2.2.1.Valoración general de la situación: preocupación por la persistencia de desigualdades territoriales en el acceso a los servicios sociales
La mayor parte de las entrevistas y
de los grupos de discusión se iniciaron planteando a las personas entrevistadas cuál es su valoración general sobre la situación de los servicios sociales municipales y
, más concretamente, en qué medida consideran que se ha avanzado en la asunción por parte de los ayuntamientos vascos de las funciones que la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (en adelante, Ley de Servicios Sociales) les atribuye con relación a la prestación de los servicios de atención primaria y
en su configuración como puerta de acceso al sistema.
Más allá de la identificación de las razones que están detrás de su insuficiente desarrollo, las opiniones se dividen básicamente entre quienes plantean una valoración ambivalente o matizada de la situación –a juicio de estas personas, pese a las dificultades, se han dado significativos pasos adelante, aunque sean parciales o incompletos− y
quienes plantean una valoración más claramente negativa y
consideran los años transcurridos desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales como una oportunidad perdida. En ese sentido, una parte de las personas consultadas consideran que el largo periodo de negociación interinstitucional del Mapa de Servicios Sociales y
el Decreto de Cartera ha supuesto una rebaja de las expectativas con las que se recibió la Ley de Servicios Sociales. Además, esta falta de desarrollo normativo ha generado incertidumbre en el seno de las instituciones y
los equipos de trabajo, paralizando, en ocasiones, la toma de decisiones importantes y
limitando el desarrollo de estrategias dirigidas a afrontar problemáticas pendientes de resolver en el nivel de atención primaria.
Entre las valoraciones ambivalentes, incluso positivas, se plantean este tipo de argumentos:
“Los ayuntamientos han conseguido desarrollar el papel que la Ley les atribuye solamente de forma parcial”.
“Respuestas sí estamos dando, aunque depende mucho del colectivo de personas al que hagamos referencia”.
“Al menos en los municipios pequeños y
medianos, la Ley ha permitido poner en valor un nuevo enfoque profesional, que venía expresamente recogido en la Ley”.
“Como puerta de acceso al sistema de Servicios Sociales, no cabe duda de que los servicios sociales municipales están funcionando”.
“Se ha hecho lo que se ha podido y
se han cumplido todas las obligaciones que nos marcaba la Ley, aunque quizá no todas con la intensidad o con la celeridad que hubiera sido necesaria”.
“En mi Territorio la situación ha mejorado parcialmente, sobre todo por la transferencia de la RGI a Lanbide, que ha permitido en algunos ayuntamientos, especialmente los grandes, avanzar en lo que podemos llamar ‘modelo de atención’, al liberarse tiempo para tareas de visita domiciliaria, coordinación con otros sistemas a nivel local, trabajo con el movimiento asociativo, etc. Pero no se ha avanzado en la provisión de servicios que son de ‘nueva’ competencia municipal ni en la asunción plena del SAD”.
Son quizás más habituales en todo caso las valoraciones que consideran insuficiente el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, al menos en lo que se refiere a los ayuntamientos:
“Hemos desperdiciado todos estos años discutiendo en relación a la Cartera, pero no lo hemos aprovechado para debatir y
construir un modelo de intervención individualizado y
de base comunitaria, que es la mejor aportación que hacía la Ley. Hemos perdido un tiempo precioso; el debate se ha centrado en el nivel político, los profesionales no hemos participado en esos debates y
no hemos sido capaces de debatir sobre el modelo de intervención”.
“Durante estos últimos años ha habido un parón muy importante, todos hemos estado a la expectativa de la aprobación del Decreto de Cartera, sin saber muy bien en qué se iban a concretar nuestras obligaciones. Y
no sé si al final todas las expectativas que teníamos se van a cumplir”.
“Para nosotros, la aprobación de la Ley de Servicios Sociales no ha supuesto ninguna modificación en cuanto a tener más recursos, ni en cuanto a dotarnos de una estructura diferente. Nos hemos limitado a crear pequeños programitas que, probablemente, con Ley o sin Ley se hubieran creado igual”.
“Los servicios sociales de base han podido tener un cierto desarrollo, pero el resto de los servicios de atención primaria que vienen recogidos en la Ley no se han desarrollado suficientemente. Los ayuntamientos no tienen capacidad económica para ello”.
“No percibo que hasta ahora la aprobación de la Ley haya tenido mucho efecto en los ayuntamientos”.
