class="2-2Texto">1. Reforzar y extender la c
onciencia social sobre los derechos de la infancia
class="2-2Texto">Con frecuencia se escuchan opiniones que manifiestan su c
rítica, su preocupación porque los menores tengan, a su juicio, muchos derechos y pocos deberes. C
reemos, sinceramente, que se trata de un falso debate. Derechos y deberes no son sino las dos c
aras de una misma moneda. Y tampoco c
reemos que exista, en la práctica, una excesiva c
onciencia social sobre los derechos de la infancia.
class="2-2Texto">Los derechos de las personas menores de edad c
onstituyen, de rebote, obligaciones para las personas adultas. El derecho a la protección, por ejemplo, exige que c
ualquier persona adulta que sea c
onocedora de una situación de riesgo tenga la obligación –no sólo moral, también legal– de ponerla de inmediato en c
onocimiento de las autoridades c
ompetentes.
class="2-2Texto">De igual manera, los derechos de la infancia y el principio de interés superior del menor exigen adoptar una perspectiva educativa y establecer unas prioridades que deben orientar c
ualquier intervención c
on una persona menor, incluso la intervención de sistemas c
orrectores c
omo puede ser la justicia juvenil (lo que supone medidas educativas –no medidas ejemplares–, actuaciones de defensa que buscan la responsabilización del menor sobre sus c
onductas –no el librarse de las c
onsecuencias a c
ualquier precio–).
class="2-2Texto">Existe, seguramente, una mayor c
onciencia social sobre los derechos de las personas menores de edad que hace algunos años, y debemos alegrarnos y felicitarnos por ello. Pero queda todavía mucho por hacer, tanto en el plano general (difusión de los derechos) c
omo en la c
oncienciación ante determinadas situaciones (castigos físicos, maltrato, abuso sexual, etc.).
class="2-2Texto">Esta recomendación quiere insistir sobre ello y exhortar a todas las administraciones a que c
ontinúen y refuercen sus iniciativas de sensibilización social en defensa de los derechos de la infancia.
class="2-2Texto">2. Poner en práctica el derecho a participar, a ser oído
class="2-2Texto">La C
onvención de los Derechos del Niño, en sus artículos 12, 13, 15… establece su derecho a recibir y dar información, a asociarse, a expresar su opinión… El artículo 12, en c
oncreto, establece que "El niño/a tendrá derecho a expresar su parecer en todos los asuntos que le afecten, y sus opiniones serán tenidas en c
uenta". En todos los asuntos que le afecten.
class="2-2Texto">Es evidente que la aplicación c
oncreta de este derecho está c
ondicionada por factores c
omo la edad o su c
apacidad de expresarse. Pero, si nos fijamos por ejemplo en las situaciones analizadas en este informe, son muchos los asuntos c
oncernidos que les afectan y, por tanto, sobre los que tienen derecho a opinar y a que su opinión sea tenida en c
uenta (lo c
ual no significa que deba c
umplirse en todo c
aso):
class="2-2Texto12-4">– La adopción de una medida de protección que supone la separación de la familia.
class="2-2Texto12-4">– El ingreso en un determinado c
entro o en otro.
class="2-2Texto12-4">– La aplicación de un procedimiento de regreso a su país de origen.
class="2-2Texto12-4">– La realización de unas pruebas médicas, por ejemplo, para determinar su edad.
class="2-2Texto12-4">– La adopción de una medida c
orrectora u otra.
class="2-2Texto12-4">– El agrupamiento o la atención educativa en un aula u otra.
class="2-2Texto12-4">– La adopción de un determinado tratamiento médico o la aplicación de una determinada medicación.
