Noemí Ostolaza (Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika saileko Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria /Directora de Gabinete y Comunicación del Departamento de Empleo y Políticas Socialesdel Gobierno Vasco)
NOEMÍ OSTOLAZA
(Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika saileko Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria /
Directora de Gabinete y Comunicación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco)
Presentación
Nos encontramos ante la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Este pasado 20 de junio, con motivo del día mundial de las personas refugiadas, ACNUR nos dio la cifra actualizada de los desplazamientos forzados. Cuando a finales del 2014 la cifra de desplazamientos no llegaba a 60 millones, a mediados del 2015 nos encontramos con la cifra escalofriante de 65,3 millones de desplazamientos forzosos.
65 millones de personas que se encuentran en la necesidad de huir de su hogar, abandonarlo todo para buscar un refugio, un lugar seguro en el que poder hallar seguridad y poder desarrollar un proyecto de vida, o simplemente un futuro sin muertes y sufrimiento.
Ante este panorama, necesariamente, esta crisis europea de las personas refugiadas ha sacudido las conciencias europeas, agolpándose desordenada e impulsivamente voluntades, intenciones, exigencias, reivindicaciones, dudas, propuestas y recursos para dar una respuesta acorde a la exigencia que nos plantean las imágenes que nos llegan cada día.
En este contexto, donde los medios de comunicación se hacen eco de la situación de extrema necesidad en la que se encuentran las personas refugiadas, se trasladan a las administraciones públicas y a las entidades sociales iniciativas solidarias de parte de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se exige a las instituciones que actúen de manera rigurosa y operativa. En la gestión de esta crisis es tan importante el fundamento cívico como el rigor práctico.
En este tipo de encrucijadas de alcance histórico es necesario establecer un marco de bases que conjugue con autenticidad el valor de principios éticos sólidos y la fuerza de criterios prácticos de viabilidad. Este marco de bases se ha acordado en el seno de las mesas de coordinación que se han habilitado en Euskadi. Los principios recogidos en el siguiente decálogo tienen su raíz en el principio Kantiano de ayudar como nos gustaría ser ayudados, dotando de valor y dignidad al ser humano simplemente por el hecho de serlo.
A. DEBER. Lo que debemos hacer. Los por qué
1.Principio de humanidad. Tenemos el deber humano y humanitario de solidaridad. Esto significa prestar auxilio a quien se encuentra en una situación extrema de padecimiento, necesidad o emergencia.
2.Principio de responsabilidad. Tenemos el deber de asumir la responsabilidad, propia y compartida, en la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos, así como el compromiso institucional, político y social derivado de la misma.
3.Principio de legalidad. Tenemos el deber de cumplir con el Derecho Internacional. En este contexto, muy especialmente con la Convención de Ginebra de 1951, el art
ículo 14 de la Declaración de Derechos Humanos y el art
ículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
B. QUERER. Lo que queremos hacer. Los para qué
4. Seriedad. Queremos actuar con seriedad, mesura y discreción. Rechazamos cualquier forma de utilización demagógica, sensacionalista, propagandística, partidista o paternalista del drama y de sus víctimas.
5. Rigor. Queremos actuar con rigor, lo que implica buscar alternativas ágiles, eficientes, viables y sostenibles, con plena consciencia de que son necesarias respuestas de permanencia a medio y largo plazo.
6. Globalidad. Queremos actuar sobre las consecuencias y sobre las causas, ofrecer una respuesta asistencial aquí e intervenir sobre el terreno con proyectos concretos y colaborando con otros agentes a superar las causas de esta situación.
C. PODER. Lo que podemos hacer. El cómo
7.Reciprocidad. Podemos ayudar como nos gustaría ser ayudados si, individualmente o como pueblo, nos encontrásemos en una situación similar a la que se encuentran las personas refugiadas en este momento.
8. Coordinación. Podemos contribuir a la máxima coordinación interinstitucional en todos los niveles de la Administración pública, desde el local hasta el internacional y a la sinergia y colaboración estrecha con las organizaciones no gubernamentales.
9.Organización. Podemos concentrarnos en la vertiente organizativa, lo que implica anticipar, preparar y disponer los recursos operativos y asistenciales necesarios para acoger de forma adecuada a las personas refugiadas.
D. HACER. Lo qué vamos a hacer. El qué
10. Compromiso. Primero, estamos previendo los recursos necesarios para responder al desafío ético, humanitario y democrático que nos plantea esta crisis. Segundo, vamos a acoger de forma solidaria y organizada a las personas refugiadas que lleguen a Euskadi. Tercero, vamos a promover una integración de derechos y deberes de las personas refugiadas sobre la base del principio de igualdad y no discriminación.
El compartir esta base ideológica y un punto de partida común en cuanto al modelo de atención que se va a prestar es un enorme avance, teniendo en cuenta que en aquel momento no disponíamos de datos exactos, ni de procedimientos, y más aún cuando la información variaba de un día a otro.
Creo que esta contextualización es importante para entender la respuesta que se viene coordinando desde el septiembre pasado.
Las imágenes que recibíamos desde los medios de comunicación y el traslado que se hacía desde los mismos medios sobre los acuerdos que se iban adoptando en Europa nos hacían pensar en llegadas masivas de un día para otro y sin capacidad de planificar una acogida digna y estable.
El tiempo nos ha mostrado que aunque los cupos europeos ya estuvieran decididos, entre medio, había que realizar un sinfín de pasos y papeleos que, tras un finísimo velo de garantía para la seguridad de los países receptores, se han alargado mucho más de lo que nos gustaría.
Primeras reuniones y acuerdos para la acogida en Euskadi
En septiembre del 2015 Euskadi se empieza a preparar para una estimación de acoger a un colectivo de 1.000 personas refugiadas que pudieran llegar al País Vasco gradualmente, en función de los mismos criterios de reparto establecidos por la Comunidad Europea para la asignación de los cupos a los países miembros (población, PIB, índice de desempleo y acogida a personas refugiadas).
No teniendo competencias en la acogida de refugiados, a las comunidades autónomas se nos asigna un papel colaborador y facilitador en la fase de acogida y de integración que realizarán las personas refugiadas con la ayuda de las entidades sociales homologadas y acreditadas como tales. Entendemos que las administraciones públicas debemos:
-Colaborar con las ONG responsables de la acogida en Euskadi (Cruz Roja y CEAR).
-Liderar, junto con las instituciones públicas de Euskadi y las ONG, una acogida que dé seguridad jurídica y hacerlo de una forma seria.
-Catalizar los sentimientos de solidaridad manifestados por la sociedad vasca, de tal forma que si su expresión no es considerada la más adecuada, no por ello hay que despreciarla.
