2.2. Servicios sociales para la infancia en desprotección
2.2.1. A
lgunos datos cuantitativos
El mayor peso de la información recogida en este a
partado se refiere a
la a
ctuación de los servicios sociales de a
tención secundaria, mayoritariamente de competencia foral, si bien a
lgunas de las reflexiones y conclusiones derivadas pueden ser perfectamente extensibles (y esperamos que compartidas) por el resto de a
gentes institucionales implicados en la a
tención a
niños, niñas y a
dolescentes en desprotección o en riesgo de desprotección. As
í, la información cuantitativa y la relativa a
la red de recursos de a
lojamiento residencial que a
portamos fue solicitada a
las tres diputaciones forales en noviembre de 2012.
El primer dato de interés solicitado es el de la población a
tendida en cada una de las diputaciones forales: los nuevos expedientes a
biertos en el a
ño y el total de expedientes a
tendidos, as
í como el número de menores de edad implicados. Esta diversidad en la solicitud a
tiende a
la distinta práctica de las diputaciones forales, que en a
lgunos casos a
tribuyen a
cada persona menor un expediente, mientras que en otros el expediente identifica la familia y, por tanto, en él pueden encontrarse implicados varios menores.
(Gráfico 5)
Número de menores de edad nuevos a
tendidos por los servicios sociales forales de infancia en 2012
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
La tendencia observada en Bizkaia y Gipuzkoa es similar a
la del pasado a
ño, con un ligero a
umento en Gipuzkoa y un ligero descenso en Bizkaia. En Gipuzkoa, se mantiene la tendencia a
puntada el a
ño pasado: el a
umento de niños, niñas y a
dolescentes “autóctonos”, que vuelven a
incrementar su porcentaje respecto a
l a
ño a
nterior en un 7,1%, frente a
un descenso del 11,7% de los menores extranjeros sin referente familiar. En A
raba/Álava se ha producido un considerable a
umento en el número de menores que a
cuden a
l Servicio de Infancia para la valoración de su grado de desprotección, que explica el incremento en el número de expedientes, incremento que no tiene su reflejo en el número de medidas de separación familiar, ya que una buena parte son a
tendidos con programas de intervención familiar, tanto forales como municipales.
Las medidas de protección a
plicadas a
estos menores, junto a
los que ya venían siendo a
tendidos, son fundamentalmente cuatro: programas de intervención intensiva en familia, a
cogimiento familiar, a
cogimiento residencial y a
dopción. La evolución de las dos principales medidas que suponen la separación de las personas menores de sus progenitores, esto es, el a
cogimiento residencial y el a
cogimiento familiar, se a
precia en los dos gráficos siguientes:
(Gráfico 6)
Evolución de la medida de a
cogimiento residencial 1995-2012
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
(Gráfico 7)
Evolución de la medida de a
cogimiento familiar 1995-2012
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
(Gráfico 8)
Comparación de las medidas de a
cogimiento residencial y familiar en 2012 en la CAPV y por territorios
alt="" />
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
Los datos del a
ño 2012, en los que se observa una estabilidad en el número de a
cogimientos familiares y cierto descenso en Bizkaia en los a
cogimientos residenciales, parecen confirmar la a
puesta y el esfuerzo de nuestras diputaciones forales por primar la opción familiar, bien en familia extensa bien en familia a
jena. En el tercer gráfico, a
demás, podemos observar el peso relativo de cada una de estas dos medidas en 2012 en cada territorio y en la CAPV.
En lo tocante a
las a
dopciones, se mantiene el retroceso en el número de solicitudes, tanto nacionales, como internacionales, respecto a
l a
ño a
nterior. El dato más llamativo es el cambio en la tendencia de solicitudes presentadas para a
dopción nacional e internacional: por primera vez en muchos a
ños se produce un vuelco en la proporción, siendo notablemente superiores las solicitudes presentadas para a
dopción nacional. Sin ser concluyentes en las interpretaciones tanto del descenso como de la preferencia en las solicitudes, no podemos obviar el impacto de la crisis económica en las familias potencialmente a
doptantes, unido a
un cada vez mayor conocimiento de la realidad, la complejidad y las dificultades de los procesos de a
dopción, que pudiera estar disuadiendo a
personas que no tuvieran una decisión muy meditada.
(Gráfico 9)
Evolución de las solicitudes de a
dopción (nacional e internacional) en la CAPV 1995-2012
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales.
Una muestra de esta complejidad, a
l menos de la tocante a
l proceso hasta su constitución, son los datos de las a
dopciones realmente constituidas en 2012: 27 en el á
mbito nacional, 97 internacionales, que responden en todos los casos a
solicitudes cursadas en a
ños a
nteriores.
(Gráfico 10)
Número de a
dopciones constituidas (nacionales e internacionales) en 2012 en la CAPV y por territorios
alt="" />
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
Y un último a
punte en el á
mbito de la a
dopción, a
un cuando se refiera a
la vertiente normativa, para celebrar la modificación del decreto que regula el procedimiento de a
ctuación de las diputaciones forales en esta materia. Entendemos que recoge los a
rgumentos expuestos por esta institución en su día recomendando “que la distancia generacional no sea objeto de un límite cronológico en términos a
bsolutos, sino que sea ponderada caso por caso, en el marco de un juicio integral e individualizado de todas las circunstancias personales y familiares que concurran en cada supuesto particular”.
2.2.2. La red de a
cogimiento residencial
Además de estos datos cuantitativos, que nos permiten una primera fotografía de la situación a
ctual y la evolución (quizás incluso las tendencias) de la a
tención a
los y las menores en desprotección, se solicitó a
las diputaciones forales información sobre la configuración de la red de a
cogimiento residencial, más concretamente, sobre creaciones, modificaciones o supresiones de recursos a
contecidas en 2012.
Conforme a
la información a
portada por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, la red de recursos de a
tención residencial de estos dos territorios ha experimentado las siguientes modificaciones:
En Bizkaia han cesado su a
ctividad dos recursos residenciales destinados a
menores extranjeros no a
compañados: el centro residencial “El Garmo” (20 plazas) y la residencia semiautónoma de San Ignacio (6 plazas). Por otra parte, el centro residencial Zabaloetxe ha reducido el número de plazas de 90 a
60, mientras que el centro residencial El Vivero ha a
umentado de 27 a
30 plazas y ha habilitado un nuevo edificio a
nejo.
La red de a
cogimiento residencial de Gipuzkoa también ha sufrido modificaciones, entre las que destaca la a
pertura de a
lgunos de los centros destinados hasta esa fecha exclusivamente a
menores extranjeros no a
compañados, a
menores “autóctonos”. A
demás, en 2012 se ha reorganizado la red de a
cogimiento residencial que, partiendo de los principios de garantizar la a
decuada a
tención, buscar el equilibrio territorial y mejorar la eficiencia económica, queda configurada por 305 plazas. Los cambios más significativos son los siguientes:
acogida de urgencia para gestionar el programa de
acogida de urgencia en el conjunto de los centros de la red, buscando de esta manera ofrecer estabilidad
alos niños y niñas
al evitar los cambios de centro.
acogida de urgencia de los menores extranjeros no
acompañados, debido
ala especificidad de su
atención en los primeros momentos (regularización documental, diferencias culturales…).
atención
a
adolescentes con problemas de conducta.
La valoración de estos movimientos en la red de a
cogimiento residencial por parte de la Oficina de la Infancia y la A
dolescencia no puede ser sino positiva, dado que refleja el interés de las a
dministraciones competentes por a
daptar los recursos a
la evolución de las necesidades y a
tender las necesidades emergentes con presteza. Por otro lado, tanto en el marco de investigación de a
lgunas quejas individuales, como de a
ctuaciones de oficio, hemos tenido la oportunidad de conocer in situ a
lgunos de estos centros, corroborando la buena impresión general.
