Ararteko

Desde hace años, la salud mental de las personas presas viene representando una de las principales preocupaciones de la institución del Ararteko, constituyendo este colectivo, en el que concurre acumuladamente la enfermedad mental y la privación de libertad, uno de los grupos de atención preferente por nuestra parte, al encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

El presente estudio es impulsado desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales de estas personas con el fin de ahondar en la búsqueda de la mejor atención sociosanitaria a lo largo de su proceso vital, comprendiendo su relación con el sistema judicial penal y, en particular, su estancia en prisión.

Buena parte de los estudios sobre población penitenciaria ponen de manifiesto el importante deterioro de la salud mental de las personas presas, el aumento de personas con trastornos mentales, así como las deficiencias en el sistema de atención sanitaria.

A pesar de la constatación de esas necesidades, lo cierto es que los medios disponibles son escasos. Para aquellas personas que precisan de una atención especializada por su grado de imputabilidad, solo se cuenta con dos centros psiquiátricos penitenciarios en todo el Estado: en Sevilla y en Alicante. A ello se añaden las plazas disponibles en centros hospitalarios de la red sanitaria para el cumplimiento de medidas de seguridad. Sin embargo, quedan por cubrir muchas otras necesidades, especialmente recursos intermedios que presten atención a las personas con padecimientos menos graves, atención especializada dentro del propio centro penitenciario y servicios externos de atención sociosanitaria.

Esta realidad requiere de un estudio en profundidad y de un mayor grado de compromiso por parte de las instituciones afectadas. En nuestro caso, resulta evidente la responsabilidad de la Administración vasca en materia de salud y políticas sociales, a la cual, además, se han trasferido competencias en materia específica de sanidad penitenciaria, además de las administraciones locales en sus diferentes ámbitos.

El presente estudio se ha desarrollado bajo una metodología cualitativa en dos fases claramente diferenciadas: una primera, iniciada a finales del año 2010 y desarrollada a lo largo de 2011; y una segunda, de septiembre a diciembre de 2013, propiciada por el hecho, considerado relevante para el desarrollo del informe, de la transferencia por el Decreto 140/2011, de 28 de junio, de las competencias en materia de sanidad penitenciaria al Gobierno Vasco. A ello se unía también la constatación de un cierto impulso del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM) por parte de la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias.

En consecuencia, ante dicha transferencia, como hecho decisivo y de gran trascendencia en la materia, consideramos necesario realizar una segunda fase del estudio que permita, una vez trascurrido un plazo razonable de implantación de la nueva realidad, valorar la incidencia de dicha transferencia en la atención sociosanitaria de la salud mental de las personas privadas de libertad en la CAPV y la nueva situación creada.

Los objetivos del presente informe son:

1. Conocer la situación de las personas presas en cuanto a su estado de salud mental y la prevalencia de la enfermedad mental en dicha población.
2. Conocer el estado de la transferencia de competencias a la CAPV en materia de sanidad penitenciaria, el PAIEM desarrollado por Instituciones Penitenciarias y la legislación penal y penitenciaria, como marco regulador de las distintas intervenciones en torno a este colectivo.
3. Conocer la intervención que se realiza con las personas presas que padecen enfermedad mental y los recursos que se despliegan en cada centro penitenciario por Osakidetza, Instituciones Penitenciarias o entidades privadas.
4. Conocer la intervención y coordinación con los recursos comunitarios sociosanitarios a la salida del centro penitenciario.
5. Conocer las demandas y necesidades de las personas presas con relación a cualquier dificultad que afecte a su salud mental.
6. Conocer las demandas y necesidades de los y las menores ingresados en centros de rehabilitación de menores en cualquier aspecto que afecte a su salud mental.
7. A la vista del análisis resultante, elaborar recomendaciones a las administraciones implicadas, en particular a los departamentos de Salud, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, para que creen los dispositivos necesarios, independientes o coordinadamente con las diputaciones forales y las administraciones locales, tomando en consideración la participación de la red social.

Para la consecución de los objetivos del informe, hemos desarrollado un estudio a partir del siguiente proceso de análisis:

1. Recopilación de información, documentación y datos disponibles, y determinación de fuentes de información propias y otras fuentes de información.
2. Reuniones en grupos focales y entrevistas estructuradas con técnicos y funcionarios de instituciones penitenciarias y de centros de menores, personal sanitario de las prisiones, jefes de las unidades de atención primaria y psiquiatras consultores, equipos de toxicomanías, así como con personas privadas de libertad, reuniones orientadas a la recogida de información cualitativa sobre la realidad de la atención sanitaria a las personas afectadas por psicopatologías y los recursos disponibles en los centros penitenciarios.
3. Peticiones de información a las administraciones afectadas.
4. Reunión con las asociaciones que trabajan con la población penitenciaria para conocer sus demandas, dificultades y propuestas.
5. Reunión con los profesionales de las administraciones públicas vascas que trabajan en ese ámbito.

Para la realización de este informe se ha contado con la colaboración desinteresada de los responsables de los tres centros penitenciarios ubicados en la CAPV, así como de personal técnico, funcionariado, equipos médicos y de toxicomanías de las prisiones, psiquiatras consultores/as, un grupo de personas privadas de libertad que aportaron su propia experiencia personal y su conocimiento directo de la realidad penitenciaria. Igualmente, han participado responsables y educadores de los centros de menores Ibaiondo y Txema Fínez, dependientes de la Administración vasca, así como entidades y organismos del tercer sector.

Hemos de mostrar también nuestro agradecimiento a los departamentos de Salud, y Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, que han facilitado la presente investigación.

A todos ellos nuestro agradecimiento más sincero por su participación y contribución en el desarrollo de este informe. Sin ellos no hubiera sido posible su realización.