-Establecer una comunicación responsable, teniendo permanentemente informada a la sociedad.
-Explicar a la sociedad que los refugiados están protegidos por una legalidad internacional y que no se trata en este caso de un proceso migratorio de carácter solo económico, sino más bien de un proceso producto de la guerra y la violación de los derechos más elementales de las personas.
Del mismo modo, también teníamos muy claro que es lo que NO queríamos hacer:
-Diferenciar a unos refugiados de otros.
-No generar en la sociedad una impresión de privilegio.
-No realizar expresiones de acogida de carácter extraordinario.
-Realizar una comunicación que busque réditos más allá del compromiso con estas personas.
Por tanto, teniendo una base clara donde estaba bien definida la función de cada uno de los agentes y compartiendo los principios en los que se debían fundamentar todas aquellas, se establecieron tres niveles de trabajo:
Decisiones
-Infraestructuras idóneas (alojamiento, municipios).
-Red social de apoyo.
Crear un mapa de recursos en cada una de las comunidades autónomas para hacer posible esta acogida tanto en lo que se refiere al alojamiento, manutención y vestuario, así como garantizar la asistencia sanitaria, el acceso a la educación, el acceso a los servicios sociales y generar una amplia red de apoyo social a estas personas. Además y una vez que tengan su documentación completa, el apoyo a su inserción sociolaboral en nuestra comunidad.
De cara a ir dando forma a un mapa de servicios y de recursos, un criterio que todos compartimos es que estos recursos se deben encontrar en municipios que dispongan de centro de salud y escuela, además de tener una red de comunicaciones.
Se determina también que la gestión de la vivienda se llevará desde Alokabide, teniendo en cuenta los criterios establecidos de que las viviendas se tienen que buscar en municipios donde haya escuela y centro salud.
2. Cómo encauzar de manera unificada la solidaridad de la ciudadanía:
Se elaboró una pequeña guía para que ayuntamientos, diputaciones y organizaciones puedan dar respuesta y encauzar de manera unificada, coordinada y adecuada toda esta solidaridad que se está dando por parte de la ciudadanía.
Todos los agentes acordamos adecuado no art
icular vías excepcionales para encauzar las muestras de solidaridad ante esta crisis, sino que lo más correcto es aprovechar y vehiculizar esta solidaridad por canales ya existentes.
3. Elaborar mensajes homogéneos para trasladar a la ciudadanía:
Además de unificar los criterios para encauzar los mensajes de colaboración, se considera necesario elaborar un argumentario que unifique mensajes de tranquilidad y de principios éticos.
El decálogo que he enumerado al inicio de mi intervención puede servir como ejemplo.
A partir de esas tres primeras reuniones que tuvieron su reflejo en la prensa, el COMITÉ OPERATIVO empieza a desgranar las cuestiones y tareas a desempeñar:
Se establecen tres grupos de trabajo: un grupo de trabajo público-privado alrededor del tema de la vivienda, otro para trabajar el acompañamiento y el itinerario social de acogida, y un tercero sobre comunicación y sensibilización.
Financiación
En las distintas reuniones celebradas en Madrid se nos ha reiterado que no va a existir ningún problema de financiación, asumiendo por tanto que dicha financiación corresponde al Estado.
También sabemos extraoficialmente que se destinarán 6.000 euros por cada una de las personas refugiadas. Se entiende que estos 6.000 euros van a sufragar todos los gastos de acompañamiento que van a tener que costear las ONG en el desempeño de las tareas a ellas encomendadas.
Lo que parece evidente es que las comunidades autónomas se tendrán que hacer cargo del proceso de integración de estas personas, es decir, de la asistencia sanitaria, de la educación y, en su caso, del acceso a los servicios sociales.
Coordinacion con la Secretaría de Estado
No teniendo competencia en la acogida de personas refugiadas, además de estar coordinados con las entidades y administraciones de Euskadi, nos parecía fundamental el hecho de estar en coordinación con la Secretaría de Inmigración y Emigración para poder recabar los últimos datos, más aun viendo que no estaban llegando los contingentes esperados. En las reuniones mantenidas (2) se nos traslada lo siguiente:
Problemas en origen
Los problemas de identificación y comunicación que han impedido hasta la fecha la llegada masiva de las personas refugiadas ubicadas en Italia o Grecia persisten, problemas esencialmente de identificación de las personas refugiadas, así como de falta de encaje de las personas funcionarias que algunos Estados miembros quieren desplazar a los lugares de origen.
7.000 personas en 2016
Pese a esos problemas, el objetivo de reubicar a las personas llegadas a esos destinos sigue vigente. Así, el próximo año España tiene previsto recibir unas 7.000 personas (6.000 personas de reubicación y 1.000 personas de reasentamiento), cifra que probablemente sea algo superior en 2017. En Euskadi la cifra cercana a las 1.000 personas se mantiene y por lo tanto se sigue trabajando en ello.
Prevista la llegada de un nuevo contingente en enero
Parecía que iba a ser probable que a partir de la segunda quincena de enero 2016, de manera más o menos escalonada, empezaran a llegar nuevas personas refugiadas a Euskadi. En ese sentido, son CEAR y Cruz Roja las entidades que se encargarán de su acogida. Por ello, estas dos organizaciones fueron consultadas sobre el número de plazas de las que disponían o podían disponer para enero.
Gracias a los acuerdos ya adoptados en los distintos encuentros mantenidos hasta la fecha por diferentes instituciones y las propias organizaciones citadas, las plazas serán ampliadas. Según los listados actuales del Gobierno español, en enero existían 54 plazas disponibles en Euskadi, todas ellas en Bilbao, pero fruto de los acuerdos, estas plazas serán ampliadas, de tal forma que juntas, CEAR y Cruz Roja, están habilitando nuevas plazas repartidas por los tres territorios (unas 170). Esto es posible gracias a la implicación de los ayuntamientos (principalmente de las capitales) a través de Eudel y de Alokabide.
Euskadi se abre
Dado que los mecanismos para la distribución de las personas que se encontraban en Italia y Grecia no funcionaban suficientemente bien y dado que las ONG tenían ya las plazas habilitadas, los contingentes de personas refugiadas que llegaron a Euskadi vinieron a través de las vías ordinarias: personas que han llegado por su propio pie, personas procedentes de Melilla… Al fin y al cabo, tal y como mencionaba anteriormente, los desplazamientos forzosos se han multiplicado a nivel mundial. Son muchas las personas que buscan un lugar estable y seguro en el que asentarse, ya que en sus países de origen sus vidas corren peligro. Apuntó el poeta Warsan Shire “nadie pone a sus hijos en un bote, a menos que el agua sea más segura que la tierra”.
