3.2. Cambios de carácter externo. Factores abordables desde las políticas públicas
A diferencia de los factores de carácter interno antes destacados, existen otra serie de factores de carácter externo que responden a una caracterización socioeconómica específica de nuestro modelo social y que son plenamente abordables desde las políticas públicas de apoyo a las familias.
Son asimismo factores que explican una parte importante del envejecimiento poblacional de la CAPV y que lógicamente tienen una elevada incidencia en la sostenibilidad del modelo de atención a las familias.
En el marco de este estudio identificamos dos de los principales factores abordables desde las políticas públicas (tal y como ya referencian otros estudios1): el retraso en la formación de núcleos familiares propios y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. A continuación los analizaremos brevemente.
La CAPV es una de las regiones europeas con un mayor retraso en la emancipación y por tanto en la posibilidad de formación de una familia
Uno de los principales rasgos de los Estados de bienestar del sur de Europa es que la edad media de emancipación es más tardía que a nivel europeo, como bien indican Buchmann y Kriesi (2011). De hecho, en España la media es de 30 años (similar a la de Portugal e Italia), mientras que en otros países como Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido es de menos de 25 años.
La situación en la CAPV es menos halagüeña aún, ya que presenta tasas de emancipación todavía más retrasadas, en las que solamente entre el 30 y el 40% de las personas jóvenes menores de 34 años han comenzado su proyecto vital propio (mientras en otras regiones es de casi el 50% y la media española supera el 40%)2.
Este retraso en la edad de emancipación hace que el acceso a la natalidad esté prácticamente equiparado al de la emancipación, entre otras cosas por las edades medias de las que estamos hablando, si bien es cierto que se ha duplicado la maternidad a partir de los 40 años3 y en la CAPV es aún de media más tardía (32 años) que a nivel estatal (30 años), hecho al que algunos autores (Livi-Bacci, 2001) incluso denominan “síndrome del retraso”.
Entre los factores de análisis para explicar esta situación pueden destacarse los siguientes:
Un elevado nivel formativo que retrasa la incorporación al mercado laboral. Como bien ha investigado Requena (2001), los períodos formativos en España se prolongan hasta más allá de los 25 años y no es habitual residir fuera del hogar parental durante los estudios (a diferencia de países como Suecia, Alemania o Reino Unido).
Esto es aún más acusado en el caso de la juventud que cursa estudios universitarios, ya que la escasa movilidad geográfica además de componentes culturales tiene otros económicos, siendo el coste para la unidad familiar de que una hija o hijo estudie fuera muy elevado y, tal y como veremos más adelante, no existen políticas de apoyo a las familias adecuadas en este campo, a diferencia de otros países europeos. Asimismo, la duración de los estudios es mayor, completándose en ocasiones con postgrados antes de tratar de incorporarse al mercado laboral.
Inestabilidad y precariedad del mercado laboral. Como bien destacan distintos autores nacionales e internacionales, el mercado laboral estatal es dual4, con unos niveles de protección elevados para los contratos indefinidos más antiguos y unas condiciones de alta precariedad para las personas jóvenes que se incorporan al mismo y que afecta a las mujeres aún en mayor medida5.
Por tanto, si además de incorporarse tarde al mercado laboral se hace en condiciones de precariedad, el resultado es que la mayor parte de la juventud carece de autonomía financiera plena para poder comenzar un proyecto de vida independiente, con tasas mínimas de menores de 30 años con capacidad para independizarse.
Carestía y dificultad de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. Finalmente, un tercer factor que retrasa la formación de núcleos familiares propios es una dificultad de acceso a la vivienda con pocas similitudes a la de otros países europeos6. A nivel estatal (y la CAPV no es una excepción, sino uno de los ejemplos más notables), el precio de la vivienda acapara uno de los porcentajes de sueldo mayores de Europa, generando un elevado nivel de endeudamiento familiar7.
Además de la especial orientación a la compra (propia del modelo estatal y mediterráneo), el alquiler resulta una opción difícil y en ocasiones de mayor coste mensual que la adquisición de una vivienda en propiedad, con dedicaciones que suponen prácticamente el 30% de los ingresos brutos8 y cerca de 920 € mensuales9 en el caso vasco.
Los tres factores indicados reducen los recursos económicos de las familias e influyen poderosamente en la decisión de tener o no hijas o hijos (y cuántos) y, por tanto, en la pirámide poblacional vasca. Este es un extremo ya señalado por anteriores informes del Ararteko(2013), en los que se habla de que “las dificultades de acceso a una vivienda suponen un obstáculo importante para el acceso, especialmente para las personas jóvenes, a una vida independiente por carecer de recursos económicos suficientes, hablamos de una forma de precariedad encubierta (...) que guarda relación con la dificultad de formar nuevas familias y demora proyectos a futuro donde nazcan niñas y niños”.