“No se han generado las herramientas necesarias para materializar el cambio de enfoque que planteaba la Ley, de un modelo asistencialista a un modelo de desarrollo comunitario. El cambio de planteamiento está muy bien, pero ¿hay recursos para hacer realidad ese cambio?”.
“Como ha costado tanto poner la Cartera en marcha, el Mapa y
demás, no se ha notado que la Ley se aprobara en el 2008. Seguimos con la misma situación, tristemente, que en el año 2007-2008, con la suma, además, de la crisis y
de todas las necesidades sociales que hemos tenido desde entonces. Entonces, en vez de tener un mapa y
a, bien definido, de qué es lo que tenemos que hacer cada uno, con qué intensidad y
con cuánto dinero, pues lo que desde el ayuntamiento nos ha pasado es que estamos haciendo más de lo que teníamos que hacer y
, encima, con más carga económica que la que teníamos que asumir y
con los mismos recursos humanos. Entonces, la Ley 12/2008 está muy bien, era muy buena y
el derecho subjetivo es el que tiene que ser, pero no se han implementado todas las herramientas para poder trabajar y
poner en marcha todo lo que nos exigía la ley”.
“El retraso en la aprobación de la Cartera y
el Mapa han llevado a una pérdida de fuste y
de tensión, así como de ilusión por parte de los profesionales que se habían comprometido más con la Ley. Además, ha dado lugar a la percepción de que y
a se tienen suficientemente desarrollados los servicios y
no hace falta hacer nada más”.
Uno de los aspectos en los que se pone mayor énfasis, por parte de quienes valoran de forma negativa la situación de los servicios sociales municipales y
el desarrollo experimentado tras la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, es la persistencia de desigualdades territoriales importantes en lo que se refiere al derecho de la ciudadanía a acceder a los servicios sociales municipales. Si bien en algunos casos se considera que estas desigualdades se derivan de la vigente arquitectura institucional de los servicios sociales en Euskadi –cuestión que se aborda más adelante y
que en cualquier caso la Ley no cuestionaba−, en otros se considera que un desarrollo más rápido y
consecuente de lo establecido por la Ley de Servicios Sociales hubiera sido suficiente para garantizar unos derechos mínimos comunes, homogéneos, para toda la ciudadanía, independientemente de su municipio de residencia. En todo caso, la preocupación por la persistencia de estas desigualdades territoriales es patente:
“Ni la Memoria, ni la Cartera van a resolver la realidad de un llamado sistema que genera teóricamente un derecho individual, pero que mantiene diferencias muy notables entre los servicios que se prestan a esas personas en los diferentes municipios. Muchas personas no van a poder acceder a los recursos que garantiza la Ley y
la Cartera por el hecho de vivir en un municipio determinado, porque los servicios sociales municipales requieren una capacidad física, técnica, económica y
organizativa que muchos ayuntamientos no tienen debido a su pequeño tamaño. El elemento más dramático de todo esto es que la vecina de Lezo, por poner un ejemplo, no accede al 60% de los recursos de la Cartera de Servicios, que son un derecho de toda la ciudadanía”.
“Los ciudadanos no son conscientes de los derechos que les garantizan los servicios sociales municipales, entre otras razones porque los municipios siguen ofreciendo los servicios de forma discrecional. Eso hace que en este país haya ciudadanos de primera, de segunda y
de tercera y
no es justificable ni razonable en un país de dos millones de habitantes. Eso en otros sistemas no tendría cabida, sería impensable: imagínate que no tuvieras derecho a un tratamiento médico determinado por vivir en un municipio u otro”.
“Lo que no tiene sentido es que sigamos con un modelo en el que el desarrollo de los servicios sociales municipales depende del criterio particular de un concejal o de una concejala”.
2.2.2.Principales dificultades para la consolidación de los servicios sociales municipales
La principal dificultad, señalada muy especialmente por los responsables institucionales y
y
a previamente señalada, se refiere a la falta de desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales y
a la incertidumbre sobre el contenido concreto de los servicios y
prestaciones de competencia municipal. También se señala que, durante el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, no se ha avanzado en crear un modelo consensuado de intervención para cada uno de los servicios de la Cartera, dejando demasiado margen al criterio de los técnicos y
políticos responsables de la implementación de los servicios para decidir la orientación, el enfoque y
el contenido concreto que se da a cada uno de los servicios ofertados.
