corresponderá a la Administración velar por que este tránsito se haga adecuadamente.
Entre los menores en situación de desprotección hay que reseñar la particular situación de los menores extranjeros no acompañados. Aunque se confirma la tendencia descendente en la llegada de estos menores iniciada en 2009, siguen contando con una red de apoyo insuficiente. Reiteramos la necesidad de disponer de un protocolo de acogida de urgencia. Es preciso, además, que cese la práctica de no aportar a estos menores la documentación que señala el cese de la tutela o del acogimiento familiar a la salida de los recursos forales.
Por otra parte, se ha observado una mejora en el funcionamiento de los servicios sociales de protección, tanto en la detección de las situaciones de desprotección como en la atención prestada en los servicios de acogimiento familiar.
Ante las situaciones de violencia ejercida por adolescentes hacia sus progenitores, valoramos positivamente la respuesta que se está articulando desde distintas instancias administrativas y reiteramos la necesidad de incrementar esfuerzos en la prevención y atención en fases tempranas.
Por otra parte, hay que reflexionar sobre la situación de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que, de momento, no son reconocidas como víctimas directas de esa violencia cuando no son agredidas particularmente.
Respecto a la escolarización de determinados colectivos con necesidades educativas especiales o específicas, el denominador común vuelve a estar relacionado con la mejora en la colaboración con las familias.
Resulta necesario dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad; del alumnado perteneciente a la población inmigrante, de los niños, niñas y adolescentes del pueblo gitano y de la población socialmente desfavorecida.
Por otra parte, han sido siempre motivo de preocupación los supuestos de acoso escolar entre iguales. Es un fenómeno que exige un tratamiento continuo, dada su gravedad, y en el que juegan un papel importante las familias, los planes de convivencia y otros instrumentos articulados por los centros educativos. En algunos casos las nuevas tecnologías son utilizadas como vía de acoso, lo que denominamos "ciberbullying".
Los adolescentes con diferente orientación sexual o identidad de género sufren situaciones de marginación y dificultades de integración. En algunos casos el llamado "acoso homofóbico y transfóbico" pasa desapercibido como origen de situaciones de maltrato entre iguales detectadas.
Resulta importante que la Administración se haya planteado en el plan de trabajo para la gestión de la diversidad afectivo-sexual la incorporación de herramientas para la detección del acoso homofóbico.
Es preocupante el incremento de las situaciones de pobreza infantil señalado por estudios e informes de organizaciones sociales.
Como demuestran estudios a lo largo del tiempo, la población infantil experimenta un riesgo de pobreza superior a la población adulta e incluso ese riesgo es mayor en determinados colectivos de infancia. Esta pobreza se traduce en situaciones de infravivienda, en no tener garantizada una nutrición adecuada, en estar privados del acceso a actividades educativas y de ocio, en verse empujados a abandonar de manera prematura los estudios.