class="2-2Texto">Nos parece especialmente pertinente insistir en la importancia de garantizar la participación de las personas menores en todo lo que supone la elaboración, aprobación y aplicación de las normas de c
onvivencia de los c
entros, servicios, aulas o grupos de los que forma parte. Ello exige la existencia de c
auces de participación real, tiempos destinados a ello, mecanismos de queja o sugerencias…
class="2-2texto6-6">3. Apoyar a las familias para el c
orrecto desarrollo de sus funciones respecto a sus miembros menores de edad
class="2-2Texto">La intervención del Ararteko en los temas aquí abordados se ha c
entrado especialmente –de acuerdo c
on las c
ompetencias y funciones que la ley le atribuye– en la atención "institucionalizada" a niños, niñas y adolescentes. Ello explica el peso que tiene en nuestros informes –también en éste– el análisis de la situación de los c
entros de acogida, los c
entros de internamiento, los c
entros escolares, las unidades educativo-terapéuticas, etc.
class="2-2Texto">Lo hacemos así por imperativo legal, pero eso no significa que no seamos plenamente c
onscientes de las limitaciones que suelen acompañar a las respuestas de institucionalización; especialmente en c
uanto a los vínculos afectivos, la c
ontinuidad de la relación a lo largo de la vida, la disponibilidad de personas adultas que sirvan de referente y apoyo estable…
class="2-2Texto">Incluso en las situaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad, c
uando la familia no existe o no c
umple sus funciones esenciales y una institución asume la tutela de un menor, incluso en esos c
asos, el vínculo afectivo sigue siendo necesario para su seguridad y pleno desarrollo.
class="2-2Texto">Está, además, la realidad estadística, tantas veces olvidada, de que c
asi el 99% de las personas menores, en nuestra c
omunidad, viven en "sus" familias, sean éstas biológicas, de adopción, de acogida, extensas, monoparentales, homoparentales…
class="2-2Texto">Es evidente que no todas las familias (independientemente del modelo de familia en el que viva el menor o la menor) disponen de los recursos, destrezas o c
ompetencias necesarias para c
umplir adecuadamente c
on sus funciones de c
uidado y protección. Por muy distintas razones. Y parece c
laro también que esta razón está en el origen de muchas de las situaciones de riesgo aquí c
onsideradas.
class="2-2Texto">Pero muchas de esas familias que –insistamos, por diversas razones– son incapaces de ejercer adecuadamente su labor, podrían hacerlo, seguramente, c
on las ayudas o los apoyos necesarios: apoyo técnico, formación, recursos indispensables, asesoramiento, medidas de c
onciliación que faciliten los tiempos en c
omún, acompañamiento…
class="2-2Texto">En este c
ampo, sin duda, las posibilidades de trabajo y mejora son inmensas y servirían, sobre todo, para prevenir, para evitar situaciones de grave riesgo que, c
omo la experiencia nos muestra, una vez producidas tienen graves c
onsecuencias en el desarrollo del menor y son muy difíciles de reconducir.
class="2-2Texto">Junto c
on el apoyo a las familias, en general, o las necesarias medidas de c
onciliación entre la vida familiar y laboral, también habría que apuntar aquí la c
onveniencia de potenciar fórmulas poco experimentadas hasta ahora entre nosotros c
omo la existencia de familias de acogida profesionalizadas.
class="2-2Texto">La existencia de Planes interinstitucionales de apoyo a las familias para el c
onjunto de la C
APV debería servir para impulsar líneas de actuación c
omo las aquí propuestas y poder valorar los avances experimentados.
class="2-2texto6-6">4. Clarificar mejor las responsabilidades institucionales y el papel del Tercer sector en la atención a la infancia
class="2-2Texto">Según c
ual sea el tema o el c
olectivo en el que nos fijemos, varía el peso que tiene el Tercer sector c
omo elemento c
lave y gestor de los recursos y programas puestos a su disposición. En todos ellos, sin embargo, es determinante. Y en algunos (sirvan de ejemplo la red de c
entros de acogida para menores) su peso es, prácticamente, total. Prácticamente todos los recursos (salvo unas pocas excepciones) están gestionados por asociaciones y organizaciones del Tercer sector.
class="2-2Texto">Con frecuencia, el único instrumento formal en el que se determinan las obligaciones y c
ompromisos de c
ada parte es el c
onvenio anual, firmado entre la Administración c
ompetente y la entidad en c
uestión. Un c
onvenio c
on mayor o menor nivel de c
oncreción.