Sin embargo, este a
ño hemos querido profundizar en más cuestiones relativas a
la red de a
cogimiento residencial. As
í, en el mes de octubre se inició un expediente de oficio con objeto de recabar información sobre el grado de cumplimiento del Decreto 131/2008 regulador de dichos recursos residenciales, ya que a
finales del mes de a
gosto de 2012 había finalizado el plazo de cuatro a
ños establecido para la a
decuación de los recursos existentes a
la entrada en vigor de la normativa. A
pesar de que en los seguimientos realizados a
ño a
a
ño y en las visitas cursadas a
a
lgunos recursos residenciales se ha podido comprobar el esfuerzo que han realizado las a
dministraciones responsables para a
daptarse a
las exigencias del decreto regulador, a
lgunas cuestiones difícilmente pueden ser valoradas en una visita o requieren de un a
nálisis más detallado. Por este motivo, se cursó petición de información a
las tres Diputaciones Forales, a
l Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a
l Departamento de Empleo y As
untos Sociales del Gobierno Vasco. En ellas se solicitaba información detallada sobre el grado de cumplimiento de los requisitos materiales (capacidad de los recursos, a
ccesibilidad, a
decuación de los espacios), de los requisitos funcionales (medidas de protección de los residentes y documentación mínima exigida en cada centro), de los requisitos de personal (titulaciones, ratios mínimas, planes de formación y medidas para la prevención del estrés laboral y sistema de supervisión), as
í como de las principales dificultades para dar cumplimiento a
la normativa y previsión de cumplimiento. Por otra parte, interesaba conocer los mecanismos de inspección previstos por las a
dministraciones responsables.
No hemos dispuesto de la respuesta de todas las a
dministraciones citadas hasta los últimos días del a
ño, por lo que en el momento del cierre de este informe no se había podido realizar el a
nálisis detallado y la valoración consiguiente de la situación. No obstante, sí estamos en disposición de realizar dos breves comentarios. El primero de ellos hace referencia a
l grado de implicación y calidad de la información a
portada por las diferentes a
dministraciones. Si la Diputación Foral de Gipuzkoa o el A
yuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos ofrecen información muy detallada y precisa sobre todas las cuestiones solicitadas, la respuesta de la Diputación Foral de Á
lava, escasa y genérica, nos va a
dificultar enormemente a
lcanzar el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de los requisitos del decreto en su territorio.
En segundo lugar, podemos a
vanzar que, a
un a
falta de profundizar en el a
nálisis de la situación, los datos a
portados reflejan una muy preocupante situación respecto a
dos cuestiones: la primera y fundamental, la falta de a
decuación de los requisitos de personal en lo referente a
las titulaciones (y, por tanto, a
la formación especializada por la que se a
dquieren las competencias profesionales) del personal educativo y a
uxiliar de los recursos, en una proporción bastante elevada y a
la que no es a
jena la circular emitida por la Dirección de Servicios Sociales de Gobierno Vasco permitiendo el a
cceso a
la profesión a
un a
banico sorprendentemente a
mplio de titulaciones. La segunda debilidad de un número importante de recursos de la red de centros es el cumplimiento de los requisitos de a
ccesibilidad en su totalidad, a
un cuando en los tres territorios quede garantizada la a
tención en a
decuadas condiciones de un o una menor con movilidad reducida que as
í lo precisara.
2.2.3. Los programas especializados
Los programas definidos en el Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de a
cogimiento residencial para la infancia y la a
dolescencia en situación de desprotección social como especializados, esto es, el programa especializado de a
tención a
a
dolescentes con problemas de conducta y el programa especializado de a
poyo intensivo a
a
dolescentes con graves problemas de conducta son objeto de una especial a
tención y seguimiento por parte de la institución del A
rarteko, ya que a
lgunas de sus características (autorizada restricción de movimientos, posibilidad de uso de medidas de contención, tanto inmovilización física como a
islamiento, etc.), vinculadas a
su propia naturaleza de programa especializado pueden hacerlos más “sensibles” a
l riesgo de vulneración de derechos. Esta condición, y la demostrada vulneración de los derechos de los y las a
dolescentes residentes en centros de características parecidas en el contexto español, mantienen a
demás el foco de a
tención de numerosas instituciones y organizaciones sobre ellos.
Con la intención de conocer directamente y comprobar la realidad a
ctual de los programas especializados en la CAPV, iniciamos en 2011 un plan de visitas. Los dos primeros, visitados ese mismo a
ño, fueron centros gipuzkoanos: A
ixola, en Elgeta, y Endoia, en Deba. Teniendo en cuenta la competencia foral en la gestión de los servicios residenciales para infancia en desprotección grave y en desamparo y la consecuente diversidad en los modelos de intervención, parecía conveniente continuar el seguimiento previsto a
cercándonos a
centros/programas de Bizkaia y Á
lava, con los que completar una visión más global de los programas especializados en todo el territorio a
utonómico.
Dentro de esta finalidad general, el plan de visitas iniciado en 2011 focaliza su a
tención en a
lgunas cuestiones de especial preocupación para esta institución y que a
ctúan a
modo de guión de las visitas. Estas cuestiones son:
apertenencias. Personalización de espacios. Privacidad. Régimen de comunicación con el exterior.
acompañados / en grupo…) y riqueza de estímulos: juegos, lecturas,
actividades lúdicas…
aislamiento. Medicación.
El Hogar Olabarrieta, en Galdakao, con un programa especializado de a
tención a
a
dolescentes con problemas de conducta, y el Hogar Laugune, en Laukiz, con un programa especializado de a
poyo intensivo a
a
dolescentes con graves problemas de conducta son los centros vizcaínos visitados en 2012. En A
raba/Álava nos a
cercamos a
l centro socioeducativo Sansoheta, con un programa especializado de a
tención a
a
dolescentes con problemas de conducta.
Las visitas se realizan el 12 y 14 de junio en Bizkaia y el 19 de septiembre en A
raba/Álava, sin a
viso previo, tal y como es práctica habitual en las visitas de inspección realizadas por el A
rarteko. As
esoras de la institución se personan desde primera hora de la mañana en los recursos residenciales, entrevistando a
responsables, educadores/educadoras y chicos/chicas a
cogidos. Se visitan las instalaciones y se solicita documentación a
los servicios de infancia correspondientes, con quienes se completa y contrasta la información obtenida.
La información que trasladamos en las páginas siguientes es fundamentalmente descriptiva, lo que podría hacernos dudar de su interés en tanto en cuanto no a
porta expresamente una valoración respecto a
la garantía de derechos que as
isten a
los y las a
dolescentes a
cogidos. No obstante, creemos que es precisamente a
través de esta descripción que los y las lectoras podrán concluir de qué manera concreta y en qué medida están estos derechos protegidos. Nuestra valoración, en todo caso, es positiva.
Dado que la estructura y organización de los servicios forales de infancia tienen sus diferencias en los distintos territorios, hemos preferido presentar de manera separada la información concerniente a
éstos. As
í, comenzaremos por los programas vizcaínos para volver a
contestar a
las cuestiones que nos preocupan respecto a
l programa a
lavés a
continuación.
Hogar Olabarrieta
atención
a
adolescentes con problemas de conducta.
algún otro recurso comunitario y tiene pleno
acceso
alos recursos y servicios del entorno próximo, incluida la red de transporte público.
andadura en julio de 2006 y desde entonces es gestionado por la
Asociación Bizgarri.
acuden diariamente
asus centros educativos, diferentes según la formación que cursen. De igual manera, participan en
actividades extra-escolares y culturales, deportivas, lúdicas, etc. comunitarias y gestionan particularmente sus tiempos de ocio individuales.
Hogar Laugune
apoyo intensivo
a
adolescentes con graves problemas de conducta.
amplia extensión de zona verde.
acceso más próximo
ala red de transporte público está
a2 kilómetros y es
accesible para personas con movilidad reducida.
actual ubicación comienza su
actividad en 2011, gestionado por Urgatzi.
accediendo progresivamente
amayores cotas de
autonomía y libertad de movimientos en los distintos
ámbitos de la vida cotidiana. No obstante, y como programa intensivo, la mayor parte de la
actividad se desarrolla dentro del centro y los chicos y chicas permanecen supervisados por los y las educadoras prácticamente todo el tiempo. Es, por tanto, un centro en el que la convivencia es muy intensa y el programa de
actividades diario está muy definido, tanto en contenido como en horario.
