4.1. Protección de la familia. Protección de los derechos de las y los menores
Art. 39.1 y 4 de la Constitución Española
"1. Los poderes públicos as
eguran la protección social, económica y jurídica de la familia".
"4. Los niños gozarán de la protección prevista en los a
cuerdos internacionales que velan por sus derechos".
La familia constituye la base de referencia de la mayoría de las personas y juega un papel protagonista para la a
tención a
menores, mayores o personas en situación de necesidad especial, enfermedad o dependencia. La evolución de la familia tradicional hacia otros modelos de familia, como las familias monoparentales, homoparentales, separadas o reconstituidas, merece una a
tención específica para promover su plena igualdad.
Por otra parte, es necesario impulsar la a
tención a
las familias numerosas, ya que pueden necesitar un mayor a
poyo de los poderes públicos para cubrir sus necesidades. No se puede olvidar que detrás de cada familia numerosa hay un mayor número de menores que individualmente son sujetos de derechos y merecen protección y cobertura. Las a
dministraciones públicas pueden plantear a
yudas a
las familias como a
plicar beneficios fiscales a
las familias numerosas a
través de bonificaciones en los tributos locales.
Por otra parte, consideramos necesario una especial protección de las familias monoparentales y estimamos conveniente que este tipo de familias, cuando tengan dos hijos/hijas, se equiparen a
las familias numerosas, como sucede ya en la legislación estatal.
Una as
ociación de familias homoparentales nos trasladó su preocupación por su "invisibilidad" en el á
mbito escolar y la conveniencia de que en los materiales didácticos que se emplean en las escuelas tenga reflejo esta realidad.
Esperamos con interés el desarrollo del recién a
probado III Plan Interinstitucional de A
poyo a
las Familias, que condicionado por el contexto económico obliga más que nunca a
l establecimiento de prioridades. Compartimos la idea de transversalidad que a
parece como concepto rector de este plan y la a
puesta por una nueva oferta de servicios de a
poyo a
las familias.
La conciliación de la vida laboral y familiar constituye una preocupación central para las familias. Es preciso insistir en que hay que a
bordar medidas de a
poyo a
la conciliación de la vida laboral y familiar de los y las trabajadoras a
utónomas que en estos momentos siguen sin tener cobertura en la normativa vigente.
También es necesario que las normas reguladoras de las condiciones de trabajo del personal de las a
dministraciones públicas incluyan medidas para la flexibilización y reordenación del tiempo de trabajo, dirigidas a
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y solventar dudas interpretativas que se suscitan en la normativa vigente.
La protección de los derechos de los menores, y en especial de los más desfavorecidos, a
través de la Oficina de la Infancia y la A
dolescencia constituye una prioridad de la institución del A
rarteko.
En relación con el á
mbito de la infancia en riesgo o situación de desprotección, es necesario que, en especial desde los servicios municipales, se realice una a
puesta más decidida por la intervención y a
poyo a
las familias.
Los servicios sociales forales deben reforzar el trabajo con las familias, tanto en los casos en los que parezca posible la reconstitución familiar como en las familias a
cogedoras o a
doptivas.
Preocupa, por otra parte, el momento de la emancipación de chicos y chicas que han sido a
tendidos por los servicios sociales, ya que a
l carecer del a
poyo familiar corresponderá a
la A
dministración velar por que este tránsito se haga a
decuadamente.
Entre los menores en situación de desprotección hay que reseñar la particular situación de los menores extranjeros no a
compañados. A
unque se confirma la tendencia descendente en la llegada de estos menores iniciada en 2009, siguen contando con una red de a
poyo insuficiente. Reiteramos la necesidad de disponer de un protocolo de a
cogida de urgencia. Es preciso, a
demás, que cese la práctica de no a
portar a
estos menores la documentación que señala el cese de la tutela o del a
cogimiento familiar a
la salida de los recursos forales.
Por otra parte, se ha observado una mejora en el funcionamiento de los servicios sociales de protección, tanto en la detección de las situaciones de desprotección como en la a
tención prestada en los servicios de a
cogimiento familiar.
Ante las situaciones de violencia ejercida por a
dolescentes hacia sus progenitores, valoramos positivamente la respuesta que se está a
rticulando desde distintas instancias a
dministrativas y reiteramos la necesidad de incrementar esfuerzos en la prevención y a
tención en fases tempranas.
Por otra parte, hay que reflexionar sobre la situación de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que, de momento, no son reconocidas como víctimas directas de esa violencia cuando no son a
gredidas particularmente.
Respecto a
la escolarización de determinados colectivos con necesidades educativas especiales o específicas, el denominador común vuelve a
estar relacionado con la mejora en la colaboración con las familias.
Resulta necesario dar una respuesta a
decuada a
las necesidades educativas de los a
lumnos con discapacidad; del a
lumnado perteneciente a
la población inmigrante, de los niños, niñas y a
dolescentes del pueblo gitano y de la población socialmente desfavorecida.
Por otra parte, han sido siempre motivo de preocupación los supuestos de acoso escolar entre iguales. Es un fenómeno que exige un tratamiento continuo, dada su gravedad, y en el que juegan un papel importante las familias, los planes de convivencia y otros instrumentos a
rticulados por los centros educativos. En a
lgunos casos las nuevas tecnologías son utilizadas como vía de a
coso, lo que denominamos "ciberbullying".
Los a
dolescentes con diferente orientación sexual o identidad de género sufren situaciones de marginación y dificultades de integración. En a
lgunos casos el llamado "acoso homofóbico y transfóbico" pasa desapercibido como origen de situaciones de maltrato entre iguales detectadas.
Resulta importante que la A
dministración se haya planteado en el plan de trabajo para la gestión de la diversidad a
fectivo-sexual la incorporación de herramientas para la detección del a
coso homofóbico.
Es preocupante el incremento de las situaciones de pobreza infantil señalado por estudios e informes de organizaciones sociales.
Como demuestran estudios a
lo largo del tiempo, la población infantil experimenta un riesgo de pobreza superior a
la población a
dulta e incluso ese riesgo es mayor en determinados colectivos de infancia. Esta pobreza se traduce en situaciones de infravivienda, en no tener garantizada una nutrición a
decuada, en estar privados del a
cceso a
a
ctividades educativas y de ocio, en verse empujados a
a
bandonar de manera prematura los estudios.