En este contexto es donde queremos enmarcar el sentido de nuestro compromiso de no querer generar refugiados de primera y de segunda clase. Entendemos que las personas que huyen de la violencia y de la muerte merecen ser atendidas. No miramos la nacionalidad de las personas, sino su condición de solicitante de protección.
En este aspecto, las instituciones vascas se han comprometido a que las 1.000 personas que puedan llegar a Euskadi en los dos próximos años sean personas refugiadas en sentido amplio. Las instituciones vascas acordaron desde el inicio de esta crisis no generar refugiados de primera clase y es en ese campo en el que se enmarca la decisión ya comunicada al Gobierno de España.
Decisiones europeas y organización europea de la llegada de personas refugiadas
La Unión Europea decidió en septiembre dar acogida a 120.000 personas, sumadas a las 40.000 que ya admitió refugiar en julio. En julio, España aceptó acoger 2.749 personas: 1.300 personas de las se encontraban en Italia y Grecia (obligatorio) y 1.449 personas que se ubicadas fuera de la UE (voluntario). El 22 de septiembre la UE acordó, en un periodo de dos años, reubicar 66.000 personas desde Italia, Grecia y otros países comunitarios (voluntariamente). Las 54.000 personas restantes se reubicarán un año después de la entrada en vigor de la decisión. De ellas, España aceptó acoger 8.023 personas, de forma que la cifra total sería de 10.772 personas: 1.300 (obligatorio), 1.449 (voluntario) del primer acuerdo y otras 8.023 (voluntario) del segundo acuerdo del Consejo. Es una primera cifra, porque todavía resta por decidir la distribución de 61.744 personas de las 160.000 ya asumidas por Europa.
Antes de llegar a firmar el acuerdo con Turquía, los Estados miembros ya nos estaban dando pistas de hacia dónde iba a virar la apuesta de la política comunitaria: la de blindar las fronteras. Y es que ya el 15 de octubre de 2015 las conclusiones de la Comisión Europea en cuanto a migraciones establecía las siguientes orientaciones:
-Cooperar con terceros países para detener los flujos.
-Reforzar la protección de las fronteras exteriores de la UE (tomando el acervo de Schengen como fundamento).
-Dar respuesta a la afluencia de refugiados en Europa y garantizar los retornos.
El acuerdo firmado por la UE Europea y Turquía no es más que la constatación del auge de los partidos de ideología neoliberal en el seno de la Comunidad Europea. Es necesario revalorizar Europa, volver a dotar a la institución de los valores que soportaron su fundación.
Quisiera con esto traer a la sala el planteamiento que realiza el antropólogo Zygmunt Bauman, cuya lectura pausada de su trabajo les recomiendo, en el que entiende a las personas refugiadas como si fueran mensajeros de la globalización. Nos coloca Bauman en un escenario alarmista, de insensibilidad moral y de indiferencia, donde las expresiones de solidaridad quedan relegadas a los márgenes. En este contexto, estos nómadas, que no lo son de forma voluntaria, sino por el veredicto de un destino despiadado, nos recuerda de manera irritante la fragilidad de nuestro propio bienestar. Es una costumbre humana culpar y castigar a los mensajeros en vez de responsabilizar a las fuerzas mundiales incomprensibles
A partir de ahora
¿Que nos corresponde hacer a partir de ahora a las instituciones vascas?
Creo que toca seguir trabajando en tres cuestiones:
Por último, quiero terminar mi intervención compartiendo una reflexión con ustedes: todas las personas que estamos intentando dar la mejor respuesta posible a este reto estamos abordando las respuestas desde el convencimiento de que todo este proceso supone una oportunidad para todos.
Es una oportunidad de dar forma a un art
iculado de medidas e iniciativas en coordinación, no solo entre el entramado institucional, sino también entre Administración y entidades. La coordinación que pueda darse servirá de aprendizaje para siguientes problemas o retos que se nos puedan plantear.
Creo también que es una oportunidad para que la sociedad vasca vea crecer valores como la humanidad, la solidaridad, la democracia, y poner en valor aquellas acciones en pro de la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana.
También quiero dejar claro que asumimos la responsabilidad de dar respuesta a esta crisis desde el convencimiento de que estamos obligados a prestar auxilio ante una situación de extrema necesidad. Desde la obligación de atender y el derecho de ser atendido que se dan en esta causa, no vamos a hacer distinciones ante situaciones de vulnerabilidad, no vamos a tener refugiados de primera y de segunda.
Javier Galparsoro (CEAR Euskadiko presidentea /Presidente de CEAR Euskadi)
JAVIER GALPARSORO
(CEAR Euskadiko presidentea /
Presidente de CEAR Euskadi)
Recientemente hemos presentado el Informe CEAR 2016 sobre la situación de las personas refugiadas en Europa y España. En él se describe de manera pormenorizada la llegada a lo largo de 2015 de centenares de miles de personas refugiadas a las puertas de una Europa convertida en fortaleza y la respuesta que han recibido. Huían de las guerras y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ante el cierre de las vías legales y seguras para acceder a la protección internacional no tuvieron más remedio que arriesgar sus vidas en el Mediterráneo o intentar sortear fronteras erizadas de perímetros fortificados.
Mediterráneo fosa común.La OIM estima en 3.771 las personas que el pasadoaño fallecieron o desparecieron en el Mediterráneo. En el mes de abril de 2015, una embarcación naufragó al poco de salir de Libia y 400 personas perdieron la vida. Era la peor tragedia reciente en el Mediterráneo. Unos días después, frente a la isla italiana de Lampedusa, la dramática cifra asciende a 700 personas. A pesar de las palabras de conmoción de los líderes europeos ante lo sucedido, desde entonces no se han puesto las medidas efectivas para que el Mediterráneo deje ser la ruta más mortal del mundo.
En respuesta al aumento de la llegada de personas en busca de protección a Europa, la Comisión Europea plantea en la Agenda Europea de Migraciones la adopción de una serie de medidas comunes –como la reubicación– que ponen en evidencia el fracaso del sistema europeo común de asilo.
Se subastan refugiados. El 20 de julio de 2015 la Comisión Europea propone larápida reubicación de 40.000 refugiados en Grecia y en Italia. Pide solidaridad y colaboración al resto de los 28 países de la UE. El Gobierno español manifiesta que tan solo estaba en disposición de acoger a 1.300 personas en este proceso de reubicación además de 1.449 personas en el proceso de reasentamiento.
El 3 de septiembre nos conmueve la enorme tragedia de la aparición del cadáver del niño Aylan Kurdi, varado para siempre sobre una playa turca con sus zapatitos nuevos y su niqui impoluto. Se parece a nuestros hijos, pero también a los de nuestros dirigentes y políticos. Las conciencias de buena parte de la humanidad se resquebrajan. Muchos descubren de este modo tan traumático que existen las personas refugiadas y empujan a los políticos para diseñar un plan de acogida más urgente y masiva.