1. Programas especiales: ¿qué marca su especificidad?
El principal elemento diferencial de estos centros respecto a
los hogares de la red básica es, fundamentalmente, el ratio de profesionales. Las necesidades de los chicos y chicas a
dscritos a
un programa especializado se a
bordan con una intervención educativa más intensa, que se procura desde una mayor disponibilidad de profesionales educadores. As
í lo entiende el Decreto 131/2008 y as
í lo entienden también los profesionales de los recursos y del Servicio de Infancia.
2. ¿Quién, cómo y cuándo se decide la entrada y la salida de estos programas especializados? ¿protocolos, pautas, indicadores?...
Las decisiones sobre las derivaciones a
estos centros (cuándo y por qué se incorpora un chico o una chica a
l hogar) se a
doptan en la Unidad de A
cogimiento Residencial, con el mismo mecanismo dispuesto para toda la red de hogares. A
los programas especializados llegan a
dolescentes procedentes de otros centros de la red de recursos para infancia en desprotección, de sus familias directamente, de recursos del sistema de justicia juvenil, etc. y a
grandes rasgos diremos que es el/la coordinadora de caso la persona que presenta la propuesta, para cuya elaboración se ha nutrido de información procedente de los diferentes a
gentes implicados o relacionados a
nteriormente con el/la menor. Esta propuesta se contrasta con la Unidad de A
cogimiento Residencial que, si bien formalmente su función es la as
ignación (distribución) de plaza, realmente realiza este contraste, en el que también participa el coordinador referente del centro de destino. La decisión se formaliza por la COPIA (Comisión de Protección de Infancia y A
dolescencia).
Respecto a
qué se valora para decidir as
ignar a
un/una a
dolescente a
estos programas es su nivel de comportamientos disruptivos y su capacidad de a
daptación a
un recurso normalizado. Se les as
igna a
estos programas porque resuelven peor sus problemas, presentan una mayor desorganización de su vida. Y si los problemas conductuales son generalizados, esto es, si no sólo se manifiestan en un espacio (el familiar, por ejemplo). La mayor dotación de profesionales educativos en estos programas permite un trabajo educativo más intensivo, una dedicación mayor a
las necesidades de estos chicos y chicas.
No es un indicador determinante la presencia de trastorno psíquico, ya que un a
lto porcentaje (por no hablar de todos) presentan problemas psicológicos, daño emocional, etc., entendible desde las circunstancias muy difíciles en las que les está tocando crecer. Todos los que lo necesitan tienen a
tención psicológica y/o psiquiátrica a
través del programa A
din Txikikoak y proporcionada desde recursos externos normalizados, pero el trabajo en los centros residenciales es radicalmente educativo, no terapéutico. En todo caso, el Plan de Infancia de Bizkaia establece que los programas especializados serán coordinados por profesionales con cualificación de psicólogo/psicóloga.
Con todo, nos indican que tienen en la red de hogares un centro especial para niños y niñas con trastorno mental importante. Destinado a
menores en situación de desprotección que, a
demás, tienen un trastorno mental (base psiquiátrica) importante, la realidad señala que también ingresan a
lgunos menores que no se encuentran formalmente en desprotección, a
unque las familias tienen dificultades para a
tenderlos. Por lo demás, echan en falta mayor número de recursos intermedios, que a
tiendan los momentos posteriores a
l a
lta hospitalaria tras un episodio a
gudo o a
ntes de volver a
casa / a
l hogar.
Como parte del sistema de garantía, las decisiones se revisan sistemáticamente cada cierto tiempo, de manera que se valore de nuevo y conforme a
las circunstancias más a
ctuales la conveniencia o no de permanecer en estos (u otros) programas.
Las decisiones a
cerca de las salidas también corresponden en última instancia a
esta Unidad, a
unque en este caso la opinión del hogar cobre mayor importancia porque es quien evalúa los a
vances a
lcanzados en el plan educativo individualizado.
Por el a
nálisis de la documentación y las entrevistas con los responsables de los hogares sabemos que los tiempos de estancia máximos establecidos por el decreto regulador 131/2008 se están rebasando. La opinión de los profesionales es que es poco probable que se pueda cumplir en todos los casos, pero no por ello conviene que desaparezca. Marca una referencia, un objetivo a
l que a
cercarse, pero que debe estar en función del cumplimiento de los objetivos educativos del plan individual de cada chico o chica. Unos a
vanzan rápidamente por este programa, otros no tanto. A
lgunos establecen un vínculo positivo con el hogar que hace más a
decuado continuar trabajando desde a
hí, que no verse obligado a
tejer de nuevo una relación de confianza con otro u otra profesional… Los lugares a
los que “ir” tampoco son muchos. Esta posición, sin embargo, hay que tomarla con especial cautela y es más difícilmente sostenible en el programa intensivo, ya que la limitación de la a
utonomía y privacidad de los chicos y chicas es mucho mayor y es deseable un a
vance a
programas menos restrictivos sin muchas demoras.
3. Escolarización
Si bien el Decreto 131/2008 marca con total nitidez que la escolarización de los chicos y chicas de los recursos residenciales se realizará en la red educativa ordinaria, los y las a
dolescentes del programa intensivo (Hogar Laugune) realizan su a
ctividad escolar en el propio hogar en un porcentaje muy a
lto.
En palabras de los responsables del Servicio de Infancia, la realidad de los chicos y chicas as
ignados a
un programa intensivo es que se encuentran mayoritariamente desvinculados (oficial o de hecho) de cualquier centro educativo o mantienen con éste relaciones muy conflictivas. En todo caso, y precisamente porque no deben perder de vista la escolarización “normalizada” con la que están totalmente de a
cuerdo, es éste uno de los objetivos que se trabajan con mayor intensidad y que en el caso de cada chico o chica se materializa de manera distinta: preparando el a
cceso a
una formación determinada, preparando “por libre” (en el hogar y con el a
poyo de los educadores) los contenidos que se validan en el centro educativo, etc. Por otro lado, el trabajo realizado en el hogar en torno a
lo conductual o comportamental (habilidades sociales de comunicación, gestión de las emociones, etc.) contribuye a
la incorporación progresiva de los chicos y chicas a
entornos educativos normalizados.
4. Participación: la voz de los chicos y chicas en la vida del centro
La participación de los chicos y chicas en la vida del hogar se da, mayormente, en las tutorías semanales que todos tienen con sus tutores y tutoras de referencia. Es a
quí donde se manifiestan muchos de los conflictos, propuestas o sugerencias también para la organización y convivencia en el hogar y que el equipo de educadores recoge y gestiona de la manera que entiende más idónea según sea la naturaleza del as
unto: llevándolo a
la as
amblea, incorporando la mejora organizativa a
la vida del hogar, proponiendo a
l Servicio de Infancia, etc. En todo caso, en todos los hogares se prevé la realización de as
ambleas, a
unque la frecuencia, duración, peso, etc. que se le conceda varíe según el centro. Considerado como un elemento muy importante para el trabajo grupal de temas de convivencia, en hogares donde la convivencia es muy intensa, como es Laugune, las as
ambleas se podría decir que son capitales.
5. A
cceso a
pertenencias. Personalización de espacios. Privacidad. Régimen de comunicación con el exterior
Todas las habitaciones de los dos hogares visitados disponen de a
rmarios donde los chicos y chicas guardan sus pertenencias y tienen elementos decorativos particulares. Las habitaciones y baños permiten la privacidad. Sin embargo, preguntamos por las llamadas telefónicas supervisadas y las restricciones en las comunicaciones.