“[Una de las principales dificultades ha sido] la falta de concreción del contenido de algunos servicios y
prestaciones, ahora de competencia municipal, y
la escasez de medios económicos para la creación y
mantenimiento de los mismos”.
“La falta de desarrollo normativo ha lastrado sin duda el desarrollo de los servicios”.
“La dilación en la aprobación de la Cartera no ha favorecido una implicación activa de los municipios a la hora de desarrollar las competencias que la Ley les asigna. Muchos municipios están a la espera de ver qué es lo que se publica finalmente para valorar qué les toca hacer”.
Junto a ese elemento –que cabe considerar objetivo− una parte de las personas consultadas identifican una serie de obstáculos y
dificultades en el propio funcionamiento de las administraciones locales. Se subraya en ese sentido que no todos los ayuntamientos han dado a los servicios sociales municipales la prioridad política necesaria y
que ha sido patente en algunos casos la falta de liderazgo local –e incluso el desconocimiento de las responsabilidades municipales en el ámbito de los servicios sociales por parte de sus responsables políticos− de cara al desarrollo de los servicios sociales municipales. También se hace referencia a la oposición que en ocasiones se ejerce desde determinados puestos de responsabilidad municipal –secretaría, intervención, dirección financiera…− al desarrollo de unos servicios sociales municipales que no siempre se consideran por parte de estas instancias como de responsabilidad municipal.
“No todos los ayuntamientos reconocen la importancia de las áreas de Servicios Sociales, lo que puede determinar que asuman un papel estrictamente secundario, que les condiciona no solamente en sus disponibilidades presupuestarias”.
“En mi municipio, al menos en las legislaturas anteriores, los servicios sociales no se han desarrollado suficientemente porque no se le ha dado a este tema la prioridad política necesaria. Las prioridades del equipo de Gobierno han sido otras muy diferentes de los servicios sociales”.
“No ha habido una apuesta política decidida, ni en los ayuntamientos ni fuera de ellos, por la atención primaria en el ámbito de los servicios sociales”.
“Los partidos políticos no tienen interiorizado un modelo de servicios sociales y
los políticos que se encargan de este área en los ayuntamientos no tienen en general gran peso en su partido; se ven muy limitados a la hora de querer hacer políticas y
hacer valer sus prioridades”.
“Tenemos un enemigo muy grande dentro de los ayuntamientos que es el hecho de que a los grandes responsables técnicos de la administración municipal –secretarios, interventores, directores financieros…− la cuestión de los servicios sociales les es completamente ajena, les suena a chino. No lo viven como una competencia propia. Estos técnicos, a diferencia de los políticos, permanecen y
mandan mucho y
los servicios sociales no los viven como propios”.
“En muchos ayuntamientos no hay una preocupación por lo social. La inercia histórica de los ayuntamientos es a invertir en otros ámbitos distintos de los servicios sociales. Se asignan los presupuestos a otros ámbitos. No se prioriza la provisión de servicios sociales porque a nivel electoral no resulta rentable. Se dedica antes el dinero a la construcción de infraestructuras y
equipamientos, por ejemplo”.
“Desde el nivel político se valora muy poco lo que es la gran atención, la atención primaria, de atender a 13.000 personas o familias. Eso se valora muy poco. Los políticos valoran mucho más y
ponen el foco en programas muy pequeños, específicos, que afectan a muy pocos ciudadanos. En las legislaturas prefieren salir en la foto con este tipo de programas. Pero no se defiende la prestación que hacemos de primaria. No se hace una defensa de los servicios públicos en ese sentido”.
La cuestión de los recursos humanos y
del personal disponible en los servicios sociales municipales también explica, a juicio de algunas de las personas consultadas, las dificultades a las que han tenido que hacer frente los ayuntamientos. Aunque este tema se aborda con más detalle en un apartado posterior, cabe subrayar de momento en qué medida para algunas de las personas consultadas la cuestión de los recursos humanos de los servicios sociales de atención primaria resulta esencial, tanto desde el punto de vista de la cantidad como, en ocasiones, de su cualificación técnica en relación con las funciones encomendadas.