El 9 de septiembre la Comisión Europea pide un esfuerzo adicional a los países miembros de la UE para reubicar a 120.000 refugiados más –que se sumaban a los 40.000 ya aprobados en julio –procedentes de Grecia (50.400), Italia (15.600) y Hungría (54.000).
La reunión de jefes de Estado de 63 países en La Valetta (Malta) el 11 de noviembre fija un fondo fiduciario de 1.800 millones de euros para atajar las causas de la inmigración y el desplazamiento forzado. El 24 de febrero se publica la Decisión 2016/253 del Parlamento Europeo y del Consejo movilizando 1.530 millonesde eurosadicionales para financiar medidas destinadas a gestionar la crisis de los refugiados, debido a lo acuciante de sus necesidades.
Se estableció la redistribución de los 160.000 refugiados con una ponderación de criterios de división (40% en función del tamaño de la población, 40% en función del PIB, 10% en función de las solicitudes de asilo y el 10% restante en función de la tasa de desempleo) de manera que a España le correspondía acoger a 14.931 personas refugiadas.
Se pidió también un mecanismo de reubicación permanente para ayudar a cualquier país miembro ante una situación de extrema presión migratoria.
Se reclama una política de retorno más eficaz hacia las personas irregulares en aplicación de la Directiva 2008/115 de la Unión Europea y se valora la dimensión exterior de la crisis con apoyo a Jordania, Líbano y Turquía, países que están soportando una mayor presión migratoria. Al mismo tiempo, reforzando las operaciones navales militares de vigilancia –que no de salvamento– en el Mediterráneo con la llamada Eunavfor Med para desmantelamiento de redes de tráfico de inmigrantes.
El 24 de septiembre se aprueba la Decisión del Consejo 2015/1601 por la cual se fijan unas medidas provisionales de protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (subrayo con intención quiénes eran los destinatarios de las medidas, es decir, los países afectados, no en cambio las personas refugiadas).
El Fondo de Asilo, Migración, e Integración (FAMI) asigna 6.000 € por cada solicitante de asilo que sea recibido en un país de la UE, mientras que Italia y Grecia recibirían 500 € adicionales por cada refugiado que enviaban. Está claro que hay recursos suficientes. Italia y Grecia debían garantizar la toma de huellas e identificación rápida de los solicitantes a través de los denominados hotspots que se crearon.
Se informaba también a los solicitantes de protección internacional de las consecuencias de los desplazamientos irregulares dentro de la Unión Europea por cuanto la libertad de circulación estaba limitada. Se pedía que no más tarde del 26 de septiembre de 2016 un total de 54.000 solicitantes fueran reubicados desde Grecia e Italia.
El procedimiento de reubicación se presumía complejo pero riguroso con ayuda de la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), ACNUR, EUROPOL, FRONTEX y funcionarios policiales de Grecia e Italia, debiendo estar completado el plazo de ejecución no más tarde del 26 de septiembre de 2017.
La acogida a las personas refugiadas en España.España se comprometió aacoger un total de 14.931 refugiados, cuando de repente Hungría cae del proceso de reubicación, por lo que se reduce su aportación y se redistribuyen las cifras de modo que a España le corresponden finalmente las 1.300 personas a reubicar acordadas en julio de 2015, además de otras 1.896 personas a reubicar desde Italia y 6.127 personas desde Grecia.
En total son 9.323 personas, por lo que se reduce prácticamente a la mitad el número de acogidos mientras la llegada de personas migrantes y refugiadas a las costas mediterráneas por sus propios medios seguía siendo continua.
Tan es así que con el fin de afrontar la saturación del sistema de acogida y acoger a las personas solicitantes de protección internacional que ya se encontraban en España, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social amplió en agosto de 2015 los fondos dedicados a la acogida de las personas refugiadas para que las entidades que desarrollan los programas de intervención, CEAR entre ellas, pudieran incrementar el número de plazas de acogida del sistema de las 1.000 que había entonces a 2.805 en junio de 2016.
Después de recibir diferentes informaciones acerca del primer grupo “piloto” de personas que llegarían reubicadas, a finales de octubre el MEYSS, a través de la Dirección General de Migraciones, se puso en contacto con CEAR y el resto de entidades y con los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) para informar de la inminente llegada y acogida de un grupo de 19 personas eritreas y sirias procedentes de Italia.
El 8 de noviembre llegaron al aeropuerto de Madrid solo 11 personas eritreas y 1 siria, ante la negativa de 7 a tener España como destino. 3 de ellas fueron acogidas por CEAR en Bilbao.
En diciembre, de nuevo el Ministerio se puso en contacto con CEAR porque 6 de las 7 personas que no quisieron viajar en noviembre iban a ser finalmente reubicadas en España y, en concreto, en el centro de acogida que esta organización gestiona en la localidad madrileña de Getafe. Así, el 23 de diciembre llegaron al aeropuerto de Madrid 4 hombres y 2 mujeres.
El 30 de mayo de 2016, es decir, 5 meses después, llegaron a España 87 personas más como primera parte de un grupo de 586 personas refugiadas que el Gobierno ha anunciado que acogerá antes del próximo mes de agosto a través de la reubicación y el reasentamiento.
Estas 87 personas refugiadas procedían de Grecia e Italia, eran de nacionalidad siria, iraquí, eritrea y centroafricana, y fueron repartidas por las provincias de Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Araba/Álava, Asturias, Baleares, Guadalajara, Gipuzkoa, Madrid y Valladolid.
En la primera semana de junio llegaron otras 19 personas a través de este proceso, lo que hace un total, a 7 de junio de 2016, de 124 personas de las 9.323 a las que se comprometió nuestro país a acoger a través de la reubicación y aún no se había reasentado a ninguna de las 1.449 que aceptó.
Esta realidad se ajusta a la situación general, ya que en estas mismas fechas los países de la UE solo habían reubicado a 1.911 de las 160.000 personas comprometidas: 674 desde Italia y 1.044 desde Grecia.
El Gobierno Español anunció asimismo la llegada de 201 personas a lo largo de los próximos días del mes de junio:
- 59 desde Turquía, en el marco del programa de reasentamiento (los días 21, 22y 23 de junio);
- 64 desde Grecia (los días 22 y 24 de junio), programa de reubicación;
- y 82 desde Líbano (los días 28 y 29 de junio), programa reasentamiento.
Paralelamente a las negociaciones y mientras Europa seguía reunida, se activaban a cuentagotas los mecanismos de acogida extraordinarios (reubicación y reasentamiento) de las personas refugiadas, que como decía al comienzo de la intervención han buscado vías alternativas y poco seguras para llegar a Europa y a España.