En el caso del Hogar Laugune, de programa intensivo, la comunicación con el exterior está mucho más restringida que en el Hogar Olabarrieta por la propia naturaleza del programa. As
í y todo, el nivel de limitación y supervisión depende de la fase en la que se encuentre el chico o la chica; en la fase inicial, por ejemplo, las llamadas y cualquier otra comunicación (correo electrónico, mensajes, etc.) están suspendidas y van a
ccediendo a
este derecho en la medida en que van a
vanzando en su plan educativo. En el Hogar Olabarrieta, donde los chavales disponen de teléfono móvil y mantienen contacto con el exterior diariamente, sólo se suspende en situaciones especiales.
6. Tiempos de ocio (autónomos / a
compañados / en grupo…) y riqueza de estímulos: juegos, lecturas, a
ctividades lúdicas…
La consideración del tiempo libre o tiempo de ocio como tiempo educativo y, en consecuencia, la planificación de objetivos, medidas y a
ctividades, su implementación y realización es una realidad en a
mbos centros. Se concreta de distinta manera conforme a
las características de los programas, mediatizado fundamentalmente por el menor o mayor grado de disfrute a
utónomo y libertad de decisión de los chicos y chicas. La riqueza de estímulos, en todo caso, nos parece muy a
decuada.
7. Medidas de contención existentes y utilizadas: inmovilización física y a
islamiento. Medicación
En a
mbos centros a
firman utilizar exclusivamente la inmovilización física, que siempre la hacen los educadores y educadoras ya que, por otro lado, no existe personal distinto a
l educativo. Reciben, eso sí, formación específica y cursos de reciclaje para hacerlo a
decuadamente. No existe sala de a
islamiento especial y revisados los registros de medicamentos no se observa nada distinto a
la medicación prescrita por los facultativos.
8. Régimen sancionador: medidas, proporcionalidad…
En el Hogar Olabarrieta las principales sanciones utilizadas son las económicas, esto es, la reducción de la as
ignación semanal. Esta está compuesta de una parte fija y otra variable, que se “gana” en función del cumplimiento de sus obligaciones y objetivos diarios. El creditrans y las llamadas telefónicas no salen de esta as
ignación semanal, por lo que la comunicación no queda comprometida.
La sanción de limitación de salidas se utiliza en contadas ocasiones. La puerta de a
cceso a
l centro no se cierra (y no lo estaba cuando a
cudimos a
la visita), salvo situaciones excepcionales. Tampoco la sanción de separación de grupo, a
unque ésta por motivos distintos: no tiene mucho sentido cuando cada chico/chica lleva su propia dinámica de horarios y a
penas hay a
ctividades grupales.
En el Hogar Laugune las sanciones vinculadas a
faltas graves o muy graves (además de la a
monestación, el reconocimiento del hecho y disculpa a
nte los a
fectados) son: la reducción de la as
ignación semanal, en ocasiones ligada a
la reparación del daño, la realización de a
ctividades de interés para el grupo, la privación de las a
ctividades de ocio o de carácter lúdico durante un corto período de tiempo o la pérdida de ciertos privilegios a
parejados a
la edad (dinero de bolsillo, horario de salidas, horario de a
costarse, etc.). La separación de grupo es también puntualmente utilizada.
En ninguno de los casos encontramos, ni en lo observado directamente, ni en los testimonios de los chicos y chicas, elementos que nos indicaran desproporción o uso a
rbitrario de las medidas sancionadoras.
Centro socioeducativo Sansoheta
atención
a
adolescentes con problemas de conducta.
Azua, perteneciente
ala localidad de
Arrazua-Ubarrundia, pero colindante
ala ciudad de Vitoria-Gasteiz.
aVitoria-Gasteiz les permite beneficiarse de la red de transporte público de la capital (hacia donde mayoritariamente se dirigen para estudiar y por motivos de ocio), de mayor frecuencia que la correspondiente
al municipio de
Arrazua-Ubarrundia. Cuentan,
además, con una furgoneta de refuerzo.
aislada y muy nueva: se inauguró en el verano de 2010 tras el derribo necesario del
anterior edificio por las obras del TAV. Esta circunstancia ha
asegurado la
adaptación del centro
alos requisitos materiales contemplados en el decreto regulador de los recursos residenciales para infancia en desprotección (Decreto 131/2008, de 8 de
agosto), entre los que encontramos la
accesibilidad de personas con movilidad reducida
atodas las dependencias,
aunque
algunas concesiones
al diseño “compliquen” en cierto grado el uso de
algunos espacios y elementos.
Asociación Urgatzi desde marzo de 2011.
1. Programa especializado: ¿qué marca su especificidad?
También entienden que el principal elemento diferencial de este centro respecto a
los hogares de la red básica es la ratio de profesionales. Las necesidades de los chicos y chicas a
dscritos a
un programa especializado se a
bordan con una intervención educativa más intensa, que se procura desde una mayor disponibilidad de profesionales educadores y un régimen interno más normativo y limitador. No obstante, en el centro socio-educativo Sansoheta disponen de la figura de psicólogo, que da soporte a
l equipo educativo y a
cada uno de los y las educadoras que puedan necesitarlo, a
demás de realizar una valoración inicial a
la llegada a
l recurso o servir de interlocutora con los servicios de psiquiatría o los centros de salud mental extrahospitalaria a
donde a
cuden a
lgunos de los chicos y chicas.
El equipo cuenta también con una trabajadora social, que completa la visión de los educadores/educadoras y la de la psicóloga desde la perspectiva social, haciéndose cargo específicamente del contacto y el trabajo con las familias de los y las a
dolescentes. Esta figura es compatible con el trabajo que se pudiera estar realizando con esa familia desde otros programas del Servicio de Infancia.
2. ¿Quién, cómo y cuándo se decide la entrada y la salida de estos programas especializados? ¿protocolos, pautas, indicadores?...
Como nota a
claratoria cabe señalar que la red de recursos residenciales para infancia en desprotección de A
raba/Álava no cuenta con un centro específico para el programa de a
dolescentes con problemas graves de conducta porque la realidad es que no tienen volumen de casos que justifique la a
pertura de un centro específico para ello. Los pocos casos para los que se considera a
decuado este programa los solventan con la concertación de plazas en centros fuera del territorio a
lavés. Hay que tener en cuenta, a
demás, que los menores extranjeros no a
compañados ocupan un recurso específico (Bideberria) u otros que se a
bren en caso de necesidad (Estibaliz), pero sin a
cceder a
l resto de la red.
La entrada a
l centro socioeducativo de Sansoheta o, lo que es lo mismo, a
los programas especializados, se decide y gestiona de la misma manera que la entrada a
l resto de recursos de la red. La Unidad de Recepción y Valoración recibe lo que llega de los servicios sociales municipales con valoración de desprotección grave o desamparo. Según la urgencia se decide sobre la as
unción de guarda o tutela y la necesidad de ingreso en el centro de a
cogida de urgencia o no. La Comisión Técnica que estudia el caso, comisión compuesta por 4 personas en representación de las 3 Unidades organizativas del Servicio de Infancia (Valoración, Residencial y Familiar), eleva propuesta a
l Consejo del Menor ya con un Plan de Caso, en el que se proponen la medida o medidas y los recursos a
poner en marcha. As
í, los chicos y chicas de Sansoheta llegan, o bien directamente de sus familias, o bien del Centro de A
cogida de Urgencia de Ibaia. En mucha menor medida se incorporan procedentes de recursos de justicia juvenil para el cumplimiento de medidas.
Respecto a
qué se valora para decidir as
ignar a
un/una a
dolescente a
estos programas es su nivel de comportamiento disruptivo, con a
gresividad dirigida a
compañeros y profesionales, y su capacidad de a
daptación a
un recurso normalizado.
En lo tocante a
la salida del programa, ésta es, lógicamente, variada y siempre en función del cumplimiento de los objetivos contemplados en el programa educativo individualizado y en el Plan de Caso. Con a
quellos que llegan directamente de casa y su objetivo es la vuelta, cuando se considera el momento oportuno se comienza con salida progresiva y con seguimiento. Para que esto sea posible a
demás de la intervención con el o la a
dolescente en el centro, es imprescindible a
vanzar también con la familia. Esto se hace tanto desde el propio programa del centro (la trabajadora social), como a
provechando otros recursos de intervención familiar y/o terapéuticos propios de otros programas… o incluso con terapeutas privados. Siguen siendo mayoría las familias desestructuradas, a
unque también se encuentran familias reconstituidas, hijos e hijas de personas inmigrantes que se han reagrupado ya siendo mayores, a
lgunos casos de a
dopciones que no han ido bien… Estos casos podrían explicar el a
umento de las cesiones de guarda.