“[Una de las principales dificultades han sido] la problemática vinculada a los recursos humanos: durante años las y
los profesionales del trabajo social de los servicios sociales de base se han visto en la necesidad de acometer labores burocráticas, sobre todo de gestión de las prestaciones de garantía de ingresos. En la actualidad, aunque se ha aligerado la carga en tal sentido, solamente una parte de profesionales ha asumido el cambio y
ha valorado positivamente poder desempeñar en mayor medida su verdadera misión como agentes de intervención y
transformación social, de desarrollar su labor en relación con las personas y
no una labor administrativa circunscrita al papeleo, a la tramitación de expedientes, en tanto que otros se sienten cómodos en el desempeño de estas labores”.
“En lo que respecta a las ratios de personal en los servicios sociales de base, siendo cierto que en algunos municipios pueden ser insuficientes y
requerir de personal de apoyo (como el que aporta el Gobierno Vasco mediante ayudas económicas para contratar personal de refuerzo), en muchas ocasiones el problema es de inadecuada organización interna: inestabilidad laboral (excesiva rotación e interinidad), ausencia de mandos intermedios y
de personal con conocimientos en materia de gestión, recursos materiales insuficientes para procurar unas condiciones de trabajo adecuadas, etc.”.
“En algunos casos no creo que haya competencia técnica por parte de los ayuntamientos, especialmente en el ámbito de la inclusión social, para cumplir con las funciones que se les han asignado en el marco de la Ley 12/2008. No sería una cuestión sólo de dotación presupuestaria, sino también de formación y
de capacidad técnica para asumir las tareas asignadas”.
Hay otros elementos que se citan también por parte de las personas consultadas a la hora de señalar las dificultades que han encontrado los ayuntamientos para desarrollar sus funciones en el ámbito de los servicios sociales y
que hacen referencia a cuestiones muy diferentes: entre ellas cabe citar los problemas y
desacuerdos relativos a la financiación de los servicios sociales municipales (en un contexto de crisis económica y
restricciones presupuestarias) y
las dificultades para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos; el escaso desarrollo de un modelo común de intervención y
conceptualización de los servicios sociales de atención primaria; o el incremento de las demandas de atención por parte de la ciudadanía, pese al traspaso de la gestión de la RGI a Lanbide (que se aborda en detalle más adelante).
“El momento de crisis económica y
recortes presupuestarios no ha sido desde luego el más idóneo para el desarrollo de los servicios sociales municipales”.
“Hay que decir que la Ley nace coja, porque carece de dotación presupuestaria. El desarrollo de la Ley se ve además desfavorecido por la situación económica actual. Ha sido un desarrollo descafeinado de los principios que avanzaba la Ley”.
“No hemos aprovechado el tiempo para la definición de un modelo común de intervención, no hemos aclarado los elementos comunes básicos y
cada ayuntamiento ha seguido definiendo su propio modelo”.
“Se ha perdido la oportunidad para la elaboración consensuada de un modelo de intervención que esté relacionado con los aspectos que la Ley desarrolla en sus principios. Al menos, como estilo de intervención por parte de los centros de servicios sociales en concreto”.
“La Ley de Servicios Sociales propone una atención primaria resolutiva y
es evidente que durante estos años no ha eclosionado esa atención primaria resolutiva. Y
uno de los factores que ha incidido en eso ha sido el que no se haya podido desarrollar un trabajo de gestión del conocimiento, de cualificación profesional, de I+D+I, que ofreciera a la atención primaria los métodos, instrumentos, tecnologías o programas que hubieran contribuido a posicionar a los servicios sociales de atención primaria como capaces de abordar las necesidades que nos corresponde abordar”.
Entre los obstáculos que han dificultado que los ayuntamientos cumplan con las funciones y
competencias que la Ley les atribuye también se hace referencia a la dificultad que dentro de los propios ayuntamientos existe para considerar de forma conjunta el continuo de servicios y
prestaciones que la Ley de Servicios Sociales les atribuye, en el marco de la atención primaria. Se señala en ese sentido que en la práctica totalidad de los ayuntamientos se asume como propia la responsabilidad de prestar los servicios incluidos en la ficha 1.1 de la Cartera –información, diagnóstico, valoración y
orientación− y
, en todo caso, el resto de los servicios que se atribuyen a los servicios sociales de base: atención domiciliaria (1.2), intervención socioeducativa y
psicosocial (1.3) y
servicio de apoyo a personas cuidadoras (1.4). Pero no siempre se consideran como obligaciones propias el resto de los servicios de atención primaria – servicio de promoción de la participación y
la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales (1.5), servicios de atención diurna (1.7), servicios de acogida nocturna (1.8) y
servicios de alojamiento (1.9), lo que dificulta considerar el conjunto de la atención primaria como un continuo integrado de atención que puede, incluso, abordarse a lo largo de todas las fases vitales. La cuestión es relevante si se tiene en cuenta, como más adelante se explica, la inversión en infraestructuras que es necesario desarrollar a nivel local para poner en marcha muchos de esos servicios y
la necesidad de que siendo servicios de competencia municipal, pero de ámbito territorial en muchos casos supramunicipal− de alcanzar acuerdos intermunicipales para su desarrollo.