A lo largo del 2015, los 28 países de la UE atendieron a 1.321.600 solicitantes de asilo,con un reparto muy desigual. Solo Alemania se ocupó de 476.510, mientras que, por ejemplo, España batió su escuálido récord anual con casi 15.000 (14.881), apenas el 1% del total.
Otros países, como Hungría, imprimieron a sus políticas de asilo un sello xenófobo y autoritario. Mientras miles de europeos y europeas, organizaciones sociales o gobiernos municipales y regionales se movilizaron en defensa de una acogida humana para las personas refugiadas, los dirigentes de la UE y los gobiernos nacionales quedaron atrapados en su falta de voluntad política y en la maraña burocrática.
Euskadi recibió a 163 personas que solicitaron protección internacional(Bizkaia: 132, Gipuzkoa: 17 y Araba: 14).
Sistema de acogida español
La competencia en materia de asilo, protección internacional y reasentamiento de personas refugiadas corresponde en exclusiva al Estado. Desde 1984, el Gobierno central subvenciona los programas de acogida e integración, que hoy recaen en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
A lo largo de estos años, a falta de desarrollo legislativo, se ha ido desarrollando un sistema de acogida mediante normas emanadas desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, principalmente a través de una Orden Ministerial de 1989, que se desarrolló posteriormente por Resolución de 6 de julio de 1998, de la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
La Orden Ministerial de 1989 recogió por primera vez la creación de centros de acogida para solicitantes de asilo “en base a la realidad social que demuestra que las personas que solicitan asilo y refugio precisan, en su mayor parte, de servicios sociales que afectan a aspectos fundamentales de la persona, tales como la subsistencia y la integración social”.
Los centros de acogida se configuran como establecimientos públicos destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria, así como los servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integración de las personas que solicitan protección internacional y carezcan de medios económicos para atender sus necesidades o las de su familia.
Dicha orden establece una serie de requisitos para que, siempre que haya disponibilidad, las personas beneficiarias puedan ingresar en los centros. El tiempo de estancia previsto es de 6 meses, siempre que no haya una resolución anterior a ese plazo del expediente administrativo de protección internacional. La estancia puede prorrogarse de manera excepcional, en casos de vulnerabilidad, otros 3 meses. El tiempo de estancia máximo es, por tanto, de 9 meses.
Asimismo, la orden ministerial contempla la colaboración con instituciones o entidades que desarrollen programas con personas refugiadas, mediante convenios de coordinación, colaboración y consulta.
Por primera vez en el año 2009 se recoge el derecho de las personas solicitantes a recibir prestaciones sociales específicas y establece la obligación por parte de la Administración de proporcionar, cuando carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades en condiciones de dignidad.
Sin embargo, la Ley deja para desarrollo reglamentario estos preceptos y los programas específicos para las personas solicitantes de asilo. El reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, pese a que han transcurrido 6 años, aún no ha sido aprobado.
En su art
ículo 30, la Ley 12/2009 de Asilo y Protección Subsidiaria señala que:
“(…) se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas”.
El art
ículo 31 establece que la acogida se realizará, principalmente, “a través de los centros propios del Ministerio competente y de aquellos que sean subvencionados a organizaciones no gubernamentales”.
La Ley también recoge la posibilidad de acceso a programas específicos de ayuda e integración para las personas que hayan obtenido protección internacional.
Por otro lado, la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida delos solicitantes de protección internacional, la cual en el artículo 21 establece como principio general:
“En la legislación nacional por la que se apliquen las disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de las personas vulnerables tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores, víctimas de la trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos y personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital femenina”.
El periodo de transposición finalizó en junio de 2015 por lo que en la actualidad es de aplicación directa.
A fecha de 14 de junio de 2016 el sistema de acogida español cuenta con 421 plazas en cuatro centros de titularidad pública y 2.384 plazas gestionadas por organizaciones no gubernamentales que colaboran con la Administración, número deplazas que se ha ido incrementado notablemente a lo largo del curso 2015-2016 tras la reiterada reclamación por parte de las ONG de la necesidad de ampliación y mejora del sistema.
Además de la posibilidad de residir en los centros, las personas solicitantes de asilo pueden recibir ayudas económicas complementarias que están reguladas en Real Decreto 865/2006, de 14 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públicas a los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El itinerario establecido por el MEYSS consta actualmente de tres fases:
1ª Fase o fase de acogida: tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de las personas solicitantes de protección internacional a través de los dispositivos de acogida, complementados con otros servicios, como los de intervención psicológica, interpretación y traducción, o asesoramiento legal.
2ª Fase o fase de integración: se inicia cuando las personas salen del dispositivo de acogida y requieren seguir recibiendo apoyo. Para ello se define un itinerario de acompañamiento, destinado a promover su autonomía e independencia. Esta fase se llevará a cabo en la misma provincia donde se ha iniciado el itinerario.
3ªFase o fase de autonomía: en la que el beneficiario puede necesitar asistencia o apoyo eventual o esporádico en determinadas áreas.
Pese a que a lo largo del año se ha ampliado el número de dispositivos del sistema de acogida, aún quedan muchas mejoras por incorporar por ello desde CEAR venimos realizando las siguientes propuestas.
Propuestas
Al MEYSS hemos demandado la mejora del sistema haciéndolo más FLEXIBLE. Esto supone que el itinerario de integración debe adaptarse a las necesidades de las personas, teniendo en cuenta las cambiantes necesidades sociales y laborales de nuestro país, y en concreto se precisa la adecuación de los plazos en cada fase, la localización y tipo de dispositivo de acogida.
En relación con la población más vulnerable y a falta de desarrollo reglamentario, pedimos se aplique de manera directa la Directiva 2013/33/UE para atender a las personas en situación de especial vulnerabilidad o con necesidades especiales.
Asimismo hemos reclamado la reforma y ampliación del sistema de protección social para personas solicitantes de protección internacional y refugiadas existente, garantizando la cobertura de un sistema de garantía de ingresos mínimos, reforzando las políticas activas de educación, empleo y servicios sociales, así como la implicación de los actores vinculados a las mismas y asegurando una mayor cohesión territorial y coordinación entre los niveles de la Administración central, regional y local.
Respuesta de las administraciones autonómicas y locales. Propuestas de actuación
Ante la movilización ciudadana en demanda de una acogida solidaria para las personas refugiadas que huían principalmente de la guerra en Siria, diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos promovieron propuestas de acogida, impulsaron oficinas de atención a estas personas, aprobaron mociones para declararse como ciudades de asilo, abrieron espacios para canalizar las donaciones de todo tipo (préstamo de pisos de particulares, acogida en el domicilio, mantas, ropa), organizaron el ofrecimiento de personas voluntarias, etc.