Con los chicos y chicas en los que la vuelta a
la familia no es posible o se estima no recomendable, pueden continuar hasta su mayoría de edad en los pisos de emancipación o preparación a
la emancipación de la red, que prolongan su “protección” una vez cumplen los 18 a
ños a
través de programas externos ya a
l Servicio de Infancia foral, pero con los que se mantiene coordinación.
El tiempo de estancia se sitúa normalmente entre 9 y 12 meses. En a
lgún caso, pero excepcionalmente, la estancia ha sido más larga, por entrar muy joven a
l programa y no encontrar encaje a
decuado en otro recurso.
3. Escolarización
En palabras de los responsables del Servicio de Infancia, la realidad de los chicos y chicas as
ignados a
un programa intensivo es que se encuentran mayoritariamente desvinculados (oficial o de hecho) de cualquier centro educativo o mantienen con éste relaciones muy conflictivas. Precisamente por ello es éste uno de los á
mbitos con más presencia en el Plan Educativo Individual y las relaciones con los centros educativos donde están escolarizados los chicos y chicas son frecuentes y en general buenas, según valoración de los responsables educativos de Sansoheta. Por otro lado, el trabajo realizado en el centro en torno a
lo conductual o comportamental (habilidades sociales de comunicación, gestión de las emociones, etc.) contribuye a
la mejora progresiva en la a
daptación de los chicos y chicas a
entornos educativos normalizados.
4. Participación: la voz de los chicos y chicas en la vida del centro
Las as
ambleas de menores se celebran todas las semanas y en ellas se ponen en común as
pectos relacionados con la convivencia, se proponen a
ctividades de ocio, la organización del centro, los horarios… Todos los temas y as
pectos se pueden someter a
debate y negociación, siendo el único requisito que realicen la queja o la sugerencia por escrito, de manera que continúen trabajando habilidades para exponer y defender hechos y opiniones.
En lo concerniente a
la participación de los chicos y chicas en su Plan Educativo Individualizado, son las tutorías con el tutor de referencia los momentos de contraste y recogida de opiniones e impresiones.
5. A
cceso a
pertenencias. Personalización de espacios. Privacidad. Régimen de comunicación con el exterior
Todas las habitaciones del centro visitado disponen de a
rmarios donde los chicos y chicas guardan sus pertenencias y tienen elementos decorativos particulares. Las habitaciones y baños permiten la privacidad.
En lo tocante a
las comunicaciones, sólo son restringidas o supervisadas en situaciones especiales, a
unque sí están muy a
tentos a
cómo quedan emocionalmente después de esas comunicaciones.
6. Tiempos de ocio (autónomos / a
compañados / en grupo…) y riqueza de estímulos: juegos, lecturas, a
ctividades lúdicas…
La consideración del tiempo libre o tiempo de ocio como tiempo educativo y, en consecuencia, la planificación de objetivos, medidas y a
ctividades, su implementación y realización es una realidad en el centro. La riqueza de estímulos observada, en todo caso, nos parece a
decuada.
7. Medidas de contención existentes y utilizadas: inmovilización física y a
islamiento. Medicación
Nos señalan que utilizan exclusivamente la inmovilización física, que siempre la hacen los educadores y educadoras ya que, por otro lado, no existe personal distinto a
l educativo. Es esta una información corroborada por los chicos entrevistados. No existe sala de a
islamiento especial y revisados los registros de medicamentos no se observa nada distinto a
la medicación prescrita por los facultativos.
8. Régimen sancionador: medidas, proporcionalidad…
Las principales sanciones utilizadas son las económicas, esto es, la reducción de la as
ignación semanal. En a
lgunos casos, sin embargo, han observado que esta sanción es poco eficaz ya que tienen a
cceso a
recursos económicos de sus familias cuando salen y van a
visitarla. Utilizan, de igual manera, la pérdida de privilegios conseguidos y la limitación de salidas. La sanción de separación de grupo, cuando se utiliza, se realiza en su habitación o no participando en las a
ctividades grupales. En conclusión no encontramos, ni en lo observado directamente, ni en los testimonios de los chicos y chicas, elementos que nos indicaran desproporción o uso a
rbitrario de las medidas sancionadoras.
Pero las a
ctuaciones en torno a
los programas especializados en 2012 no se terminan con las visitas a
los recursos. En el mes de julio se a
bre una a
ctuación de oficio sobre el centro A
ixola originada por ciertos testimonios, muy coherentes y fidedignos, que nos daban cuenta de ciertas prácticas inadecuadas en el centro, entre las que destacaban dos a
nuestro entender de suma gravedad: inmovilización física con esposas a
los menores por parte del personal de seguridad; prácticas y a
ctitudes vejatorias y humillantes por parte de a
lgunos profesionales que, en todo caso, inclinaban la orientación del centro hacia objetivos más punitivos que educativos, a
tentando directamente a
l derecho a
la dignidad recogido en la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y expresamente en el a
rtículo 14, letras b) y c) del Decreto 131/2008, regulador de los centros. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que lo relatado resultaba compatible con ciertos riesgos ya detectados en la visita realizada por la institución a
l centro en 2011.
Por las características de los hechos solicitamos información por escrito a
la Diputación de Gipuzkoa, pero también una reunión con los responsables forales. La respuesta del servicio foral a
nuestra intervención destaca por su rapidísima reacción, tanto en la premura en la investigación de los hechos (se personan en el centro a
l siguiente día hábil tras nuestra llamada), como en la rapidez y contundencia (acorde a
su gravedad) de las decisiones para solventar las irregularidades una vez confirmadas.
En lo tocante a
la utilización de medidas de contención mecánicas (esposas), el Servicio de Infancia informa de que, según los registros del centro, sólo en 4 de las situaciones que dan lugar a
medidas educativas correctoras se ha utilizado la contención mecánica durante a
lgún tiempo. Los testimonios de los chicos, sin embargo, hablan de una práctica bastante más habitual, lo que vendría corroborado por la denuncia de la familia de uno de los chicos a
uno de los profesionales de seguridad por extralimitarse en sus funciones y en la forma de realizar las que le son propias. Esta denuncia llega a
l servicio foral, casualmente, de manera simultánea en el tiempo a
nuestra petición de información.
En relación a
esta cuestión, la Diputación Foral:
ala empresa de seguridad que presta los servicios en
Aixola que retire inmediatamente del servicio
al profesional señalado; es
además denunciado.
asimismo que el personal de seguridad desempeñe sus funciones sin llevar en el uniforme las esposas, ni las porras: no llevar, para no tener tentación/oportunidad de utilizar.
ala empresa gestora del centro la intervención sin personal de seguridad.
Ante las dudas iniciales, solicitan
ala empresa
aborde una reflexión específica sobre el papel, la ubicación, el protocolo de
actuación, etc. de este grupo de profesionales para ser discutida con el Servicio Foral de Infancia.
En cuanto a
las prácticas vejatorias y humillantes por parte de a
lgunos profesionales, lo que en nuestra comunicación era un dato a
confirmar se ve efectivamente verificado por los testimonios de los chicos entrevistados, a
través de los cuales se llega incluso a
identificar a
uno de los educadores como protagonista e incitador principal de comportamientos de este tipo. La Diputación ha dado orden a
la empresa de que prescinda de este profesional en la intervención directa con los chavales.
Por nuestra parte, sostenemos desde hace tiempo grandes dudas respecto a
que lo dispuesto en el a
rtículo 109.1 b) del Decreto 131/2008 sobre “la posibilidad de integrar a
personal técnico educativo especialmente formado en intervención con inmovilización física que a
ctuará únicamente a
solicitud expresa del educador o de la educadora” pueda ser realizado por profesionales de seguridad, carentes, en principio, de formación a
lguna sobre as
pectos educativos.
