4.1.5. Las personas cuidadoras
Existe un claro consenso sobre la idoneidad de que la persona mayor continúe en su entorno habitual el mayor tiempo posible. En la a
ctualidad, esto se consigue gracias a
la encomiable labor que realizan las personas cuidadoras.
Más del 80% de las personas cuidadoras pertenecientes a
la familia de la persona dependiente son mujeres y su edad media se sitúa en los 52 a
ños a
proximadamente (más del 20% superan los 60 a
ños).
Numerosos estudios revelan que su estado emocional se ve muy a
fectado y que presentan preocupantes niveles de a
nsiedad y depresión. A
demás, la sobrecarga que sufren repercute también en un deterioro de su estado de salud física y en la modificación de su estilo de vida que puede llevarles a
un mayor a
islamiento social.
Por otro lado, un estudio reciente[71] revela que las personas cuidadoras de personas mayores en la CAPV contribuyen con su labor a
un a
horro de entre 1.014 y 2.415 millones de euros[72] –dependiendo del criterio que se tome para valorar la hora de a
tención– a
las a
dministraciones públicas vascas.
La As
ociación de Familias Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes de Á
lava "Ascudean" nos ha dado a
conocer su valoración sobre la implantación de la LAAD, que resumidamente exponemos a
continuación:
– La implantación de esta normativa no ha repercutido en la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias.
– La a
plicación de la ley ha permitido que a
flore la realidad de un colectivo numeroso y necesitado de las prestaciones y servicios que a
quélla contempla.
– Perciben el riesgo de que las prestaciones económicas, a
pesar de su pretendido carácter excepcional, estén sustituyendo a
los servicios, precisamente por la falta de éstos. Las listas de espera no sólo a
fectan a
centros de día o residencias sino que se extienden también a
l servicio de a
yuda a
domicilio.
– Consideran que sería más a
decuado establecer baremos de valoración específicos para tramos de edad y tipos de discapacidad.
– No les parece a
decuado que el baremo deje fuera a
personas que padecen enfermedades graves pero de carácter "no permanente" como las oncológicas.
– Reclaman un modelo común para toda la CAPV en cuanto a
los servicios y el a
cceso a
ellos.
– Consideran que no hay recursos financieros suficientes para a
plicar esta ley.
– Detectan que la a
djudicación de los servicios está sufriendo una demora notable con relación a
la situación a
nterior a
la entrada en vigor de la ley.
– Las deducciones generadas en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar como consecuencia del a
cceso a
otros servicios están provocando que muchas familias renuncien a
tales servicios.
– Detectan un retroceso del tercer sector frente a
un mayor protagonismo a
lcanzado por empresas con á
nimo de lucro.
– Se han registrado casos de personas que, tras ser valoradas como dependientes han fallecido, y a
la familia no se le ha a
bonado ninguna prestación a
pesar de la retroactividad prevista legalmente.
– Los PIA son orientados hacia los recursos existentes, no hacia la verdadera necesidad.
– De a
cuerdo con el nuevo panorama que se vislumbra tras la a
probación de la ley de servicios sociales, en a
lgunos casos, las personas en situación de dependencia serán a
tendidas desde servicios de responsabilidad foral (acceso a
prestaciones económicas, centros de día…) mientras que sus cuidadores y cuidadoras lo serán desde servicios de responsabilidad municipal (servicio de a
poyo a
personas cuidadoras). Temen que esta medida pueda perjudicar a
la ya débil coordinación interinstitucional.
– Consideran urgente la habilitación de un sistema central de datos, un modelo de intervención común y una única cartera de servicios en el á
mbito a
utonómico.
– La cuantía de la PECEF no debería ser inferior a
l salario mínimo interprofesional.
– Consideran que el Sistema para la A
utonomía y A
tención a
la Dependencia (SAAD) debería incluirse en el sistema de seguridad social para ofrecer mayores garantías.
– Concretamente, en Á
lava, ser reconocida como persona en situación de dependencia no está suponiendo una mejora para quien hasta ese momento estaba siendo a
tendida por su A
yuntamiento como a
utónoma (contaba con más número de horas de SAD, mayor a
gilidad en las resoluciones, etc.).
– Refieren que en Á
lava se están registrando muchos problemas con el SAD: "existe una larga lista de espera y las familias no saben cuándo podrán ser beneficiarias de este servicio; las familias a
cuden a
nuestra as
ociación en busca del servicio urgente que teníamos hasta 2008, a
ño en el que la Diputación nos retiró las subvenciones por entender que se trataba de un servicio de competencia pública".
– Detectan en Á
lava, una demora excesiva en las resoluciones sobre PECEF y PVS.
– Desean hacer notar el perjuicio que está suponiendo la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas desde la fecha de solicitud.
– Consideran muy a
certada la modificación normativa realizada por el Gobierno Vasco con el fin de igualar la a
yuda económica dirigida a
hombres y mujeres cuidadoras de personas en situación de dependencia (antes era superior para los hombres) destinada a
conciliar la vida laboral y familiar.
[71] Estudio elaborado para el Instituto de Estudios Fiscales por las universidades de Castilla-La Mancha y Murcia, y por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
[72] Fuente: Oliva, Vilaplana y Osuna (2011) a
partir de datos de la EDAD 2008 y de información sobre Contabilidad Nacional y Regional de España (INE)