No es sencillo realizar una síntesis de lo expuesto a lo largo de las páginas anteriores ya que nos hemos venido refiriendo a un gran abanico de problemáticas, necesidades, recursos, profesionales e instituciones. No obstante, intentaremos señalar, que no profundizar, algunas c
uestiones en las que entendemos se debe seguir atento a su evolución.
En el ámbito de la infancia en riesgo o situación de desprotección, c
onsideramos que hay elementos suficientes que nos invitan a pensar que es necesaria una apuesta más decidida por la intervención y el apoyo a las familias: en gran medida, desde los servicios sociales municipales, protagonistas c
uando aún la situación no ha alcanzado niveles de desprotección elevados y la actuación en y desde el c
ontexto natural del o la menor es posible; a través de un acompañamiento de c
alidad y sostenido en el tiempo en los c
asos de acogimiento familiar, tanto del menor, c
omo sobre todo de la familia acogedora; intensificando la intervención c
on la familia en los c
asos de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial.
class="2-2Texto">La situación particular de los menores extranjeros no acompañados y, por tanto, c
arentes de familia a la que aplicar lo expuesto en el párrafo anterior, hace que pese a ser menores en desprotección las problemáticas más recurrentemente detectadas tengan que ver c
on: protocolos de acogida diferentes y c
on c
riterios distintos en c
ada territorio histórico (especialmente en lo tocante a la determinación de la edad), c
on la c
onsiguiente c
onsecuencia para la inclusión o exclusión del sistema de protección, e incumplimiento del deber de proporcionar la autorización de residencia, c
uestiones éstas también c
itadas en las Observaciones finales a España del Comité de los Derechos del Niño.
Los elementos más preocupantes en torno a las y los menores infractores se sitúan en la alta proporción de menores que provienen de los sistemas de protección y el c
ontinuo c
recimiento de los delitos de violencia en la familia y c
ontra la pareja.
Respecto al ámbito educativo y, más en c
oncreto, a la atención a aquellas niñas, niños y adolescentes c
on necesidades educativas especiales, el denominador c
omún vuelve a estar relacionado c
on la mejora en la c
olaboración c
on las familias. Además, en los c
asos de personas y c
olectivos socialmente más desfavorecidos parece necesario seguir trabajando para evitar la segregación o la c
reación de guetos escolares, para lo que c
onvendría reforzar aún más las políticas c
ompensatorias y las medidas de discriminación positiva hacia los c
entros c
on mayores dificultades.
La c
omunicación y c
olaboración c
on las familias es también fundamental en las situaciones de acoso escolar, sin minimizar la importancia de los planes de c
onvivencia y esos otros instrumentos articulados por los c
entros para ello. Llegado el momento de c
ompartir y extender las experiencias exitosas, el riesgo estriba en c
onvertir los planes en documentos inertes frente a su potencial de instrumentos vivos.
Aun c
uando no hayamos podido acceder a la información directa del sistema de salud, agentes sociales e institucionales de otros sistemas en c
ontacto c
on niños, niñas y, especialmente, adolescentes, no dejan de señalar la atención a la salud mental infanto-juvenil c
omo una de las necesidades más acuciantes en relación c
on el derecho a la salud de los y las menores. C
omenzando por tener un mejor diagnóstico de las necesidades y los recursos dispuestos para atenderlas, se apuntan también líneas de avance en la mejora de la c
oordinación entre recursos y sistemas.
El incremento de las situaciones de pobreza infantil es señalado por estudios e informes de organizaciones sociales, c
omo es el c
aso de Cáritas en su último informe sobre la pobreza o la Plataforma de Organizaciones de Infancia en el informe c
omplementario al III y IV informe de aplicación de la C
onvención de los Derechos de la Infancia en España. Aun c
uando no c
ontamos c
on un diagnóstico nítido sobre esta c
uestión en la C
APV, profesionales y organizaciones sociales c
on las que, c
omo señalábamos en el c
apítulo VI mantenemos c
ontacto habitual, así lo perciben. Las quejas recibidas en relación c
on situaciones de precariedad de algunas familias vendrían también a c
orroborar los datos.
Por último, y c
omo c
olofón a un texto que ha dedicado muchas páginas a describir actuaciones para o destinadas a la mejora de las c
ondiciones de vida de niños, niños y adolescentes, subrayamos la necesidad de mejorar los procesos de participación infantil que permitan c
onstruir c
on ellos y ellas y c
ontar c
on su opinión en aquellas c
uestiones que les afectan. En esta línea, nos unimos a la recomendación de la Plataforma de Organizaciones de Infancia c
itada c
uando reclama el fomento de estructuras adaptadas y estables de participación infantil en los diferentes ámbitos de afección de la infancia y procesos de participación diseñados c
on metodologías divertidas y atractivas, que aclaren de antemano, al menos: a quién llegarán sus ideas, qué se hará c
on ellas y la posibilidad de encontrarse e interaccionar c
on las personas responsables del desarrollo de políticas. No olvidemos, además, que en términos similares se expresa el Comité de los Derechos del Niño en su observación nº 30 c
ontenida en el documento de Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 44 de la C
onvención.