Dicho esto, es nuestra intención realizar un seguimiento muy estrecho de estas situaciones, verificando que las decisiones a
doptadas se ejecutan y mantienen en el futuro. A
este seguimiento se unirá otro ya previsto a
l centro Iturriotz-azpi: tras más de 6 meses con informaciones muy preocupantes sobre la situación que podían estar viviendo los y las menores a
cogidos en el centro, nos mantenemos expectantes a
nte el cambio de entidad gestora, a
la que concedemos un plazo razonable para la solución de los problemas detectados.
Finalizamos este a
partado relativo a
la red de a
cogimiento residencial con el seguimiento a
los dos protocolos directamente relacionados con estos que a
ún quedan por elaborar. Según nos informan, superado el problema de la designación de representantes del Departamento de Interior, era intención de la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, elaborar conjuntamente el protocolo común de a
ctuación para los casos de a
usencias no a
utorizadas y el protocolo de a
ctuación de los servicios de vigilancia y seguridad de los centros residenciales de menores en desprotección. Sin embargo, esta postura no cuenta con el a
cuerdo del Departamento de Interior, por lo que a
ún se encuentran en el punto preliminar de decidir cómo trabajarlos. Por otra parte, falta también la designación de representantes de EUDEL, con un papel significativo por su competencia en los servicios sociales municipales y, sobre todo, la Policía Municipal.
2.2.4. La a
tención específica a
los menores extranjeros no a
compañados
En relación a
las necesidades específicas de los menores de edad extranjeros no a
compañados se solicitó a
las diputaciones forales una serie de datos cuantitativos (población a
tendida, datos sobre la situación y regularización a
dministrativa…) y a
lgunas valoraciones o informaciones de carácter cualitativo. Junto a
esta información, presentamos a
continuación el resultado de a
lgunas a
ctuaciones derivadas de la tramitación de las quejas referidas a
la situación de los menores y jóvenes extranjeros no a
compañados.
El dato más relevante en cuanto a
l número de menores extranjeros a
tendidos es que en el a
ño 2012 ha a
umentado ligeramente el número de menores nuevos a
tendidos, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa y a
diferencia de lo ocurrido en A
raba/Álava, donde ha descendido notablemente. Sin embargo, el número de chicos a
tendidos en la red vasca a
31 de diciembre era a
lgo inferior a
la del a
ño a
nterior. Ciertamente, la tendencia descendente observada en la CAPV desde 2009 en el número de menores extranjeros no a
compañados en recursos residenciales ha continuado hasta situarse en 2012 en cifras similares a
las del a
ño 2006. La caída de las llegadas en estos a
ños, unido a
l a
cceso a
la emancipación de los que lo hicieron en a
ños a
nteriores puede explicar este dato.
(Gráfico 11)
Evolución del número de menores extranjeros no a
compañados “nuevos” a
cogidos por los servicios sociales forales de infancia 2005-2012
alt="" />
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
(Gráfico 12)
Evolución del número de menores extranjeros no a
compañados a
cogidos por los servicios sociales forales de infancia a
31 de diciembre, 2005-2012
alt="" />
Fuente: elaboración propia tomando como base los datos a
portados por las diputaciones forales
Respecto a
cambios en el perfil o las características de las personas menores extranjeras a
tendidas, Bizkaia da cuenta de un cambio progresivo a
lo largo de 2012. Los chicos procedentes de Marruecos llegan de familias desestructuradas y sin un proyecto migratorio definido cada vez en mayor proporción. También constatan ingresos de chicos que llevan períodos de tiempo en el Estado conviviendo con familiares que, tras retornar éstos a
su país, quedan sin referente familiar a
dulto. Por otra parte, ha a
umentado el número de chicos procedentes de A
rgelia. En A
raba/Álava también se ha a
preciado un cambio en la distribución según el origen de los menores extranjeros: si el pasado a
ño el 73% procedía de países subsaharianos, este a
ño son el 34%, habiendo a
umentado los de origen magrebí (del 24% a
l 56%).
El dato que ya en 2011 a
portaba el servicio foral de infancia gipuzkoano respecto a
la consideración de la estancia en sus recursos como una etapa de tránsito en el camino hacia otras latitudes donde establecerse, parece estarse observando también en Bizkaia, donde constatan un a
umento de los a
bandonos voluntarios de los centros, especialmente del centro de primera a
cogida.
La tendencia descendente en el número de las personas menores extranjeras en los recursos residenciales vuelve a
estar en la base del cierre de los recursos residenciales específicos en Bizkaia y de las modificaciones en la red de centros gipuzkoana, a
mbas cuestiones expuestas en el a
partado siguiente de este informe.
Respecto a
la determinación de la edad, resulta muy preocupante a
juicio de esta institución la modificación en los criterios establecidos por la Fiscalía (atendiendo a
los cambios producidos a
nivel estatal) según los cuales prevalecen los resultados de las pruebas de determinación de la edad sobre cualquier otra documentación, lo que ha supuesto la modificación de los criterios de a
ctuación y coordinación que se habían establecido hasta la fecha en el territorio.
Esta institución ha señalado reiteradamente que no comparte el criterio de que se lleven a
cabo de manera sistemática pruebas de determinación de edad a
las personas que declaran ser menores de edad y disponen de un pasaporte que no tiene indicios de falsedad o en los casos en los que, de manera indubitada, su as
pecto físico as
í lo corrobora. Los datos a
portados por los servicios forales confirman que, efectivamente, no se está procediendo a
la determinación de la edad a
través de estas pruebas en la totalidad de los casos, pero que en Gipuzkoa el 60% de los menores sea sometido a
éstas mantiene las dudas y la preocupación, precisamente cuando, finalmente, sólo 8 de los 83 a
los que se determina la edad por esta vía son declarados mayores de edad.
(Tabla 1)
Número de menores extranjeros no a
compañados (y porcentajes relativos) a
los que se ha practicado pruebas para la determinación de la edad en 2012
Fuente: elaboración propia a
partir de los datos a
portados por los servicios de infancia forales
Ante la existencia de un pasaporte que tiene indicios de falsedad o hay dudas sobre la veracidad de los datos, continuamos manifestando que es preferible hacer una solicitud de información a
su Consulado o Embajada para que certifique la veracidad del documento y de los datos que contiene. Otra posibilidad sería la petición de a
portación a
l menor de otros certificados relativos a
su edad, como es el libro de familia o el certificado de nacimiento o la cédula de identidad. La petición de estos documentos es muy habitual en los casos de menores indocumentados, ya que son documentos que se necesitan para expedir el pasaporte, en los casos en los que no dispone del mismo.
En relación con este tema, por otra parte, esta institución ha trasladado su preocupación por la situación de indefensión en que se deja a
las personas a
las que se cesa la tutela en base a
l decreto de fiscalía por el que se determina su mayoría de edad, pero tiene pasaporte en el que se indica que es menor de edad.
El pasaporte es un documento de identificación válido, siempre que no exista una resolución judicial señalando lo contrario, fundamental a
nte cualquier A
dministración Pública. El hecho de que para la Fiscalía no tenga validez en el proceso de determinación de la edad no implica que sea un documento falso o inválido, cuestión para la que se requeriría tramitar el correspondiente procedimiento penal. Por ello, se plantea la paradoja de que para la Fiscalía esta persona ha sido declarada mayor de edad, pero para otras a
dministraciones públicas continúa siendo menor de edad, como lo a
testigua su pasaporte, que no ha sido declarado falso. Por ejemplo, estas personas no van a
poder solicitar ninguna a
utorización de residencia a
nte el Ministerio de Interior porque para presentar una solicitud de a
utorización de residencia tiene que a
portar el pasaporte y, en este caso, el pasaporte corresponde a
una persona menor de edad. Tampoco tendría capacidad de obrar plena para realizar negocios jurídicos con eficacia o para hacer cualquier otra solicitud a
nte la A
dministración.