class="2-2Texto">Mediante esta recomendación queremos plantear la necesidad de revisar esta situación entre todas las partes, analizar las posibilidades de disponer de marcos más estables (como los c
onciertos o los c
onvenios plurianuales), de extender su aplicación, y, en todo c
aso, de dignificar el enorme trabajo que lleva a c
abo el Tercer sector, potenciar su profesionalización y mejorar los elementos de evaluación y c
ontrol que, siempre, c
orresponden a la Administración, última responsable de garantizar los derechos de las personas menores que en ellos son atendidos.
class="2-2Texto">5. Liderazgo institucional en la c
reación y defensa de los recursos necesarios
class="2-2Texto">Ya en el año 2001, dadas las reacciones de protesta o de rechazo a la ubicación de determinados c
entros o recursos destinados a grupos de población que eran c
onsiderados c
omo "problemáticos", esta institución efectuó una recomendación general sobre "El liderazgo institucional en la c
reación de servicios destinados a c
olectivos en situación de especial vulnerabilidad".
class="2-2Texto">Tras intervenir en varios c
onflictos, la institución del Ararteko recordaba entonces que la c
reación de un servicio, de acuerdo c
on sus c
aracterísticas, suele estar sujeta a una determinada normativa y suele seguir, por tanto, un procedimiento reglado (licencia de obras, licencia de apertura…). En estos c
asos, la administración c
ompetente no puede sino aplicar el marco legal, seguir fielmente el procedimiento tasado y resolver puntualmente, autorizando o denegando el servicio. No c
abe duda de que, precisamente, una de las funciones básicas de tales procedimientos es la de ofrecer seguridad jurídica a las partes, tanto a quienes solicitan y promueven la c
reación del servicio c
omo a quienes pueden sentirse afectados por el proyecto. Es importante, pues, insistir en el estricto c
umplimiento del procedimiento y en el aprovechamiento de las posibilidades que éste ofrece para que todas las partes puedan hacer sus alegaciones y exponer sus posiciones, en tiempo y forma.
class="2-2Texto">Analizaba también los problemas o c
arencias que, en ocasiones, pueden poner de manifiesto las reacciones vecinales. Reacciones c
ontrarias en las que se suele percibir el c
uestionamiento de aspectos básicos, a veces poco trabajados socialmente. Así:
class="2-2Texto12-4">– Se muestra el desacuerdo c
on determinadas políticas.
class="2-2Texto12-4">– Se c
uestiona la c
oncentración de determinados servicios en c
iertas zonas.
class="2-2Texto12-4">– Se pone en c
uestión la falta de planificación y una distribución equitativa de recursos.
class="2-2Texto12-4">– Se protesta ante la falta de información y de c
auces de participación…
class="2-2Texto">Durante los últimos años han sido varios los c
asos en los que se han dado este tipo de manifestaciones ante la apertura de recursos destinados a adolescentes c
onsiderados problemáticos.
class="2-2Texto">No se trata de valorar lo acertado o no de los argumentos, ni tampoco de aceptarlos c
ríticamente, sino de tratar de c
omprender qué c
uestiones básicas pueden alimentar estas posturas. Si existiese, por ejemplo, una planificación pública de determinados servicios, posiblemente sería más fácil defender, ante la representación vecinal de una zona c
oncreta, la necesidad de que un determinado recurso se sitúe en dicha zona, al igual que otros similares se sitúan –o se situarán, de acuerdo c
on la planificación– en otras zonas.
class="2-2Texto">Para prevenir y evitar estos problemas es necesaria la sensibilización social. En ese sentido, respecto a la c
reación de servicios para menores en riesgo de exclusión o situación de especial vulnerabilidad, la institución del Ararteko c
onsidera necesario que las administraciones c
ompetentes adopten, en todos los c
asos, una posición activa y de liderazgo que busque los siguientes objetivos:
class="2-2Texto12-4">– Lograr una sensibilización social sobre la necesidad y bondad de los servicios destinados a menores en riesgo de exclusión, lo que exige, al menos, información sistemática y c
lara sobre las políticas, apuestas y programas de respuesta social a la marginación.
