1.1. Infancia e infancias vulnerables
En materia de derechos, cuando, por economía del lenguaje, se habla de "la infancia" nos estamos refiriendo, en realidad, a
todas las personas menores de 18 a
ños.
Porque es cada una de estas personas menores de edad la que es sujeto de los derechos que la legislación nacional e internacional le otorga por el simple hecho de su minoría de edad. No es "la infancia", en a
bstracto, quien es sujeto de derechos sino cada uno de los niños, niñas y a
dolescentes.
En otros campos, como la Psicología o la Pedagogía, el concepto de infancia suele tener una a
cepción más restringida, limitada a
determinadas edades de ese tramo de edad que va desde los cero hasta los 18 a
ños. En este informe, como es natural por su enfoque y características, el objeto de a
nálisis será siempre la infancia en su sentido más a
mplio: todas las personas menores de edad, hasta los 18 a
ños.
Así pues, si lo a
plicamos a
la población a
ctual de la CAPV, estamos hablando de unas 330.000 personas (330.594 según las últimas estimaciones intercensales hechas públicas por el INE). Lo que constituye, a
proximadamente, el 15,5% del total de la población de nuestra Comunidad.
Desde la perspectiva de garantía de derechos que corresponde a
una institución como el A
rarteko, todas las personas menores de edad, por el simple hecho de serlo, tienen la consideración de "vulnerables". Todas: las 330.594 según las últimas estimaciones provisionales cuando escribimos esto.
Pero también es cierto que dentro del conjunto de las personas menores, hay a
lgunas que, por circunstancias o razones muy diversas, viven en situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad: por no disponer de un a
poyo o a
tención a
decuada de su familia y encontrarse en situaciones de grave riesgo o desamparo; por ser objeto de maltrato o de a
coso; por sufrir graves problemas de salud mental; por tener una orientación sexual (homosexual o bisexual) o diferente a
la mayoritaria o sentir una identidad transgénero o transexual; por practicar determinadas conductas que ponen en riesgo su salud o la de otras personas; por tener una serie de necesidades educativas especiales o específicas que hacen más difícil el pleno ejercicio de su derecho a
la educación…
Este informe se centra de manera específica en ese tipo de situaciones, situaciones que a
fectan de manera directa a
una parte significativa de la población menor de edad, mayor o menor según los casos, y que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos.
Creemos que todos los temas o situaciones a
quí a
nalizadas responden a
esa característica común: son todas situaciones de especial riesgo o vulnerabilidad. Pero sabemos que en nuestra Comunidad existen otras situaciones de riesgo que merecerían también ser a
nalizadas en profundidad y que, sin embargo, no lo serán en este informe o solamente serán tratadas de pasada: la situación de los menores víctimas del terrorismo, por ejemplo, o víctimas de la violencia de género, o enfermos de sida, o víctimas de a
busos sexuales, o que viven en la pobreza, o que tienen a
su padre o a
su madre en prisión, etc. El listado de estas situaciones, sin duda, podría ser muy a
mplio.
Si a
quí hemos seleccionado unas situaciones y no otras es, principalmente, porque es sobre ellas sobre las que hemos investigado a
lo largo de estos a
ños desde el A
rarteko con una especial dedicación y, consiguientemente, es en estos temas donde disponemos de una mayor información y podemos sentirnos más seguros. Se trata, principalmente, de las situaciones de riesgo de:
– Niños, niñas y a
dolescentes a
cogidos o tutelados por las instituciones de protección.
– Menores de otros países que han migrado hasta a
quí sin sus familias.
– A
dolescentes infractores, que han cometido delitos y son objeto de medidas judiciales.
– Hijos e hijas de familias de trabajadores temporeros que se desplazan de unos lugares a
otros para realizar tareas a
grícolas.
– Niños, niñas y a
dolescentes de orientación homosexual (lesbianas y gays) o bisexual, o con identidad transexual o transgénero.
– Niños, niñas y a
dolescentes con graves enfermedades mentales.
– A
lumnos y a
lumnas con necesidades educativas especiales o específicas derivadas de su discapacidad, de su origen o de su pertenencia a
un medio social desfavorecido.
– Menores que son sujetos a
ctivos o pasivos de maltrato o violencia.
– A
dolescentes con consumos problemáticos de drogas…
El informe –en su capítulo 3, el más extenso y que constituye su cuerpo central– a
borda cada una de esas situaciones de manera diferenciada, destacando problemas, a
puntando tendencias, proponiendo posibles mejoras… También a
borda otras situaciones de riesgo, a
unque con menor profundidad: determinados usos de las nuevas tecnologías, o las situaciones de conflicto o de violencia intrafamiliar que a
fectan a
menores…
Este modo de a
bordar la cuestión, sector por sector o situación por situación, presenta, sin embargo, una serie de limitaciones o de riesgos que conviene no olvidar.
Uno de ellos es, precisamente, que puede inducir a
pensar que nos hallamos a
nte situaciones inconexas, a
nte diferentes grupos de menores sin ninguna relación entre sí. Pero no es as
í. En muchos casos, la misma niña o el mismo a
dolescente que hoy encontramos en un centro de a
cogida, o que vemos desescolarizado o fracasando en la escuela, lo encontramos mañana en un centro de internamiento, o la podemos encontrar de nuevo, dentro de un tiempo, en otra situación de especial riesgo. Lo cual pone de manifiesto que en nuestra sociedad todavía existen a
uténticos circuitos o itinerarios de exclusión, ligados muchos de ellos a
la inexistencia, falta de competencia o simplemente fracaso de la familia como elemento esencial de soporte y a
poyo a
l crecimiento y necesidades del menor.
Desde ese punto de vista, debemos insistir en la importancia de lograr una coherencia y continuidad en los itinerarios o intervenciones educativas, sean cuales sean los servicios, profesionales o instituciones implicados en ellos (servicios sociales, servicios de educación, servicios de salud, servicios de justicia, servicios policiales…).
Tanto el capítulo 4 (de diagnóstico y valoración global) como el capítulo de recomendaciones (al menos en buena parte de ellas) pretende "romper" o superar esa visión estanca y considerar a
la infancia especialmente vulnerable en su globalidad.
Porque, como fácilmente se puede comprender, no es lo mismo que un niño, una niña o un a
dolescente sufra una única situación de riesgo, a
que a
cumule en su persona a
lo largo de su vida toda una serie de riesgos que se suceden o se suman uno tras otro, como sucede con demasiada frecuencia.