Las familias de la CAPV encuentran extremas dificultades para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal
Quizás la segunda clave más relevante para explicar la reducción de la natalidad es la que tiene que ver con las dificultades para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, puesto que los conflictos existentes en nuestra sociedad para compatibilizar estas tres facetas de la vida conllevan que muchas familias retrasen y reduzcan su descendencia hasta poder superar las tres dificultades antes reseñadas.
Detrás de estas dificultades para conciliar encontramos factores relacionados con el desigual reparto de las tareas familiares, pero también con un mercado laboral que prima valores como la disponibilidad horaria o la flexibilidad laboral, de difícil compatibilización con la conciliación, máxime si las medidas públicas de apoyo no son lo suficientemente efectivas.
“Es necesario incentivar a las empresas que establecen y cumplen planes de conciliación, ya que la configuración del mercado laboral no permite una conciliación real”.
(Entrevistas con entidades sociales)
“Algunas medidas para la conciliación en las empresas que mejorarían las posibilidades de alcanzar el objetivo de aumentar la tasa de natalidad son una mayor flexibilidad horaria o la instalación de guarderías en las empresas”.
(Grupo de discusión con entidades sociales)
La incorporación de mujeres al ámbito público no se está produciendo en igualdad de condiciones respecto a la incorporación de hombres al ámbito privado. Esto provoca que sigan siendo las mujeres el principal soporte familiar en el cuidado de la infancia y otras personas dependientes, produciéndose dobles y hasta triples jornadas.
(Gráfico 8) . Horas medias diarias que la población ocupada dedica al trabajo doméstico
Fuente: EUSTAT (2010b).
Tal y como se puede apreciar en el anterior gráfico, las tareas relativas a la crianza de hijos e hijas y el cuidado a personas dependientes sigue estando principalmente en manos de mujeres, si bien progresivamente los hombres dedican cada vez más tiempo10. Aun así, la posición es de franca desigualdad, ya que mientras los hombres dedican menos de tres horas diarias al cuidado de menores, las mujeres emplean casi cinco. Esta diferencia se acentúa si se trata del cuidado de personas dependientes, actividad a la que los hombres dedican casi dos horas diarias mientras que las mujeres doblan esa cifra.
¿Qué subyace tras estos datos? ¿Por qué la conciliación no es vista como un tema familiar y sigue asociada principalmente a mujeres que siguen haciéndose cargo mayoritariamente de las tareas del trabajo doméstico y reproductivo?
Como indicábamos anteriormente, el aumento de la negociación interna y el empoderamiento de las mujeres, así como una progresiva corresponsabilización por parte de los hombres, hacen que la distribución de las tareas domésticas se vaya repartiendo poco a poco de forma más equitativa, si bien sigue siendo un rol mayoritariamente asumido por las mujeres.
Por un lado tenemos el paradigma cultural que influencia estas decisiones, herencia de un sistema en el que lo productivo sigue asociado a roles masculinos y lo reproductivo a femeninos, en el que la conciliación sigue asociada a la mujer y la maternidad (Instituto de la Mujer, 2008).
Concretamente y según datos de 200911, en la CAPV se registraron más de 45.000 solicitudes de ayudas económicas en Euskadi para excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos e hijas, siendo 9 de cada 10 solicitudes solicitadas por mujeres. Sobre este imaginario colectivo es evidente la capacidad de actuación y transformación de las políticas públicas de sensibilización.
Sin embargo, por otro lado encontramos un sistema económico y laboral aún anclado a los condicionamientos industriales que le dieron origen, alejado de la estructura social actual y en el que elementos como el presentismo, la disponibilidad o la no inclusión del valor reproductivo dentro de la estructura productiva siguen imperando: “las mujeres hemos entrado en estructuras empresariales creadas por hombres para satisfacer objetivos de hombres” (Merodio y Muriel, 2012), lo que nos lleva a concluir que “ninguno de los factores que estimulan la fecundidad es propicio en el caso español” (Esping-Andersen, 2013).
De hecho, incluso en los países con mayor igualdad laboral, los estudios muestran que en muchas ocasiones esta no se debe a que el sector privado sea más igualitario, sino al peso específico del sector público12. Por ejemplo, la fecundidad tiende a ser más alta en los países con sectores públicos mayores (Bernhardt, 1993), los padres solicitan compartir más los permisos de natalidad en el ámbito público e incluso en las familias en las que se desea aumentar el número de hijos o hijas las mujeres suelen cambiar sus puestos de trabajo en “entornos de economía dura” –empresa privada– por “entornos de economía blanda” –Administración y empresa pública–13.