class="2-2Texto12-4">– Analizar las necesidades de atención y, c
onsecuentemente, planificar las respuestas y su distribución territorial, evitando c
oncentraciones excesivas y el c
onsiguiente riesgo de c
reación de guetos.
class="2-2Texto12-4">– Favorecer la existencia y promover la utilización de mecanismos de participación que permitan el intercambio de informaciones y propuestas, y posibiliten la presencia activa tanto de los agentes sociales organizados (asociaciones…) c
omo el vecindario directamente afectado en las diferentes fases del proyecto, siempre que ello sea posible.
class="2-2Texto12-4">– C
oordinarse y adoptar posiciones c
omunes entre las diferentes administraciones o departamentos implicados (de ámbito local, territorial o c
omunitario).
class="2-2Texto12-4">– Ofrecer las garantías necesarias para el c
orrecto funcionamiento de los servicios. Garantías que afectan, por ejemplo, al apoyo, c
ontrol, evaluación, c
ontinuidad… de programas y/o profesionales, especialmente c
uando la gestión de un recurso se delega en otra entidad y surge de la iniciativa social.
class="2-2Texto12-4">– Evitar c
ualquier discurso o manifestación de c
argos públicos que pueda c
ontribuir a la estigmatización de los sectores de población especialmente vulnerable, c
omo una manera de prevenir el posible rechazo a la ubicación de recursos destinados a ellos.
class="2-2Texto12-4">– Evitar los posibles c
onflictos y, en el c
aso de que surjan, c
ontribuir decididamente a su pronta solución.
class="2-2Texto12-4">– Efectuar un seguimiento de los programas que permita introducir las modificaciones necesarias y extender las buenas prácticas…
class="2-2Texto">Por todo ello, la institución del Ararteko c
onsidera totalmente necesario que los responsables institucionales impulsen y lideren estos proyectos, buscando la sensibilización social, la participación c
iudadana, la planificación de las respuestas a las necesidades, la c
oordinación entre administraciones, el apoyo y reconocimiento de las iniciativas sociales solidarias, la c
olaboración c
on los agentes sociales más c
omprometidos en la defensa de la infancia vulnerable, y la garantía del c
orrecto funcionamiento de los servicios.
class="2-2Texto">6. Evaluación sistemática y pública de los resultados obtenidos
class="2-2Texto">Como ya hemos señalado en el c
apítulo precedente, en los últimos años se ha extendido entre nosotros la práctica de aprobar planes plurianuales de actuación bien de c
arácter general (planes de infancia para un determinado territorio o incluso municipio), bien c
entrados en una materia o sector de las aquí abordados (inmigración, pueblo gitano, c
onvivencia escolar, salud mental, temporerismo, drogodependencias…).
class="2-2Texto">La existencia de tales planes debe ser c
onsiderada, en sí misma, un avance, por c
uanto supone de c
ompromiso público ante la sociedad. Pero ese c
ompromiso, a nuestro juicio, debe extenderse también a la evaluación de los resultados obtenidos en la puesta en práctica de dichos planes, c
osa que no siempre sucede.
class="2-2Texto">Muchos de los planes aprobados disponen incluso de indicadores de evaluación; es decir, prevén aquellos datos, resultados o informaciones que deben servir de base para evaluar el logro de los objetivos perseguidos. Y, en determinadas materias, existen ya series de Planes: I Plan; II Plan…
class="2-2Texto">Parece necesario insistir en la importancia de evaluar todo Plan, al menos hacia el final de su período de vigencia. Esta evaluación debe ser lo más objetiva posible, llevarse a c
abo de forma participativa, hacerse pública y servir c
omo elemento básico para adoptar medidas c
orrectoras y, en su c
aso, orientar la elaboración de nuevos planes.
class="2-2Texto">Esta forma de actuar no debe ser algo excepcional, sino una buena práctica que se aplica de forma sistemática a todos los planes aprobados.
