8. Conclusiones
No es sencillo realizar una síntesis de lo expuesto a lo largo de las páginas anteriores ya que nos hemos venido refiriendo a un gran abanico de problemáticas, necesidades, recursos, profesionales e instituciones. No o
bstante, intentaremos señalar, que no profundizar, algunas cuestiones en las que entendemos se debe seguir atento a su evolución.
En el ámbito de la infancia en riesgo o
situación de desprotección, consideramos que hay elementos suficientes que nos invitan a pensar que es necesaria una apuesta más decidida por la intervención y el apoyo a las familias: en gran medida, desde los servicios sociales municipales, protagonistas cuando aún la situación no ha alcanzado niveles de desprotección elevados y la actuación en y desde el contexto natural del o
la menor es posible; a través de un acompañamiento de calidad y sostenido en el tiempo en los casos de acogimiento familiar, tanto del menor, como sobre todo de la familia acogedora; intensificando la intervención con la familia en los casos de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial.
La situación particular de los menores extranjeros no acompañados y, por tanto, carentes de familia a la que aplicar lo expuesto en el párrafo anterior, hace que pese a ser menores en desprotección las problemáticas más recurrentemente detectadas tengan que ver con: protocolos de acogida diferentes y con criterios distintos en cada territorio histórico (especialmente en lo tocante a la determinación de la edad), con la consiguiente consecuencia para la inclusión o
exclusión del sistema de protección, e incumplimiento del deber de proporcionar la autorización de residencia, cuestiones éstas también citadas en las Observaciones finales a España del Comité de los Derechos del Niño.
Los elementos más preocupantes en torno a las y los menores infractores se sitúan en la alta proporción de menores que provienen de los sistemas de protección y el continuo crecimiento de los delitos de violencia en la familia y contra la pareja.
Respecto al ámbito educativo y, más en concreto, a la atención a aquellas niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, el denominador común vuelve a estar relacionado con la mejora en la colaboración con las familias. Además, en los casos de personas y colectivos socialmente más desfavorecidos parece necesario seguir trabajando para evitar la segregación o
la creación de guetos escolares, para lo que convendría reforzar aún más las políticas compensatorias y las medidas de discriminación positiva hacia los centros con mayores dificultades.
La comunicación y colaboración con las familias es también fundamental en las situaciones de acoso escolar, sin minimizar la importancia de los planes de convivencia y esos o
tros instrumentos articulados por los centros para ello. Llegado el momento de compartir y extender las experiencias exitosas, el riesgo estriba en convertir los planes en documentos inertes frente a su potencial de instrumentos vivos.
Aun cuando no hayamos podido acceder a la información directa del sistema de salud, agentes sociales e institucionales de o
tros sistemas en contacto con niños, niñas y, especialmente, adolescentes, no dejan de señalar la atención a la salud mental infanto-juvenil como una de las necesidades más acuciantes en relación con el derecho a la salud de los y las menores. Comenzando por tener un mejor diagnóstico de las necesidades y los recursos dispuestos para atenderlas, se apuntan también líneas de avance en la mejora de la coordinación entre recursos y sistemas.
El incremento de las situaciones de pobreza infantil es señalado por estudios e informes de o
rganizaciones sociales, como es el caso de Cáritas en su último informe sobre la pobreza o
la Plataforma de O
rganizaciones de Infancia en el informe complementario al III y IV informe de aplicación de la Convención de los Derechos de la Infancia en España. Aun cuando no contamos con un diagnóstico nítido sobre esta cuestión en la CAPV, profesionales y o
rganizaciones sociales con las que, como señalábamos en el capítulo VI mantenemos contacto habitual, así lo perciben. Las quejas recibidas en relación con situaciones de precariedad de algunas familias vendrían también a corroborar los datos.
Por último, y como colofón a un texto que ha dedicado muchas páginas a describir actuaciones para o
destinadas a la mejora de las condiciones de vida de niños, niños y adolescentes, subrayamos la necesidad de mejorar los procesos de participación infantil que permitan construir con ellos y ellas y contar con su o
pinión en aquellas cuestiones que les afectan. En esta línea, nos unimos a la recomendación de la Plataforma de O
rganizaciones de Infancia citada cuando reclama el fomento de estructuras adaptadas y estables de participación infantil en los diferentes ámbitos de afección de la infancia y procesos de participación diseñados con metodologías divertidas y atractivas, que aclaren de antemano, al menos: a quién llegarán sus ideas, qué se hará con ellas y la posibilidad de encontrarse e interaccionar con las personas responsables del desarrollo de políticas. No o
lvidemos, además, que en términos similares se expresa el Comité de los Derechos del Niño en su o
bservación nº 30 contenida en el documento de Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la Convención.