El documento que identifica a
la persona extranjera es el pasaporte y la única a
utoridad que puede expedir un nuevo documento es la de su país de origen. Si esa A
dministración mantiene que la edad correcta es la que consta en el pasaporte, no podría disponer de un documento identificativo como persona mayor de edad. Por ello, y como hemos señalado a
nteriormente, consideramos que es la a
utoridad del país de origen la que debería certificar la realidad de los datos que constan en el pasaporte.
A lo largo de 2012 se han recibido un importante número de quejas de jóvenes extranjeros no a
compañados que, tras haber estado a
cogidos durante períodos de tiempo en general cortos en recursos residenciales para menores en desprotección, se encontraban con especiales dificultades a
su salida.
Uno de los motivos de las queja se refería a
la no entrega de documentación señalando el cese de la tutela, contando sólo con el decreto de fiscalía que señalaba su mayoría de edad. La realidad es que la Diputación Foral de Á
lava les venía entregando la orden foral en la que se señalaba el cese del a
cogimiento residencial en virtud del decreto de fiscalía que declaraba su mayoría de edad, orden en la que no se citaba que dicha resolución es ya recurrible. Trasladamos esta información a
los jóvenes, orientándoles a
recurrir la a
nterior resolución a
nte el Juzgado de Familia de Vitoria-Gasteiz, para lo que debían a
cudir a
l Servicio de Orientación Jurídica a
fin de solicitar el nombramiento de un a
bogado y procurador de oficio y el beneficio de justicia gratuita.
En todo caso, nos dirigimos a
la Diputación Foral de Á
lava con el objeto de trasladarle la necesidad de que la resolución a
dministrativa que decide el cese del a
cogimiento residencial también incorpore la comunicación a
nteriormente mencionada y a
ñada que es recurrible, as
í como el plazo y Juzgado a
nte el que debe dirigirse. Porque, como ya se viene diciendo, en opinión de esta institución en estos casos debe dictarse resolución del cese de tutela que tenga como motivo el decreto de determinación de edad de la Fiscalía. Dicha resolución debe ser debidamente notificada y contener, tanto los motivos por los que se a
cuerda el cese, como el recurso que cabe interponer frente a
ella.
Un segundo motivo de las quejas se refería a
la negativa de la Diputación Foral de Á
lava de la emisión de recomendación para la solicitud de a
utorización de residencia por circunstancias excepcionales, tras haber estado a
cogido en recursos residenciales de infancia en desprotección durante un corto espacio de tiempo, tiempo en el que no había obtenido su permiso de residencia. Se daba incluso a
lgún caso en el que en la documentación se refería a
un a
decuado a
provechamiento del programa de trabajo del centro, pero se negaba la recomendación porque el tiempo de estancia era insuficiente.
A este respecto comunicábamos a
la a
dministración que, en pos de la garantía de derechos, la a
dministración debe motivar suficientemente cualquier postura que a
dopte, de manera que la persona pueda ejercer su defensa tomando como base esos motivos conocidos. En opinión de esta institución, el indicador de un tiempo de estancia, por sí solo, no obedece a
ninguna previsión legal y genera indefensión. La A
dministración debe a
ctuar en cumplimiento del principio de legalidad y no cabe una interpretación restrictiva de derechos. Si bien es cierto que el a
rt. 198 del Reglamento dice que el servicio de protección de menores podrá recomendar (esto es, que es potestativo), también lo es que en ningún lugar de este a
rtículo, ni del a
partado 3 del a
rtículo 197 a
l que se remite, está previsto que el tiempo en el que la persona haya estado a
cogido o tutelado sea el que indique el nivel de a
provechamiento de los recursos formativos.
El tiempo es un dato más, junto a
otros como son la as
istencia y continuidad de la formación, su esfuerzo por formarse, el rendimiento a
cadémico, etc. A
bundando en esta idea, hasta puede darse que haya sido a
cogido durante un largo periodo de tiempo pero que no cumpla la previsión legal porque no ha habido un a
provechamiento. En definitiva, se trata de valorar el esfuerzo realizado, sin que quepa darle otro contenido a
la previsión legal.
Es la Delegación o Subdelegación del Gobierno a
quien corresponde resolver sobre el procedimiento, para lo que puede contar con información facilitada por el servicio de protección de menores, as
í como de otros órganos e instituciones (véase sentencia 25/2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Donostia-San Sebastián) con el fin último de conocer con mayor precisión “su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, as
í como su incorporación, efectiva o potencial, a
l mercado de trabajo” (artículo 35.9 de la Ley Orgánica 2/2009). Cobra de este modo una especial importancia el a
porte documental y de información que la entidad pública que veló durante un tiempo por su protección y seguridad pueda realizar.
Con todo esto, parecería razonable la emisión por parte del servicio de protección de menores donde estos y estas jóvenes hayan estado a
cogidos hasta su mayoría de edad de un informe descriptivo de los as
pectos citables y más objetivables en una buena parte (por ejemplo, tiempo de permanencia, a
ctividades formativas y de cualquier otro tipo en las que haya participado) y con un posicionamiento final favorable o desfavorable, pero en todos los casos motivado.
Es ésta una práctica que hemos conocido se realiza en los otros dos territorios históricos, que se manifiestan con la información que poseen, más o menos extensa según el caso, dejando a
la consideración de la Subdelegación la valoración global de las circunstancias que concurren en esa persona y de su nivel de integración social.
El tercer motivo procedía de las, a
su entender, carencias importantes en la a
tención que el A
yuntamiento de Vitoria-Gasteiz les procuraba a
la salida de los recursos para infancia en desprotección y tras ser considerados en riesgo grave de exclusión social.
Gracias a
la información facilitada, tanto por las propias personas que interpusieron las quejas, como por el A
yuntamiento en respuesta a
nuestras solicitudes, supimos que todas estas personas (con a
lguna excepción, por haber a
bandonado la ciudad) terminaron siendo a
tendidas por los servicios sociales municipales en los recursos y con los programas/servicios que tiene dispuestos para las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, lo que valoramos como positivo.
A pesar de ello, a
provechamos a
quel momento para señalar las que, desde nuestra perspectiva, se dibujan como carencias o elementos endebles en el a
poyo que consideramos imprescindible, a
las personas en situación de especial vulnerabilidad social y con las que, como venimos reiterando en todos nuestros informes, se ha de proceder con especial sensibilidad. Sobre todo por tratarse de personas jóvenes que requieren de un a
compañamiento en el proceso de a
dquirir la a
utonomía: una respuesta a
decuada en un momento de enorme vulnerabilidad como es el paso a
ser personas a
dultas va a
influir enormemente en las posibilidades de inclusión social. En este caso se a
ñade, a
demás, que tienen que integrarse en una cultura y una sociedad con una estructura social y a
dministrativa diferente a
la de su país de origen.
Así, desde hace tiempo venimos insistiendo en la necesidad de fortalecer los programas de salida y emancipación, refiriéndonos claramente a
programas de a
utonomía progresiva para a
dolescentes y jóvenes que no cuentan con recursos propios suficientes, con a
poyos o personas a
dultas de referencia. Se puede dar el caso, y de hecho se da, de periodos más o menos largos en los que se ha venido a
vanzando en objetivos de integración, que quedan comprometidos y/o en riesgo por: un cambio de estatus a
dministrativo (cumplir 18 a
ños y pasar de ser menor objeto de protección –dependiente de personas a
dultas- a
ser a
dulto a
utónomo capaz de a
dministrar su vida con recursos y criterio); un cambio en las circunstancias o contingencias de necesidad que lleva a
parejado unos departamentos, instituciones u organizaciones proveedoras distintos; etc.
Esto supone trabajar con un plan individualizado de salida que se habrá de dar en todos los casos, con independencia del tiempo de permanencia previa y de cuestiones relativas a
la edad que pueden estar en discusión a
l encontrarse recurridas en vía judicial. Es cierto que el trabajo realizado hasta ese momento en el programa de origen (y, por tanto, el tiempo de estancia) tiene su relevancia, pero la “personalización” del plan a
tenderá precisamente a
las necesidades y características particulares de cada persona.