La mayoría de las medidas especiales programadas, presupuestadas, desarrolladas, y art
iculadas en políticas sociales por las diferentes comunidades autónomas están en una fase inicial y se han visto afectadas por la lentitud del Gobierno en el cumplimiento de su compromiso de recepción de cuotas de personas refugiadas.
En Euskadi, a raíz de la situación de emergencia de las personas refugiadas acontecida en 2015, se crearon varios grupos de trabajo tanto desde el Gobierno Vasco como desde las diputaciones Forales y los ayuntamientos. CEAR-Euskadi ha recibido en los últimos meses una ingente cantidad de solicitudes de formación e información tanto de entidades públicas como privadas.
En estos grupos de trabajo, desde CEAR-Euskadi se ha tratado de dar una mirada tanto global como específica sobre la situación de las personas refugiadas. Partiendo del conocimiento del sistema de acogida estatal y la experiencia práctica, se hizo llegar a la mesa interinstitucional un documento en el que se explicaba el itinerario de acogida del ministerio, el trabajo que hace CEAR-Euskadi, y lo que entendíamos que las administraciones públicas pueden aportar al mismo.
En este sentido, entendemos fundamental para dar una buena acogida partir de las siguientes consideraciones previas:
-Todas las personas solicitantes de protección internacional acceden al sistema de acogida en iguales condiciones. No hay un sistema distinto en función de la nacionalidad o la forma de llegada.
-Es el MEYSS quien asigna las plazas de acogida. No todas las personas que solicitan protección internacional se quedan en Euskadi, ni todas las que son acogidas en Euskadi han formalizado la solicitud aquí.
-Los plazos de la acogida son escasos para poder potenciar la integración y autonomía debido a las dificultades de aprendizaje del idioma (diferente según el nivel educativo).
-Apenas hay ayudas económicas para la 2ª fase (fase de autonomía).
-Hay que tener especialmente en cuenta las dificultades de inserción laboral. El paro afecta especialmente a las personas extranjeras.
-Existen enormes dificultades para acceder a una vivienda.
-No reciben prestaciones públicas autonómicas.
Propuestas
A las instituciones vascas hemos demando que lo mejore haciéndolo SOSTENIBLE, es decir, que cuando finalice la fase de acogida del itinerario de asilofaciliten el proceso de inclusión real y efectivo de las personas refugiadas en la sociedad. A través de:
-Cesión de instalaciones y equipamiento para la acogida y atención especializada. Alquiler de pisos vacíos con contrato de renta social y por periodo mínimo de 1 año, atendiendo a las necesidades de autonomía de las personas.
-Facilitación de acceso a los servicios de titularidad municipal (empadronamiento) y actuaciones en materia de actividades complementarias (escolares, educativas, sanitarias, culturales).
-Acompañamiento, traducción de documentos, formación a trabajadores municipales, canalización de la participación de la ciudadanía.
-Planificación y ejecución de acciones formativas y de inserción laboral.
-En todas las fases queremos contar con programas de ocio y tiempo libre, actividades deportivas, conocimiento del entorno, teniendo especialmente en cuenta a los menores y jóvenes de cara a potenciar la incorporación en nuestra sociedad de esta nueva ciudadanía a través de los recursos públicos que se establezcan para ello.
-Promoción de acciones de sensibilización a la ciudadanía que favorezcan la integración y convivencia con las personas refugiadas.
Apostamos por que todas las actuaciones se realicen desde el prisma de la prevención y no desde la reparación de daños.
Denis Itxaso (Gipuzkoako foru ahalduna /Diputado foral de Gipuzkoa)
DENIS ITXASO
(Gipuzkoako foru ahalduna /
Diputado foral de Gipuzkoa)
Introducción
No olvidar
Por qué hablamos de este tema
Procedimiento de acogida
Respuesta de Gipuzkoa
Marco de referencia de la cooperacion
Actuaciones en materia de refugiados
En Gipuzkoa
Sobre el terreno
Iñigo Pombo (Udaletxeko zinegotzia eta Eudeleko Ordezkaria /Concejal del Ayuntamiento de Bilbao y representante de Eudel)
IÑIGO POMBO
(Udaletxeko zinegotzia eta Eudeleko ordezkaria /
Concejal del Ayuntamiento de Bilbao y representante de Eudel)
Egun on y muchas gracias al Ararteko por su invitación para participar en este curso, que se celebra precisamente cuando, en un momento de encrucijada para los principios y valores sobre los que se asienta Europa, es de vital importancia crear foros de diálogo, de reflexión compartida y de intercambio entre instituciones y entidades sociales. Es por tanto un honor para mí poder tomar parte en esta mesa de debate.
Acudo en representación de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y como concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Mi papel hoy aquí, más allá de hacer una reflexión desde el punto de vista municipal, es fundamentalmente el de ofrecer información acerca de la colaboración de Eudel en el comité operativo impulsado por el Gobierno Vasco y en el que desde septiembre de 2015 venimos trabajando de manera coordinada las diferentes instituciones (Gobierno Vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) junto con las entidades sociales de Euskadi.
El trabajo de dicho comité ha sido también explicado en profundidad por la representante del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por lo que mi intención es no repetir lo ya dicho. Aprovecharé mi intervención para dar cuenta del trabajo de Eudel y de las últimas propuestas planteadas en el comité operativo.
Es importante clarificar que la actuación de Eudel en el ámbito que nos ocupa, responde a nuestra voluntad de leal colaboración con la estrategia conjunta de país. En ese sentido, nuestro objetivo es el de sumar la experiencia local en la mesa interinstitucional y en el comité social.
Todas nuestras acciones se derivan así, de manera específica, de los acuerdos alcanzados en el seno del citado comité operativo.
Quiero aclarar también que más allá de las noticias en medios de comunicación, se ha dado traslado a los ayuntamientos de toda la información oficial que Eudel ha ido recibiendo a través del Gobierno Vasco (en el comité operativo): a través de circulares, boletines informativos y en reuniones de la propia Comisión Ejecutiva de la asociación.
Antecedentes
Comienzo mi intervención haciendo un breve repaso sobre los pasos dados hasta el momento. La crisis de personas refugiadas estalla en los medios de comunicación en septiembre del pasado 2015 y a partir de entonces vivimos a diario una sucesión de informaciones e imágenes desgarradoras.
Desde el primer momento, la ciudadanía responde de inmediato en una “marea solidaria” e interpela a las instituciones europeas para que, desde su responsabilidad, asuman un compromiso para ponerle freno a la dramática situación de miles de personas desplazadas de sus países de origen, que a causa de diversos conflictos se ven obligadas a un éxodo masivo hacia Europa.
