En julio de 2008 iniciamos una a
ctuación de oficio con el Departamento de A
cción Social de la Diputación vizcaína para conocer las razones de esta omisión que a
fectaba fundamentalmente a
personas mayores y personas con discapacidad con necesidades de a
tención en centros de día y centros residenciales.
Sobre los servicios residenciales para personas mayores, a
legaba el Departamento que su red foral de residencias disponía de suficientes recursos para a
tender toda la demanda de plazas residenciales permanentes y temporales en el territorio. Con relación a
los centros de día, nos indicaba que la falta que pudiera darse, en determinadas zonas, se suplía con la convocatoria de a
yudas económicas individuales. Le hacíamos notar el carácter subvencional de estas a
yudas (su concesión está sometida a
la existencia de crédito disponible en el ejercicio correspondiente) frente a
la naturaleza de derecho subjetivo de la prestación vinculada a
l servicio que contempla la LAAD.
Respecto a
los centros de a
tención diurna y residencial de personas con discapacidad, nos señalaba que todas las plazas existentes en el territorio eran forales, por lo que no cabía servicio privado en este territorio. Sin embargo le objetábamos que podía darse el caso de una a
tención residencial privada fuera del territorio histórico (situación que ha contemplado Á
lava).
Finalmente la Diputación nos trasladó que había puesto en marcha la elaboración de esta normativa a
nte la necesidad de hacer frente a
l período de tiempo en que una persona es a
tendida en una residencia, en régimen privado, hasta que se le a
djudica la plaza de responsabilidad pública.
Efectivamente, a
lgunas quejas tramitadas demostraban que el tiempo de espera hasta la a
djudicación de la plaza podía resultar excesivo –en a
lguna queja se registraban hasta más de nueve meses de espera–.
En un concreto expediente, el motivo a
legado por la Diputación Foral de Bizkaia para denegar la solicitud de prestación vinculada a
l servicio fue la "inexistencia de normativa que fundamentara la prestación económica solicitada".
A nuestro juicio, hubiera sido procedente a
dmitir la solicitud de prestación económica vinculada a
l servicio (artículo 17 de la LAAD), por tratarse de un derecho subjetivo que corresponde a
la persona declarada dependiente (artículo 1 de dicho texto legal). El ejercicio de tal derecho no debería verse supeditado a
la existencia o no de normativa que desarrolle la prescripción legal de obligado cumplimiento.
En nuestras conclusiones incidíamos en las consecuencias negativas de dicha omisión, en los perjuicios que se estaban derivando para la ciudadanía residente en Bizkaia y en el hecho de que la a
usencia de esta regulación estaba impidiendo clarificar el procedimiento a
dministrativo correspondiente y produciendo una clara inseguridad jurídica a
l a
dministrado. Señalábamos a
l ente foral la conveniencia de a
probar esta normativa en el menor lapso de tiempo posible.
En tanto esta regulación no fuera a
probada, proponíamos a
la A
dministración foral explorar las vías que el ordenamiento jurídico pudiera ofrecer, en orden a
paliar los perjuicios que ocasionaba la falta de normativa:
– Posible a
plicación supletoria de las disposiciones estatales de referencia: a
rtículos 1.1, 4.1, 5.1, 14.3, 17.1 y 28.6 de la LAAD; su a
rtículo 28.1 que recoge una remisión general a
la Ley 30/1992, y nos permite encauzar y someter la a
ctuación del ente foral a
su tenor, as
í como establecer un sistema de garantías mínimas para el a
dministrado –retroactividad de la eficacia de los a
ctos conforme a
l precepto 57.3 para establecer la fecha a
partir de la cual deberían tenerse en cuenta los gastos ocasionados por la estancia de la persona dependiente en la residencia a
jena a
la red pública, por ejemplo–; y a
rtículo 20 de la LAAD, para el cálculo de las cantidades mensuales que habrían de computarse conforme a
lo establecido por el Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la LAAD para el ejercicio 2008 y por el Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, para el ejercicio 2009.
– Posible vía de la responsabilidad patrimonial de la A
dministración Pública como consecuencia del funcionamiento normal o a
normal de los servicios públicos. As
í, cabría plantearse si la entidad gestora debería responder de los daños y perjuicios causados en virtud de los a
rtículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Contemplada esta opción, podría incluso estudiarse la posibilidad de que la propia a
dministración iniciara de oficio el referido procedimiento de responsabilidad patrimonial (artículo 142 de dicha ley) y a
cordara su sustanciación a
breviada (artículo 143) por entender que la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio ocasionado resultaba inequívoca, as
í como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
Por último, sugeríamos la conveniencia de que la normativa que en su día se a
probara contuviera la correspondiente disposición transitoria en la que se contemplaran, con carácter retroactivo, todas las situaciones a
nteriores a
las que hasta el momento no se hubiera dado respuesta.
Finalmente, en junio de 2010, la Diputación Foral de Bizkaia a
prueba el Decreto Foral 90/2010, de 29 de junio, por el que se regula la prestación económica vinculada a
l servicio foral residencial para personas dependientes. Como vemos, este decreto obvia la regulación de la prestación vinculada a
otros servicios no residenciales como los centros de día.