Y requiere ineludiblemente de la coordinación y el trabajo en colaboración de recursos, servicios, departamentos e instituciones. Sólo as
í se podrá garantizar el “continuo de a
tención” e impedir que un funcionamiento excesivamente sectorial y departamentalizado trunque, demore u obstaculice los procesos de a
utonomía e integración social de estos jóvenes. La participación de profesionales, tanto del programa del que parte, como de a
quel o a
quellos previstos para su continuidad es imprescindible para garantizar el a
lojamiento, la manutención y la cobertura del resto de necesidades básicas de la persona sin ningún tipo de interrupción temporal.
Y para garantizar la cobertura de necesidades básicas, a
lojamiento y manutención en este marco de progresiva as
unción de la a
utonomía personal, es imprescindible contar con un mínimo de recursos económicos que cubran el coste “de mercado” de un a
lojamiento, de la a
limentación, as
í como de ropa, medicinas, material escolar o laboral, transporte a
l centro educativo o de trabajo… Existen referencias en la Comunidad A
utónoma Vasca que pueden orientar en el establecimiento de este mínimo (la Renta de Garantía de Ingresos, sin ir más lejos) y por debajo de las cuales es difícil imaginar la posibilidad de una vida digna. Por otro lado, la cuantía de estos recursos económicos mínimos tiene un gran impacto en la situación a
dministrativa de estos y estas jóvenes. Nos referimos concretamente a
la posibilidad de renovar (o no) su a
utorización de residencia o de a
cceder a
ésta por circunstancias excepcionales. Una minoración de los recursos económicos por debajo de los indicadores exigidos (IPREM) en un momento crucial de renovación o a
cceso a
la a
utorización de residencia, sitúa a
la persona de nuevo en situación de irregularidad a
dministrativa y “en la casilla de salida”, dando a
l traste con todos los a
vances a
lcanzados hasta ese momento en el proceso de integración social y en la consolidación de su proyecto migratorio. No tiene sentido que el a
poyo recibido hasta ese momento se vuelva inoperante por no poder renovar la a
utorización de residencia, lo que les impide a
cceder a
un empleo.
La forma en la que se reciben estos recursos tampoco es indiferente, ni desde la óptica estrictamente económica, ni desde la educativa. A
diferencia de etapas a
nteriores, los jóvenes que ya no tienen a
lojamiento colectivo han pasado de recibir una as
ignación mensual de 625 € a
325 € más un vale de comedor social valorado en 300 €. Esto supone que con 325 € han de hacer frente a
l pago del a
lquiler de habitaciones (que en Vitoria-Gasteiz en rara ocasión baja de 250 €) y con el resto, a
todos los demás gastos de ropa, medicinas, transporte, material escolar o laboral… a
nuestro juicio totalmente insuficiente. Desde la perspectiva educativa, a
vanzar en el proceso de a
utonomía personal requiere ir tomando progresivamente decisiones desde la libertad personal de elección, para lo que resulta imprescindible ir a
frontando situaciones que le coloquen en la tesitura de decidir, planificar, priorizar, organizarse…. Garantizar la manutención sólo vía comedor social no contribuye a
esta progresiva a
utonomía, a
demás de incorporar otros perjuicios para las personas, también señalados en informes precedentes de esta institución, que tienen que ver con la imposibilidad de conciliar los horarios del comedor con horarios formativos y laborales.
Junto a
los recursos económicos mínimos referidos, otro elemento fundamental en el proceso de crecimiento personal e integración social de estos jóvenes es la capacitación, tanto personal como profesional y social. Es imprescindible, en este sentido, facilitar el a
cceso a
las competencias lingüísticas suficientes y a
la cualificación profesional, que deberán tener en cuenta las características particulares de estos jóvenes y a
daptar sus ritmos y formatos de la misma manera que se a
tiende a
l resto de situaciones de diversidad en el á
mbito educativo. La eliminación o reducción de los programas de socio-educativos y formativos en los que venían participando, junto a
otros, estos jóvenes (véase lo relatado en el a
partado 2.2.2.1. Educación sobre la disolución del Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Vitoria-Gasteiz) no parece caminar en este sentido y es un nuevo obstáculo en la senda de la integración.
Por último, no podemos dejar de reclamar el acompañamiento estable y referencial durante el proceso. La intensidad del a
compañamiento sigue una lógica decreciente, a
unque no siempre la vida transcurre de manera tan lineal y se puedan dar momentos que requieran a
poyos más intensos que los precedentes. En esta tarea es sumamente interesante la colaboración con el tejido social, porque estar integrado socialmente tiene que ver también con tener vínculos y relaciones sólidas con la comunidad, función para la que las organizaciones sociales están mucho mejor dotadas –por naturaleza- que la a
dministración. Trabajar en la misma dirección sólo traerá beneficios a
las personas.
Un último grupo de quejas vuelve sobre una cuestión que, en materia de personas extranjeras, es más que recurrente: el empadronamiento. La realidad está siendo que la obligación de las diputaciones forales (que, recordemos, son las que tutelan) de documentar a
estos menores se suele demorar en el tiempo por la necesidad de cumplir los requisitos que los consulados o embajadas exigen a
sus nacionales. Esto, en ocasiones, ha supuesto un obstáculo para su inscripción en el padrón municipal, capital para la vida de las personas en la medida en que es puerta de entrada para el ejercicio de derechos (educación, sanidad, participación social…) y para sus relaciones con las a
dministraciones públicas.
A esta problemática vino a
responder la Recomendación General del A
rarteko 5/2011, de 17 de octubre, en la que, estudiada la normativa que regula la inscripción en el padrón y la práctica diversa de los a
yuntamientos, se invitaba de manera general a
éstos a
incorporar a
quellas prácticas que interpreten la normativa de a
plicación en el sentido más favorable a
los intereses de las personas y a
elaborar un protocolo de a
ctuación (en diálogo con su Diputación) que tenga en cuenta las obligaciones que tienen las a
dministraciones públicas en materia de infancia, que no pueden obviarse porque el menor no esté documentado, ni porque haya más menores que plazas concertadas en un momento dado.
Transcurrido a
lgo más de un a
ño desde la difusión de la recomendación, constatamos que permanecen las dificultades en unos pocos municipios vizcaínos y tampoco en todas las ocasiones, por lo que tenemos intención de ponernos en contacto en breve para solventar en cada caso concreto los obstáculos existentes.
En la primera mitad del a
ño llegaron también a
esta institución quejas referidas a
una supuesta negativa por parte del a
yuntamiento de Vitoria-Gasteiz a
empadronar en los recursos residenciales para personas en exclusión social a
cerca de una docena de jóvenes extranjeros, tras haber a
bandonado los recursos de protección de menores. Puestos en contacto con el servicio municipal se constató que el protocolo de empadronamiento se estaba cumpliendo a
decuadamente y que las quejas se habían interpuesto en el período de tramitación a
dministrativa, por lo que a
l término del plazo establecido en el protocolo municipal las personas se encontraban ya debidamente empadronadas.
Como cierre de este a
partado referido a
la a
tención a
los menores extranjeros no a
compañados, no vamos a
referir a
l proceso de elaboración del protocolo de a
cogida de urgencia para menores extranjeros no a
compañados previsto en la disposición a
dicional sexta del Decreto 131/2008, regulador de los recursos de a
cogimiento residencial. La Dirección de Inmigración y gestión de la diversidad del Gobierno Vasco nos ha mantenido informados de los a
vances que se han ido produciendo en esta materia y que a
ún no han a
lcanzado el grado de consenso suficiente como para proceder a
su a
probación. No obstante, parece que nos encontramos ya en la a
ntesala del a
cuerdo, a
l que esperamos as
istir en 2013, y en unos términos a
cordes con la posición reiteradamente expuesta por esta institución en a
ños a
nteriores.