En este largo tránsito, las mujeres y los menores de edad son los más expuestos a situaciones de inseguridad y de vulneración de derechos, y quienes más necesitan de medidas de protección por parte de los Estados miembros.
Las instituciones vascas reaccionamos de inmediato, a pesar de no tener competencias en la acogida (las políticas de asilo e inmigración son competencia estatal), y nos coordinamos con rapidez y eficiencia para planificar juntas nuestras acciones. Se crea así un comité operativo compuesto por una mesa interinstitucional (Gobierno Vasco, diputaciones forales y Eudel en representación de los ayuntamientos) y de un comité social con las entidades sociales (ONGD) que trabajan en el ámbito de la cooperación, la inmigración y la acogida de personas refugiadas.
Además, se establecen tres grupos de trabajo en ámbitos específicos: un grupo de trabajo alrededor del tema de la vivienda; otro para trabajar el acompañamiento e itinerario social de acogida y un tercero sobre comunicación y la sensibilización.
En el mes de junio (reunión: 13 junio) se acordó la creación de 3 mesas de seguimiento territoriales, con el objeto de tratar en cada territorio histórico las llegadas de personas refugiadas, así como comenzar a trabajar el acceso de las mismas a la segunda fase de integración. Estas mesas están compuestas por la diputación foral correspondiente, los ayuntamientos receptores de personas refugiadas, las entidades sociales de cada territorio histórico, Alokabide y Gobierno Vasco (sin perjuicio de que se puedan incorporar otros departamentos si se ve la necesidad). En principio, tendrán una periodicidad bimensual.
Participación de Eudel en el operativo
Eudel ha participado activamente dentro de los diferentes grupos.
I.Respecto al primer grupo de vivienda. Este grupo en realidad no ha funcionado de forma autónoma, sino que se han ido trabajando los aspectos relacionados con la vivienda tanto en el comité operativo como en el comité social desde su inicio, incorporando el tratamiento de cuestiones relacionadas con el alojamiento en las diferentes sesiones de los citados comités.
A este respecto, es destacable la respuesta ofrecida desde los municipios ante la demanda de puesta a disposición de alojamientos para la acogida de personas refugiadas, proceso coordinado por Eudel desde el mes de septiembre pasado.
II.En el grupo de itinerario social de acogida y acompañamiento, Eudel está elaborando con los ayuntamientos y las entidades sociales un protocolo municipal específico para la atención y acompañamiento de las personas refugiadas. Del mismo hablaré en detalle más adelante.
III.En el grupo de comunicación y sensibilización, las instituciones y las entidades sociales intercambiamos reflexiones y enfoques para unificar los mensajes políticos de cara a generar una comunicación oficial contrastada, homogénea y coherente que tenga reflejo en los medios de comunicación.
Dentro de este grupo, se han elaborado diferentes materiales como una pequeña guía visual para orientar a las instituciones y a la ciudadanía sobre cómo canalizar las ofertas de solidaridad ciudadana en un primer momento (fue remitida a los ayuntamientos al comienzo de la crisis). A continuación, se elaboraron varios boletines de comunicación interna (enviados a los ayuntamientos entre septiembre y diciembre) con las informaciones de las que se iba dando traslado, de manera exclusiva, en el comité operativo.
Ahora se está confeccionando un folleto de recomendaciones que tiene como destinatarias la propia ciudadanía, las asociaciones y también las instituciones. El folleto busca orientar hacia la cooperación con los países de origen, a través de ayudas económicas gestionadas por la red de entidades locales con base en Euskadi. Volveré a hablar de este folleto más adelante.
IV.Atención de las consultas y trabajo técnico municipal.
Paralelamente, Eudel sigue atendiendo todas las consultas de los ayuntamientos y ofreciendo nuestra orientación en función de la información oficial de la que disponemos y que, repito, es recibida través del comité operativo.
Además, cuando observamos un volumen de consultas importante sobre una determinada cuestión, el procedimiento habitual en Eudel es organizar un grupo de trabajo con personal técnico municipal para estudiar el tema con mayor profundidad.
Esto lo hemos puesto en práctica, por ejemplo, con el grupo de padrón municipal. Eudel ha estudiado con técnicas y técnicos de los ayuntamientos las posibilidades y dificultades de acceso al padrón, teniendo en cuenta la normativa básica y en particular las instrucciones emanadas del Instituto Nacional de Estadística. Gracias a este grupo fueron resueltas todas las dudas.
A partir de aquí, Eudel va a mantener estable su colaboración en el trabajo institucional y social en torno a cuatro ejes de acción prioritaria:
La primeras llegadas. Euskadi como ejemplo
Por tanto, desde septiembre de 2015, en Euskadi nos hemos estado preparando para la llegada de las personas desplazadas, sin saber con exactitud ni cuándo, ni cómo, ni cuántas personas llegarían. Los fuertes disensos entre los países europeos, con el blindaje de las fronteras por parte de algunos, han dificultado la gestión adecuada de las identificaciones y la distribución de las personas desplazadas.
Después de muchas incertidumbres y de muchos bailes de cifras en las comunicaciones oficiales que se han ido trasladando desde el Gobierno central, ahora por fin parece que empiezan a activarse los mecanismos para la reubicación en las diferentes comunidades autónomas.
A Euskadi han llegado las siguientes personas:
En total suman 36 personas:
De momento, no tenemos más informaciones oficiales sobre nuevas llegadas a Euskadi dentro del programa de reubicación europeo. Las ONG que se ocupan de la acogida –Cruz Roja y CEAR Euskadi– tienen acondicionadas otras 30 plazas más.
Es frustrante la lentitud en la respuesta de acogida por parte de los Estados y la corta cifra de reubicados desde Grecia e Italia (apenas un 1% del compromiso asumido por la UE). Sin embargo, hay que tener presente que no estamos ante un fenómeno nuevo.
En el informe de 2015 de CEAR se dice que ya en 2013 había en el mundo 51 millones de personas desplazadas de su lugar de residencia de manera forzosa, lo que representa la cifra más alta desde la II Guerra Mundial. Según los datos de ACNUR, solo en 2014 218.000 personas refugiadas y migrantes cruzaron el Mediterráneo y al menos 3.419 perdieron la vida. Detrás de cada una de esas cifras hay una historia personal terrible.
En lo que respecta a Euskadi y según datos ofrecidos por el consejero de Empleo y Políticas Sociales, son casi 200 personas asiladas (121 en Bilbao) las que han ido llegando por su cuenta desde países en conflicto, al margen de los programas europeos, a través de Ceuta y Melilla o incluso Francia. Estas personas han sido alojadas en viviendas cedidas por Alokabide y por ayuntamientos a las entidades encargadas de la acogida.