Un buen elemento de referencia sobre la falta de importancia concedida en la CAPV a las medidas de conciliación en el ámbito laboral y una buena muestra del camino que nos queda por avanzar es la escasísima oferta en las empresas de este tipo de elementos a sus plantillas, ya que por ejemplo las guarderías quedan relegadas al último estadio de entre las prestaciones sociales ofrecidas (con un 4,5% de la población cubierta).
(Gráfico 9) . Población asalariada de la CAPV,
por prestaciones sociales a cargo de la empresa
Fuente: EUSTAT (2010b).
Otro claro reflejo de la distancia existente entre el mercado laboral y la sociedad actual es la brecha salarial existente en la CAPV, en la que bajo unas reglas que siguen imponiendo la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado a las mujeres, estas se ven en la necesidad de renunciar a parte de su carrera laboral, lo que genera diferencias salariales a nivel de la UE entre mujeres y hombres de cerca del 17%14, accediendo a un techo de cristal hoy por hoy aún difícil de romper. Esta brecha salarial conlleva también que ante un escenario laboral que no prima precisamente los valores reproductivos y un escenario de medidas públicas que no son del todo eficaces para fomentar la conciliación, sigan siendo las mujeres quienes continúan optando por las reducciones de jornada o las excedencias (como se veía antes), ya que en un contexto de suma de ingresos en el hogar, el resultante económico para la familia es más beneficioso si es el hombre quien mantiene su disponibilidad productiva intacta.
¿Y cuál es el papel de las políticas públicas en este campo? La mejora de las capacidades de conciliación de la vida familiar, laboral y personal no se producirá únicamente mediante las políticas de apoyo directo de carácter público, puesto que trasciende ese ámbito de competencia y accede a un espacio que, como bien destacan Merodio y Muriel (2012), tiene que ver con un cambio en los “modelos de gestión, dirección y organización interna”. Por tanto, también serán necesarias fuertes medidas de sensibilización que apoyen el cambio social, especialmente en un contexto tan basado en un tejido empresarial de PyME como es el de la CAPV.
En todo caso y tal y como queda reflejado en la Hoja de Ruta para la igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Europea15, existe una correlación directa entre las facilidades ofrecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar y la incorporación efectiva y en igualdad de las mujeres al mundo laboral, así como con la reducción de la tasa de pobreza infantil16 y el aumento de la natalidad17, ya que aquellos países que ofrecen una menor tasa de desempleo femenino y que tienen más desarrolladas las políticas de conciliación son los países con mayores tasas de fertilidad.
Además, las evidencias apuntan –como recogen De Villota (2009) y Esping-Andersen y Palier (2010)– a que solamente a través de medidas de conciliación efectivas aumentará y mejorará la participación de las mujeres en el mercado laboral, y por tanto se creará mayor riqueza, se fortalecerá el tejido laboral, aumentará la recaudación impositiva y mejorará en última instancia la fecundidad (Esping-Andersen, 2013).
Por tanto, una fuerte política de apoyos a la conciliación –a través tanto de apoyos económicos como de infraestructuras– permitirá hacer frente a este reto, con una clara incidencia tanto en la mejora de la natalidad como de la productividad empresarial, ya que actualmente 6 millones de mujeres europeas de entre 25 y 49 años afirman que o bien no pueden trabajar o bien solamente pueden hacerlo a tiempo parcial por sus responsabilidades familiares18.
Esto queda claramente mostrado a través del análisis realizado por De Villota (2009) sobre la tasa de actividad y la capacidad de conciliación que las mujeres tienen en distintos países europeos. Como se aprecia en el gráfico posterior, son aquellos países con unas políticas públicas más decididas en materia de medidas de apoyo a la conciliación las que permiten que las mujeres mantengan tasas de actividad mayores.
(Gráfico 10) . Correlación entre tasa de actividad e índice de conciliación
Fuente: De Villota (2009).
Países como Dinamarca, Suecia o Finlandia presentan los mejores resultados, mientras que España, Italia e Irlanda
–con débiles apuestas en este campo, como se verá en el capítulo V de este informe– arrojan los peores resultados, siendo una situación que correlaciona directamente con pirámides de población muy diferenciadas, presentando los países nórdicos tasas de natalidad más elevadas que las de los países mediterráneos (como también se podrá ver en el quinto capítulo).
3INE. Anuario Estadístico (2012).
4Cooley, F. (2010).
8Público.es (26-01-2013).
10 La comparación de los datos de 2008 (EUSTAT, 2008c) y 2010 (EUSTAT, 2010b) de la encuesta de presupuestos del tiempo es muy clara en este aspecto.
14EMAKUNDE (2012).
15Comisión Europea (2006).
16COFACE (2009).
17IESE (2003).