“Hay poca visión de conjunto en relación a los servicios sociales de atención primaria. Los servicios sociales municipales son los cuatro de base, pero también los de atención diurna, los de acogida nocturna y
los de alojamiento. Y
no siempre ha habido esa visión de conjunto, de cómo se articula en la atención primaria un continuo de atención incluso a lo largo de toda la vida. Ningún Ayuntamiento ha hecho la reflexión suficiente sobre esa cuestión”.
2.2.3.Balance ambivalente del traspaso de la gestión de la RGI a Lanbide y
preocupación por la inadecuada respuesta que se puede estar dando a las personas usuarias
Uno de los principales cambios que los servicios sociales y
, en particular, los servicios sociales de base han experimentado desde la redacción del último informe extraordinario del Ararteko sobre su situación se refiere al traspaso de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos al Servicio Vasco de Empleo – Lanbide. Por ello, en el cuestionario remitido a los técnicos y
profesionales se preguntaba directamente sobre el impacto en los servicios sociales municipales de ese cambio. Al igual que sucede a la hora de valorar la situación general de los servicios sociales municipales, la respuesta a esta cuestión es ambivalente: aunque en la mayoría de los casos se valora de forma positiva la liberación de trabajo administrativo que el cambio ha supuesto y
las posibilidades abiertas para reforzar la intervención social individualizada, muchas personas consideran que no se ha aprovechado suficientemente esa oportunidad mediante una redefinición común de las funciones y
los procedimientos relacionados con la gestión de caso y
la intervención individualizada. Tampoco parece haberse utilizado para profundizar en el conocimiento de las necesidades sociales del territorio y
aprovechar así la ocasión para empezar a aplicar un modelo de intervención comunitaria como el que se plantea en la Ley:
“Para nosotros [el traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] ha supuesto una liberación de trabajo administrativo, una mayor disponibilidad para el trabajo de acompañamiento y
para la intervención social, para la gestión de casos, etc.”.
“[El traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] ha supuesto una liberación de recursos que algunos Ayuntamientos han reorientado en el sentido planteado por la Ley y
otros no”.
“[El traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] ha permitido una descongestión de nuestros servicios y
una liberación de trabajo administrativo; pero no hemos avanzado en generar un modelo de intervención común y
no hemos creado espacios de reflexión para aprovechar ese cambio”.
“Tras la asunción de la RGI por parte de Lanbide, no ha habido un reposicionamiento común de los ayuntamientos. Cada uno ha hecho lo que ha considerado que tenía que hacer, no ha habido un replanteamiento común de lo que debería ser, una vez liberados de la carga de la gestión de la RGI, los servicios sociales de base. Y
eso ha hecho que se amplíen las diferencias entre los servicios de los diferentes municipios y
que existan, aún con más fuerza, diferencias interterritoriales e intermunicipales muy importantes. Cada municipio sigue siendo un mundo, y
ahora más que antes, y
eso confunde mucho a la ciudadanía”.
Algunas personas señalan que el traslado de la gestión de la RGI a Lanbide coincidió con un notable incremento en la demanda de servicios –debido, tanto a la crisis como a la progresiva aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante, Ley de Dependencia)−, con lo que el primer impacto positivo fue rápidamente absorbido por el incremento de la demanda.
“Para nosotros ha sido un desahogo tremendo. No hubiéramos sido capaces de dar respuesta al incremento de la demanda si se hubiera mantenido la gestión de la RGI en las unidades de base. Pero ese efecto se neutralizó enseguida: el primer año fue una maravilla, pero el incremento de la demanda en los años siguientes (en el 13, en el 14) hizo que volviéramos a la situación anterior, y
volvemos a tener que rebajar nuestra calidad técnica a la hora de la intervención. La gloria ha durado bastante poco, al menos en nuestro caso”.