Lo decía antes: esta situación no es nueva. En diciembre de 1992 empieza la historia moderna de la relación entre las personas refugiadas y Euskadi: A través de CEAR, 133 ciudadanos y ciudadanas bosnios recalaron en 7 municipios vascos huyendo de la guerra de los Balcanes. Así nos lo recordaba el propio Javier Galparsoro en una entrevista concedida al Diario Norte en septiembre de 2015, justo al inicio de esta crisis.
Las ONG coinciden en que la sociedad vasca siempre ha mostrado una sensibilidad especial ante este tipo de problemáticas y resaltan que Euskadi siempre ha sido un ejemplo de colaboración entre administraciones.
La dinámica de las instituciones vascas ha sido la cooperación multinivel entre instituciones y también en estrecha colaboración con las entidades del tercer sector (papel fundamental).
Ayudas económicas a la cooperación /
Protocolo municipal de atención y acompañamiento
Eudel se suma a esta estrategia de colaboración conjunta como país y, en representación de los ayuntamientos, va a continuar trabajando y aportando la experiencia del ámbito local dentro del comité operativo. En la última reunión mantenida el pasado día 11 de mayo se abordaron dos cuestiones fundamentales:
a)Fomentar la cooperación específica mediante ayudas económicas (no tanto en especie) y a través de las entidades sociales y asociaciones locales que trabajan sobre el terreno.
¿Por qué? ¿Para qué?
Es una recomendación que nos trasladan las propias entidades sociales para que la ayuda se destine a buscar soluciones en origen (en los propios países en conflicto). Con ello se consigue, por un lado, atender mejor las necesidades reales e inmediatas (de alimentación, higiene, sanidad, infraestructuras básicas), y por otro, se contribuye a generar herramientas y recursos para el impulso de la economía de los propios países, lo que permiten avanzar en su desarrollo y evitar, en la medida de lo posible, futuros desplazamientos.
Al mismo tiempo, estas ayudas a la cooperación revierten en la propia sociedad vasca a través de las campañas de información y sensibilización que las propias ONG y las asociaciones realizan en nuestros municipios para dar cuenta del destino de los fondos y de los resultados de su actividad.
b)Protocolo municipal de atención y acompañamiento (reuniones: 11 y 24 de mayo y 13 de junio)
La acción más importante que Eudel está desarrollando en este momento, en colaboración con el personal técnico de los ayuntamientos, es la elaboración de un protocolo municipal o itinerario de atención a las personas refugiadas en el marco de los servicios sociales municipales.
El objeto es el de coordinar las acciones y la comunicación entre las entidades sociales que atienden a las personas refugiadas en la acogida y los servicios sociales de los municipios donde residan, que garantice el derecho a la atención de las necesidades sociales de las personas que así lo requieran.
Para facilitar esta coordinación se están trabajando varias fichas de datos que las entidades sociales enviarán a los ayuntamientos:
Transcurrido el primer momento, en aquellos casos en los que existan circunstancias sociales atendibles desde los servicios sociales, las entidades sociales informarán y acompañarán a las personas al servicio social de base de su zona (casos en los que aparezcan indicadores de desprotección infantil, violencia de género, violencia familiar, desprotección de personas mayores, discapacidad, dependencia…).
Los servicios sociales municipales intervendrán contando con los recursos comunitarios dirigidos a la población en general y aquellos servicios, recursos y programas propios generalistas y específicos de los servicios sociales para la atención de las personas y familias atendidas.
Debo aclarar aquí que no se trata de inventar nuevos mecanismos, sino de reforzar el proceso normalizado de integración en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, cuya puerta de entrada son los servicios sociales de base, y que viene haciéndose a diario con las personas que necesitan de apoyo.
La acogida de personas no es solo dotar de solución habitacional a las solicitantes de asilo, sino que implica toda una serie de actuaciones dirigidas a potenciar el bienestar, la autonomía y la dignidad de quien es acogido. Es, además, el inicio de un proceso más amplio y complejo como el de la integración.
Los ayuntamientos, como niveles más próximos de gobierno, tenemos la responsabilidad de facilitar a los recién llegados una vida digna más allá de la primera emergencia de acogida y de trabajar para garantizar su incorporación e integración en nuestros municipios, atendiendo a las necesidades vitales, individuales y familiares de estas personas.
En esto Euskadi también va por delante, puesto que desde hace años la comunidad autónoma dispone de una amplia red de recursos asistencialesy personal profesional especializado (trabajadores/as sociales, educadores/as, mediadores/as, servicios jurídicos, sanitarios, educativos, etc.).
Conclusión: de la solidaridad a las políticas de integración
Para terminar y como decía al principio, la situación actual es un reto y una oportunidad para, desde la solidaridad, reforzar nuestras políticas activas de acompañamiento e inclusión social de convivencia intercultural y de gestión del pluralismo religioso.
Ahora se repite la historia con las personas refugiadas sirias y el conjunto de la sociedad vasca vuelve a volcarse como en el pasado. La ola de solidaridad ciudadana, con el apoyo y fomento por parte de los ayuntamientos, ha servido de motor para el impulso de numerosas iniciativas, muchas de ellas innovadoras, art
iculadas desde el propio tejido social de los municipios.
Más allá de aportar su granito de arena, lasasociaciones vecinales, los grupos de voluntarios/as y muchos/as ciudadanos/as anónimos/as están desarrollando una importante labor de sensibilización y educación en los valores de la convivencia y los derechos humanos, que contribuye a reforzar el trabajo de las propias entidades sociales y de los gobiernos locales. Esta labor de sensibilización entre la ciudadanía es la que debemos reforzar de ahora en adelante todas las instituciones, pero especialmente los ayuntamientos, los más cercanos a la ciudadanía.
Tenemos el reto y la oportunidad de canalizar la solidaridad de la sociedad a través de unas adecuadas políticas locales de integración, diversidad y cohesión social.
El reto de la convivencia, siempre presente en nuestro pueblo, incorpora nuevos matices y dimensiones por la inmigración que deben basarse en el principio de corresponsabilidad. El proceso de integración supone un triple movimiento: un esfuerzo por parte de las personas inmigrantes, un trabajo de acomodo por parte de la sociedad, que se ve involucrada en el esfuerzo, y unas políticas públicas que deben impulsar, facilitar y verificar la realización de dicho proceso, sobre todo en el ámbito local.
Desde las instituciones debemos mantener –y reforzar, si cabe– la información e interlocución permanente con nuestros vecinos y vecinas, para canalizar de manera eficiente la solidaridad y oferta de ayuda a través fundamentalmente de la cooperación y contribución con la actividad de las entidades sociales.