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La preocupación por la elevada incidencia de los problemas de salud mental entre la población penitenciaria llevó a la Administración penitenciaria a la elaboración del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM), para tratar de dar respuesta a las necesidades en esta materia de las personas internas en los centros penitenciarios.

En el momento actual el programa se ha reelaborado con la finalidad de lograr una implementación progresiva en los centros penitenciarios, siendo todavía desigual y menor de lo deseado su grado de aplicación práctica.

En este sentido, parece muy relevante poder ahondar en la coordinación y en el diseño de protocolos de actuación conjunta entre los profesionales sanitarios especialistas en salud mental (Osakidetza) y los profesionales de tratamiento de instituciones penitenciarias.

En su formulación teórica, el programa recoge pautas de atención especializada para las personas que presentan algún tipo de trastorno o patología mental, con especial hincapié en la práctica de actividades terapéuticas y ocupacionales específicas, que sin embargo en la práctica, como los estudios de campo reflejaron, no existen o son esporádicas.

Más en concreto, el PAIEM diseña, a nivel teórico, la intervención con personas internas que presentan algún tipo de patología mental en tres líneas de actuación:

1. En primer lugar, la detección del caso y la atención clínica, al objeto de realizar o confirmar el diagnostico, así como pautar el tratamiento médico.
   
   
2. En segundo lugar, se realiza un programa de rehabilitación individualizado que contempla la participación en actividades comunes del centro o específicamente diseñadas para este tipo de personas internas.
   
   
3. La tercera línea del programa tiene como objetivo facilitar la incorporación social con intensificación de actuaciones en el ámbito familiar y búsqueda de recursos externos apropiados.

El programa no detalla cuáles son las patologías mentales a las que ha de atenderse e incluirse dentro del mismo, y los propios profesionales intervinientes carecen de criterios consensuados sobre ello.

En la comparecencia celebrada en el Congreso de los Diputados el martes 25 de junio de 2013, el secretario general de Instituciones Penitenciarias sostuvo que entre los objetivos en los que se está trabajando, en relación con la atención sanitaria en los centros penitenciarios, está la implementación de la estrategia global de actuación en salud mental y drogodependencias.

En dicha comparecencia, manifestó que recientemente se ha realizado un extenso análisis del funcionamiento del programa. A su juicio, los primeros datos de esta amplia evaluación indican que el programa está progresivamente alcanzando los objetivos para los que fue diseñado. En este sentido, señala: “Primero, el programa se encuentra implantado prácticamente en todos los centros, incluyendo el total de los enfermos más graves que se encuentran en prisión. Segundo, ha facilitado la adaptación del enfermo al medio, ha mejorado su sintomatología y ha disminuido de manera significativa los incidentes regimentales que estos pacientes protagonizan. Tercero, el punto más importante que debe mejorar es el relacionado con la última parte del programa, el que se dedica a la derivación y reinserción social del enfermo. Se ha observado que hay dificultades desde los equipos PAIEM en los centros penitenciarios para establecer los contactos adecuados con los recursos asistenciales en la comunidad. Cuarto, se está preparando un nuevo programa que mejore los resultados en esa fase y complemente el PAIEM. Esta nueva iniciativa, que está en fase de confección y se denominará ‘Programa Puente’, se desplegará en los centros de inserción social. Su objetivo primordial será optimizar la continuidad asistencial de los enfermos incluidos en el PAIEM y asegurar su correcta derivación a los recursos asistenciales de la comunidad cuando llegue el momento de la excarcelación. Se trata de un proyecto que ha estado en fase de piloto durante dieciocho meses”.

No obstante, en las interpelaciones de los distintos parlamentarios presentes en la comparecencia se cuestionaron diversos temas de los planteados por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, tales como la falta de personal, tanto de vigilancia como de atención, los recortes presupuestarios en los gastos farmacéuticos, el cierre de los centros de inserción social CIS o la paralización de la construcción de algunos de los centros previstos, y el hecho de que no se hayan producido aún las trasferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, cuando ya venía recogido en la Ley 16/2003. Únicamente, en julio del año 2011, como antes decíamos, se produjo la trasferencia de la sanidad penitenciaria a la CAPV.