“Parecía que el cambio nos iba a descongestionar, pero al final no ha sido así, porque la demanda de atención ha seguido creciendo como consecuencia de la crisis. De hecho, en algunos ayuntamientos se aprovechó la situación para recortar plantillas, cuando lo que estábamos esperando era poder consolidar el modelo y
avanzar en dar respuesta a algunas cuestiones que, precisamente, no habíamos podido atender debido a la carga que representaba la gestión de la RGI”.
“Para nosotros [el traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] supuso un alivio espectacular; nos permitió la liberación de tareas administrativas y
redujo de forma importante la carga de trabajo. Pero esa liberación de tiempo desapareció rápidamente a medida que aumentaba la demanda y
ahora estamos en el punto de partida”.
Al margen del impacto más o menos positivo que el cambio haya podido tener en la carga de trabajo de los servicios sociales municipales, en lo que respecta a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía algunas personas consideran que el impacto sobre las personas perceptoras de esta prestación ha sido negativo, dadas las dificultades que, a su juicio, Lanbide está demostrando para trabajar con los sectores de población más vulnerables y
más alejados del mercado de trabajo.
“[El traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] ha tenido un impacto muy positivo, porque nos ha permitido revisar lo que estábamos haciendo y
actualizar nuestra organización y
nuestra cartera de servicios. Pero tengo muchas dudas de si ese cambio ha tenido el mismo efecto beneficioso para la ciudadanía. Como en Lanbide sucede lo que sucede, la demanda de atención acaba volviendo, de otra manera, a los servicios sociales municipales, pero ahora sin el reconocimiento de que somos agentes esenciales en los itinerarios de inclusión y
con el agravante de que, en los municipios pequeños, los usuarios se tienen que desplazar continuamente a otro municipio para poder ser atendidos. En resumen, para los servicios sociales el impacto ha podido ser positivo, pero las personas usuarias no están teniendo la accesibilidad necesaria a un derecho fundamental”.
“Los ciudadanos han ganado desde el punto de vista de tener un organismo común que atienda esas necesidades con criterios y
mecanismos comunes. Otra cosa es reconocer que Lanbide tiene dificultades para tratar con personas que no tienen determinadas habilidades sociales y
que en muchas ocasiones tenemos que ser nosotros quienes acaban atendiendo a esas personas”.
“En la etapa en la que se hizo el trasvase de la RGI a Lanbide se tuvieron reuniones con el Gobierno Vasco para que, en Lanbide, incorporaran la figura de trabajador social y
que esta figura pudiera servir de puente entre las dos administraciones a la hora de utilizar términos, a la hora de entender la casuística, etc.. Es decir, tender un puente de comunicación entre los dos sistemas, que existan unos canales que permitan que las personas con menos habilidades sociales que se caen del sistema puedan ser recuperadas. Porque, si no, se da una paradoja en el sistema y
es, que se diseña un sistema para atender a las familias y
personas con una situación más vulnerable y
, al final, las personas con menos habilidades sociales son las que se caen del sistema”.
También se destaca que el traspaso de la RGI a Lanbide ha supuesto, hasta cierto punto, la pérdida de un instrumento importante de trabajo con las personas y
familias perceptoras, pues los itinerarios de inclusión social −que se establecen como condición necesaria para percibir la prestación− constituían un instrumento útil para trabajar desde los servicios sociales de base con algunas de estas personas, que no sólo requieren apoyo económico, sino que también presentan problemáticas de tipo social. Si bien la participación de los servicios sociales de base se contempla en el sistema de RGI para dar seguimiento a los objetivos de los convenios de inclusión vinculados a problemáticas sociales, en la práctica el nuevo sistema ha facilitado que algunas personas no tengan por qué pasar por los servicios sociales de base para cobrar la RGI, perdiéndose así una oportunidad para la detección de necesidades sociales de personas y
familias, pues el personal de Lanbide no cuenta, por lo general, con la formación específica para la detección y
abordaje de este tipo de necesidades. No parece, por otra parte, que el protocolo de colaboración entre Lanbide y
los servicios sociales de base surtiera el efecto deseado.