class="2-2texto6-6">7. Mejorar la c
oordinación entre diferentes servicios y profesionales c
omo medio eficaz para garantizar una mayor c
oherencia en las intervenciones c
on menores
class="2-2Texto">Como se ha podido ver tanto en el c
apítulo 3 c
omo en el c
apítulo 4 de este informe, y también en informes monográficos anteriores, los problemas o dificultades de c
oordinación entre servicios son una c
onstante en el trabajo c
on menores.
class="2-2Texto">Por c
ausas o factores muy diversos: porque c
ada servicio depende de una Administración diferente (local, territorial, autonómica…); porque c
ada servicio depende de departamentos diferentes, aunque pertenezcan a la misma Administración (del Departamento de Educación, del Departamento de Sanidad, del Departamento de Justicia…); por la inexistencia de c
auces organizados para la transmisión de información o de protocolos de actuación c
omún; por las c
ulturas profesionales y diferentes estatus de unos y otros profesionales…
class="2-2Texto">Y, sin embargo, lo habitual, lo normal, es que c
on c
ada menor en situación de especial vulnerabilidad deban intervenir varios –a veces, muchos– profesionales, y hacerlo durante bastante –a veces, mucho– tiempo.
class="2-2Texto">La c
oordinación no es, por tanto, algo deseable, que vendría bien, que sería c
onveniente, sino algo totalmente necesario para dotar de c
oherencia –y de eficacia– a las diferentes intervenciones profesionales.
class="2-2Texto">Como se planteará de forma más c
oncreta en recomendaciones posteriores, la necesidad de c
oordinación es especialmente sentida en determinados c
ampos o situaciones: en materia de protección entre los servicios locales y los servicios territoriales; entre los servicios de protección y los servicios de justicia; entre los servicios de sanidad y el resto de servicios aquí analizados…
class="2-2Texto">Por otra parte, la c
oordinación no puede quedar en manos de la buena voluntad de los propios profesionales; debe ser asumida c
omo una prioridad y garantizada por las propias administraciones de las que dependen los servicios. En este sentido, nuestra "arquitectura" institucional, en muchas ocasiones, más que una ayuda resulta un estorbo, una dificultad añadida.
class="2-2Texto">8. Compaginar políticas c
ompensatorias c
on medidas c
ontra la segregación o estigmatización
class="2-2Texto">Aunque pueda parecer exagerado o más propio de otros lugares menos desarrollados, desgraciadamente también entre nosotros existen situaciones de exclusión, mecanismos de segregación o de estigmatización.
class="2-2Texto">Así, lo mismo que podemos señalar c
on c
laridad la existencia de itinerarios de inserción social c
asi siempre exitosos (pertenecer a una familia estructurada — disfrutar de una escolarización provechosa — obtener una c
ualificación profesional — acceder a un empleo o a una vida familiar o autónoma propia…), podemos reconocer también la existencia de auténticos itinerarios de exclusión: ausencia de familia o familia desestructurada — escolarización problemática o fracaso escolar — institucionalización — delincuencia — nueva institucionalización — reincidencia…
class="2-2Texto">Por eso, c
on frecuencia, el mismo adolescente que hoy encontramos en un c
entro de acogida, o que vemos desescolarizado, lo encontramos mañana en un c
entro de internamiento, y lo podemos encontrar de nuevo, dentro de unos meses, en otra situación de especial riesgo.
class="2-2Texto">Ello exige, a juicio de esta institución, c
ombinar de manera adecuada dos tipos de actuaciones aparentemente c
ontradictorias:
class="2-2Texto12-4">1) Aplicar, por un lado, políticas c
ompensatorias a favor de aquellos servicios que atienden especialmente a la población infantil en mayor riesgo o más vulnerable, dotándoles de mayores recursos y mayores apoyos que a otros c
entros o recursos.
class="2-2Texto12-4">2) Adoptar y aplicar, al mismo tiempo, medidas que eviten al máximo los riesgos de segregación de estos sectores de la población infantil, su estigmatización social, su guetización, su marginación.
Esta recomendación general tiene su c
oncreción, por ejemplo, en las recomendaciones nº 28 y nº 33, aplicadas al sistema educativo y, en c
oncreto, a la atención a determinadas poblaciones escolares c
on necesidades educativas especiales o específicas que las hacen más vulnerables.