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Desde los años 80 se fue imponiendo una reforma psiquiátrica que promulgó la desaparición de los hospitales psiquiátricos, con el fin de no aislar a las personas con enfermedad mental –en muchos casos, de por vida– de su entorno social. Paralelamente debía arbitrarse una red de servicios comunitarios de toda índole para atender sus necesidades: hospitales de día, residencias, pisos tutelados, programas de empleo especial, red de tratamientos ambulatorios, etc.

En nuestra opinión –fundamentada en el análisis de las quejas ciudadanas, la información recabada de las administraciones concernidas y el contacto con colectivos y asociaciones que operan en este ámbito–, en los últimos años la CAPV ha experimentado una notable pero insuficiente evolución en la protección y atención de un colectivo tan especialmente vulnerable como es el de las personas que padecen problemas de salud mental.

En estos años hemos asistido a un remarcable impulso en la creación, implantación y mejora de centros de salud mental para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de hospitalización breve, hospitales de día para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de media estancia, unidades de rehabilitación y psicogeriátricos, así como a la paulatina creación y ampliación de estructuras residenciales no hospitalarias, como pisos tutelados, pisos supervisados, minirresidencias, hogares, comunidades terapéuticas, pensiones y hostales protegidos.

Sin embargo, a pesar de los avances registrados, estos se han dado en el marco de un inacabado proceso de desinstitucionalización1 y seguimos observando una insuficiencia de estructuras intermedias de rehabilitación en el ámbito de la salud mental (hospitales/centros de día, recursos de alojamiento con distinto grado de supervisión, centros ocupacionales, comunidades terapéuticas, clubes sociales y recursos de rehabilitación psicosocial).

Estas estructuras son indispensables para complementar las intervenciones realizadas en los centros de salud mental o en unidades de hospitalización de corta estancia, para garantizar la correcta implementación de programas de atención psiquiátrica (como los dirigidos a personas sin hogar, por ejemplo) o para el desarrollo de procesos de desinstitucionalización que permitan hacer realidad el modelo comunitario de atención.

Esta situación de insuficiencia viene agravada por las limitaciones en el acceso, nivel y calidad de las prestaciones sanitarias y sociales, cuya responsabilidad y gestión competen a las administraciones públicas, que podrían derivarse del escenario de profundos cambios en que nos encontramos inmersos, con motivo de la grave crisis económica actual.

Ello ha llegado a poner en riesgo incluso aquellos recursos ya existentes, dependientes de las organizaciones privadas, cuyo sostenimiento depende en gran medida de la financiación pública. Como consecuencia, los centros penitenciarios se han convertido, en muchos casos, en la última estación a la que llegan muchas personas con enfermedad mental.

Según la OMS, se estima que en las sociedades occidentales la incidencia de alteraciones psiquiátricas es hasta siete veces mayor en la población penitenciaria que en la población general. Tal y como se recoge en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los últimos años se ha observado un sensible incremento de algún tipo de trastorno mental de las personas que ingresan en prisión.

El Informe Prevalencia de Trastornos Mentales en Centros Penitenciarios Españoles (Estudio PRECA), el más amplio llevado a cabo en España sobre la prevalencia del trastorno mental en los centros penitenciarios y publicado en junio de 2011, incide en que la prevalencia de la patología psiquiátrica entre la población reclusa española es superior a la de la población general, arrojando datos alarmantes.

Así, en una muestra de la población general española se estimó que la prevalencia de trastorno mental en varones era del 15,7% (Haro et al., 2006), mientras que, según los resultados obtenidos en el estudio PRECA, la prevalencia de la enfermedad mental en población reclusa es alrededor de cinco veces más alta (84,4%). Esto significa que 8 de cada diez personas presas han sufrido a lo largo de su vida algún trastorno mental, siendo entre ellos el trastorno por uso de sustancias el más frecuente (76,2%), seguido del trastorno de ansiedad (45,3%), el trastorno afectivo (41%) y el trastorno psicótico (10,7%).

Los datos facilitados por las personas entrevistadas en los estudios cualitativos de campo, que luego detallaremos, refirieron la presencia en el Centro Penitenciario de Araba/Álava en régimen ordinario de no menos de 50 personas afectadas de trastornos sicóticos. Extrapolando dichos datos, podemos estimar, como ya realizaba el informe de 2006 del Gobierno Vasco “Líneas Generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria. Aproximación a un modelo para la CAPV”, la permanencia en las prisiones de la CAPV de no menos de 100 personas con trastornos mentales graves.

Según los últimos datos de los que disponemos, la prevalencia de presentar algún trastorno mental se sitúa en el 41,2% de la población penitenciaria: 4 de cada 10 personas presas presentan un trastorno mental en el momento actual. En el Estudio del Ministerio del Interior sobre la salud mental en el medio penitenciario (2007) se obtenían unos datos muy similares, al señalar que la prevalencia de padecer un trastorno mental en la población reclusa era del 45,9%.

Disponer de datos fiables sobre la prevalencia de los trastornos mentales en centros penitenciarios es de crucial importancia para poder mejorar los servicios de salud mental penitenciaria en el momento de su internamiento penitenciario, pero también para tener en cuenta las necesidades a más largo plazo de estas personas, de cara a planificar servicios comunitarios. Los estudios en prisión basados en la prevalencia de periodo (último mes) tienden a subestimar la tasa de trastornos mentales, así como las necesidades de salud de la población para cada trastorno.

Resulta también muy relevante señalar que las personas presas que padecen o han padecido un trastorno por uso de sustancias tienen una alta comorbilidad con los grupos diagnósticos de patología mental más prevalentes, hasta el extremo, según los resultados del estudio PRECA, de que solo el 8% de las personas presas que padecen algún trastorno mental lo hacen sin historia de trastorno por uso de sustancias.

Otro de los datos de suma relevancia es la gran prevalencia de los trastornos de la personalidad entre la población presa: alrededor del 80% de la muestra analizada en el estudio PRECA tenía al menos un trastorno de la personalidad.

En el análisis de la realidad incluido en el documento anteriormente citado “Líneas Generales de Política de Ejecución Penal y Penitenciaria. Aproximación a un modelo para la CAPV” ya se cifraba en cerca del 70% el número de personas presas afectadas de trastornos de la personalidad en la CAPV.

También se destaca la situación de vulnerabilidad de la población extranjera, la mayoría sin residencia legal y en situación de grave exclusión, en la que el encarcelamiento y el alejamiento de su lugar de origen puede ser un desencadenante de enfermedad mental.