Se considera por parte de algunas personas, en definitiva, que el sistema actual de gestión de la RGI es demasiado rígido para responder adecuadamente a la casuística de aquellas personas perceptoras que, además de la falta de recursos económicos, también presentan una fuerte problemática social añadida. Esta situación da lugar, a menudo, a suspensiones en la percepción de la prestación o, directamente, excluye a estas personas del acceso a la misma. Esto hace que la demanda que queda desatendida sea finalmente traspasada a los servicios sociales de base que deben, por un lado, acompañar a la persona en el itinerario institucional para tratar de obtener o recuperar su prestación y
, por el otro, dar respuesta a la situación de emergencia social que se deriva de la situación de la persona o familia.
“La gente en situación de exclusión social no ha desaparecido de los servicios sociales de base, siguen ahí. Ahora nos tenemos que ocupar de todas las suspensiones que dictamina Lanbide, con el agravante de que no tenemos herramientas de coordinación directa con los trabajadores y
trabajadoras de Lanbide. Si a eso le sumas que los convenios de inclusión ahora se centran en la faceta estrictamente formativo−laboral, nos encontramos con que a las profesionales de los SSBB les han quitado una herramienta útil para trabajar otras asuntos y
a los ciudadanos les hemos quitado la atención que antes recibían en los servicios sociales de base”.
“Se habla de protocolos de colaboración, pero, desde el principio, cuando Lanbide diseña este sistema de gestión, dejando fuera a los servicios sociales municipales en todo lo que tiene que ver con la gestión de la RGI. Se nos incorpora en la coordinación, en la parte de orientación (de las problemáticas sociales). Pero nosotros, en la parte de orientación, que nos parece muy importante, poco podemos hacer para trabajar dificultades de una persona o una familia, si lo más básico no está garantizado. Y
es el sustento económico, en lo que tiene que ver con la alimentación, el vestido, etc.”.
Algunas personas insisten también, como se ha señalado previamente, en que el cambio de gestión de Lanbide ha supuesto un cambio cualitativo importante en las funciones de los y
las profesionales de los servicios sociales de base y
que, en algunas ocasiones, ese cambio ha descolocado a los propios profesionales, sin que se hayan creado estructuras o procesos de trabajo que permitieran aprovechar el nuevo escenario para optimizar los procesos de intervención con las personas usuarias. En ese sentido, algunas personas señalan que se ha producido un cierto acomodo a esta situación de impasse por parte del personal de servicios sociales, tendencia que se ha visto acentuada, además, como resultado del retraso en la aprobación del Decreto de Cartera y
el Mapa de Servicios Sociales.
“La RGI ha supuesto para muchas personas profesionales el tener que salir de su zona de confort y
eso no ha sido fácil para muchos profesionales. Eso requiere que nos sentemos a pensar y
a replantear nuestro papel y
ese replanteamiento ha quedado al albur de lo que cada concejal o cada equipo de Gobierno ha querido impulsar. Nosotros no hemos hecho nada durante los últimos cuatro años y
ahora en los últimos tres meses parece que queremos arreglar el mundo”.
“Hay profesionales a los que esto [el traslado de la gestión de la RGI a Lanbide] les ha descolocado completamente. Gente que llevaba 20 años haciendo papeleo y
a los que se les ha dicho: ‘Ahora no tienes que hacer más papeleo, ahora tienes que pensar, tienes que salir a la calle’. Y
claro, esa gente se ha quedado muy desorientada y
ni les hemos ayudado ni se han dejado ayudar”.
En cualquier caso, para algunas de las personas consultadas –más allá del impacto concreto que el traslado de la RGI a Lanbide haya podido tener−, el cambio realizado ha tenido la virtud de aclarar el panorama y
de redefinir el papel de los ayuntamientos en lo que se refiere a la gestión y
provisión de los servicios sociales de atención primaria. Desde esta perspectiva, desaparecida la –en cierto modo− carga impropia que representaba la gestión administrativa de las prestaciones de garantía de ingresos, los ayuntamientos deberían ser capaces de centrarse en sus responsabilidades en el ámbito específico de los servicios sociales.
“A mi juicio, el traslado de la RGI marca un antes y
un después en la situación de los servicios sociales municipales. Hasta entonces los ayuntamientos no podían hacer su labor y
ahora se supone que sí pueden. Hasta entonces se podía pensar en que había una razón de peso para explicar el escaso desarrollo de ciertas funciones, pero esa situación ha cambiado. Lo que ocurre es que el proceso de asunción de su rol de trabajo social está siendo más lento de lo previsto y
se están dando disfunciones importantes. No se ha dado el cambio cultural que se tenía que haber producido”.