1. BECAS DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO
Durante el año 2011 se ha continuado con los trabajos de investigación de las becas adjudicadas por el Ararteko con anterioridad:
1. Se ha publicado, dentro de la Colección de Derechos Humanos "Juan San Martín", el trabajo de investigación de una beca adjudicada en años anteriores:
Maitane Arnoso, Mikel Mazkiaran, Ainara Arnoso, Silvana Luciani, Adriana Villalón, y Aizpea Otaegi. Acceso de la población inmigrante en la comunidad autónoma vasca a los servicios y prestaciones.
Este estudio no sólo ha aportado datos sobre la realidad social de las personas inmigrantes que viven en la CAPV, sino que ha servido para desterrar estereotipos alejados de la misma, centrándose en las dificultades del día a día que tiene la población extranjera en el acceso a los servicios y prestaciones sociales, y servirá para disponer de algunos instrumentos –a modo de indicadores– que ayuden a "medir" hasta qué punto estas personas gozan de los derechos sociales de segunda generación en condiciones de igualdad con el resto de la población.
2. Existe otro trabajo de investigación en curso, proveniente de la adjudicación de la beca convocada en el año 2009, que versa sobre el derecho a la memoria y al reconocimiento de las víctimas del terrorismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya finalización y publicación se encuentra próxima.
3. Convocatoria de la beca del año 2010
Durante el año 2011 se adjudicó la Beca de Investigación 2010 que, a diferencia de las de otros años precedentes, en esta ocasión tiene como objetivo analizar a fondo la aplicación de algunos derechos de las personas usuarias y consumidoras en nuestra Comunidad, entendiendo que se trata de problemas que afectan a la mayor parte de la población y que la vulneración de esos derechos incide de forma más intensa en determinados colectivos más desprotegidos.
En el marco de dicho proyecto se pretende analizar, también, la defensa y forma de exigencia de los derechos especialmente relacionados con los servicios que afectan a telecomunicaciones, tecnología y transportes de todo tipo, así como el papel de tutela de aquellos que las administraciones competentes están llamadas a cumplir. (Ver capítulo II.8)